Por Luis Martínez
La RAE define al algoritmo como el conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema, y ¿qué pasa cuando el problema son las y los periodistas que de alguna forma generan incomodidad en quienes ejercen el poder y en sus seguidores?
No, este artículo no hablará de plataformas ni de los recursos digitales ni de datos con los que cuenta internet para condicionar el comportamiento de los usuarios y consolidar la hegemonía de un pensamiento mercantilizado. No hoy. Se trata de las mañas del poder, otra vez.
La relación prensa-poder en México está marcada desde sus inicios, por excesos y las peores prácticas que van mucho más allá de un contrato comercial entre las instituciones de gobierno y los medios de comunicación, documentándose incontables casos donde dueños de medios y comunicadores han gozado de numerosos privilegios y canonjías -pagados con dinero público- a partir de una sólida y estrecha relación de complicidad con quienes ostentan los cargos.
Privilegios, canonjías y prácticas, que si bien desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia se exhibieron y redujeron, al menos en el gobierno federal, no han sido para nada erradicadas en el resto de órdenes de gobierno y espacios de poder.
López Obrador en las primeras semanas de gobierno reveló una lista de contratos millonarios con diversos comunicadores y dueños de medios de comunicación, que hizo un gran eco en los millones de seguidores y votantes, instituyendo desde entonces una narrativa que asumía que toda crítica a su gobierno por parte de estos comunicadores es consecuencia de dichos privilegios perdidos.
Entonces las famosas mañaneras se impulsaron como una alternativa institucional que enfrentaría la desinformación y sesgo por parte de los comunicadores y medios señalados. Dicho espacio de comunicación no sólo cumplió una función informativa sobre el ejercicio de gobierno sino se convirtió en una especie de púlpito desde donde se fortalece la moral, pensamiento y cultura de lo que se identifica con la 4T y el obradorismo.
De esta forma se fortaleció la narrativa mencionada que asume que la prensa busca descalificar los logros de la 4T, luego de los privilegios perdidos. Sin embargo, esta narrativa, extendida entre todas las personas que simpatizan con el proyecto de López Obrador, comenzó a generalizar y descalificar sin criterio alguno todo trabajo periodístico que se interpreta como crítico del ejercicio gubernamental o que no es propagandístico del mismo.
Lo más grave es que dicha narrativa intensificó las dinámicas de odio y estigmatización sobre todas las personas que ejercen el periodismo por igual y se constituyó en un gran recurso para otros actores políticos que amparados en la 4T la utilizan como garrote ante la prensa crítica.
Tropicalizada por gobernadores, alcaldías, legisladores y dirigentes estatales de la 4T, cuya reputación, mañas, pasado o mal desempeño los ha colocado en varias ocasiones en el ojo del huracán, han utilizado esta narrativa para justificar toda clase de ataques a periodistas que van desde el desprestigio hasta la persecución jurídica, institucional y digital y en casos más graves las amenazas, la violencia psicológica y física.
El algoritmo se repite y perfecciona constantemente:
1. Un medio de comunicación publica un reportaje que resulta incómodo para el gobernante en turno al exhibir deficiencias de su gestión.
2. El reportaje es descalificado en redes sociales por legiones de usuarios anónimos o cuentas de inducción.
3. El autor o autora es igualado con Carlos Loret, Joaquín López Dóriga o cualquier ícono reconocido verdaderamente por sus malas prácticas y privilegios.
4. Dicha comparación y descalificaciones son replicadas entre simpatizantes y militantes reales de la 4T induciendo en ellos al repudio del autor o autores de la nota calificándola también como una mentira, que al atentar contra la dependencia o figura cuestionada, atenta contra la 4T y la lucha genuina de las causas obradoristas.
5. El cuestionamiento central del reportaje es llevado a la arena pública del gobernador o figura local correspondiente por parte de medios aliados de este, suavizado o acomodado de forma favorable.
6. El gobernante replica el reportaje o cuestionamiento en lo que generalmente es un símil de las mañaneras o rueda de prensa a modo, acusando a sus autores y al medio de ser parte de los enemigos de la transformación, y le vincula públicamente con sus adversarios.
7. Se inicia una dinámica de descalificación, desprestigio y cuestionamiento personal sobre el autor o autores del reportaje incómodo y contra el medio que lo publica.
8. Desde las instituciones del gobierno se persigue jurídica, fiscal y políticamente al autor y su medio, con el silencio de los medios cercanos al poder, la indiferencia o neutralidad de los medios temerosos del poder y el total respaldo de simpatizantes y allegados quienes no tiene muy clara la diferencia entre regulación y persecución.
9. Desde las oficinas de comunicación institucional se niega todo.
10. Se repite la operación ad infinitum
Estos gobernantes infames aprovecharon una inercia para hacerse del poder y perpetuar las mismas prácticas, sabedores de que la polarización logró desactivar la reflexión, el análisis y sobre todo nos impide distinguir entre ejercicios honestos de observación del poder y posverdades con fines electorales.
¿Le suena?
Hasta la próxima.
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