Mediante una estrategia legal, el gobernador Miguel Barbosa busca obtener la fortuna de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, advierte Proceso
E-CONSULTA / PROCESO
La intervención del gobierno de Puebla en el pleito legal que protagonizan los herederos del millonario William O. Jenkins sigue una estrategia elaborada por la firma de abogados del panista Roberto Gil Zuarth, mediante la cual el gobernador Miguel Barbosa busca obtener la fortuna de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, incluyendo la Universidad de las Américas Puebla.
Mathieu Tourliere
La embestida legal y policiaca que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, lanzó contra el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que controla la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la fundación del mismo nombre, sigue el guion que el gobierno estatal morenista recibió del despacho del panista Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa.
El objetivo de la operación, plasmado en un documento en poder de Proceso, es nítido: el despacho Accuracy Legal Consulting, se, prometió al equipo de Barbosa que, una vez lograda la «remoción de los actuales patronos» de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), «el estado de Puebla podrá recuperar más de 720 millones de dólares». Este monto representa el valor del patrimonio de la fundación, que incluye 18 inmuebles, acciones de tres empresas -entre ellas, la UDLAP-, un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario y automóviles, y se encuentra en el centro de una intensa batalla legal entre los herederos del magnate William O. Jenkins, quien creó la fundación en 1954. El documento es una presentación de 35 cuartillas que el despacho de Gil Zuarth entregó al gobierno de Puebla; en ella se detalla «la serie de procedimientos y actos administrativos requeridos para llevar a cabo la remoción de los miembros del Patronato de la FMSJ» y lograr la «investigación y recuperación internacional de activos».
El despacho que Gil Zuarth fundó en febrero de 2018 -mientras concluía su mandato como senador del PAN- alentó al gobierno poblano a apoyar a Guillermo Jenkins de Landa en el pleito legal que inició en 2016 contra su madre y hermanos -miembros del patronato-, a quienes acusaba de desviar el patrimonio de la fundación. También lo instó a lanzar las instituciones del Estado contra ellos mediante un «juicio de lesividad». Precisamente fue lo que Barbosa hizo: su gobierno acusó a los integrantes del patronato de saquear 720 millones de dólares de la fundación; los destituyó en abril de 2021 y designó otro patronato, y en junio último lanzó a la Policía Estatal para tomar las instalaciones de la UDLAP -también sede de la FMSJ-, que desde 2017 estaba embargada por el Sistema de Administración Tributaria por un crédito fiscal de 650 millones de pesos. En agosto pasado la FMSJ denunció que Gil Zuarth diseñó la estrategia de «persecución política» contra el patronato para «apropiarse» de la UDLAP. El documento en poder de Proceso confirma esta participación del panista en un pleito que ya desbordó el ámbito privado y las fronteras estatales.
En mayo del mismo año la periodista Gabriela Hemández también reportó en Proceso los vínculos entre Gil Zuarth y Barbosa en el campo energético: el gobierno del estado contrató al panista -quienes «asesor» del gobernador en materia energética- para diseñar y presentar un «Modelo de Federalismo Energético Sustentable para Puebla».
Accuracy es el mismo despacho mediante el cual Gil Zuarth lleva la defensa jurídica del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su excompañero del PAN en el Senado, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada con base en una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.
El despacho también presentó un amparo en nombre del gobierno de Tamaulipas contra algunas medidas de la reforma energética promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gil Zuarth y sus socios Carlos Lezama Fernández del Campo, Roberto Juárez Salinas, Gonzalo José Bolio Benítez y el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury -actualmente encarcelado- son abogados del gobernador tamaulipeco en un caso personal. El despacho recibió por lo menos 14 millones de pesos del erario estatal, vía contratos adjudicados de manera directa, por «asesoría legal», según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera {UIF). Manuel Gerardo MacFarland González, otro socio del despacho, fue delegado del Poder Legislativo de Tamaulipas; mientras que el director de Comunicación Social de García Cabeza de Vaca, Julio Eder Silva Hernández, fue abogado constitucional en Accuracy Legal & Consulting entre 2018 y 2019.
La asesoría legal a gobiernos estatales ha sido un buen negocio para el grupo de panistas: Accuracy Legal & Consulting reportó ingresos por mil pesos en 2018, 2019 y 2020 -de los cuales reportó deducciones por 137 millones 749 mil pesos-. En sus declaraciones fiscales de 2021, Gil Zuarth reportó ingresos por 39 millones 660 mil pesos de su despacho.
El papel de Gertz
La estrategia que Gil Zuarth ofreció aBarbosa comenzó años antes, durante la gestión del panista Rafael Moreno Valle en Puebla, con la aprobación de una ley que reformó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, institución utilizada en la embestida del gobierno poblano contra el patronato de la FMSJ. Gil Zuarth coincidió con Moreno Valle y con Barbosa en el Senado: el segundo estuvo en el recinto legislativo unos meses después de su precampaña para la candidatura presidencial por el PAN -hasta su muerte en un accidente de helicóptero el 24 de diciembre de 2018-, y el tercero fue senador entre 2012 y 2018, primero bajo la bandera del PRO y a partir de 2017 por Morena.
El primero fue presidente de la Mesa Directiva del Senado después de Barbosa, y aunque tuvieron sus diferencias puntuales -Gil Zuarth defendió ante el tribunal electoral el triunfo de Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle en los comicios de 2018-, ambos tienen otro punto en común: aparecen en la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin ante la FGR, en agosto de 2020, en búsqueda de un criterio de oportunidad.
El exdirector de Pemex acusó al exsenador perredista de vender su voto en favor de la reforma energética, por 100 mil dólares y el otorgamiento de un cargo para su hermano; y al segundo, por cabildear en favor de la empresa Tradeco y por pertenecer al grupo de senadores panistas que recibieron sobornos a cambio de aprobar la reforma. El gobernador ha negado esas acusaciones.
La codicia por la colosal fortuna de la Fundación Jenkins y la UDLAP ha traspasado el ámbito estatal, con la participación directa del fiscal Alejandro Gertz Manero y de su colaborador Juan Ramos López -subprocurador especializado en investigación de delitos federales-, quienes en junio de 2020 reabrieron una carpeta de investigación contra los integrantes del Patronato de la UDLAP, que la anterior FGR había archivado por no ejercicio de la acción penal en el pleito legal de los Jenkins.
Esta maniobra constituyó un evidente conflicto de interés: el propio Gertz y su subordinado Ramos tuvieron un conflicto legal con la UDLAP, como rector y apoderado legal, respectivamente, de la Universidad de las Américas, homónima de la UDLAP.
Como apoderado de la universidad, Ramos demandó a la UDLAP por el nombre de la institución, como lo reveló el periodista Juan Ornar Fierro en este semanario (Proceso 2332), pero el caso no procedió, dado que la UDLAP fue creada antes de la universidad propiedad de la familia Gertz.
Con la reapertura de la carpeta de investigación, la FGR reconoció el carácter de víctima de Guillermo Jenkins de Landa, y revivió la demanda por fraude y desvía de recursos que éste presentó contra su madre y hermanos en 2016, cuando los acusó de operar la «donación simulada» de los 720 millones de dólares de la FMSJ, para quedarse con la fortuna de William O. Jenkins. Dos años antes lo habían removido del patronato.
Entre «defraudación» y «despojo»
A partir de 2009 los herederos de los Jenkins empezaron a sacar el enorme patrimonio de la FMSJ de Puebla: primero mandaron una parte a una entidad que crearon en Aguascalientes, llamada Fundación Bienestar de Filantropía, que cinco años más tarde trasladaron a Guadalajara: de ahí la enviaron al paraíso fiscal de Barbados y en 2015 la pasaron a Panamá, bajo el nombre de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.
Guillermo Jenkins de Landa ha sostenido que, a través de estas operaciones, sus familiares perpetraron «la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país», producto de «la ambición desmedida» de su hermano Roberto Jenkins de Landa.
La FMSJ, por su parte, ha denunciado de manera reiterada que el gobierno de Puebla busca «expropiar» su patrimonio; mientras Elodia Sofia de Landa de Jenkins, nuera de Willam Jenkins -es viuda de Guillermo Jenkins Anstead, hijo mayor del magnate- y presidenta del patronato de la fundación, aseguró en marzo pasado que el patrimonio de la fundación se encuentra en «lugares seguros».
En una carta abierta, la mujer despotricó contra su hijo mayor, Guillermo, al que tachó de «ser despreciable», pues «su ambición Jo ha llevado a tratar de ensuciar, con sus mentiras, la memoria del que, en desgracia, fue su padre, y dado su comportamiento me ha orillado a hacer pública estas acusaciones». En agosto último el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF, que analizara el tema de la fundación.
Éste entregó al mandatario un estudio que, además de señalar el conflicto de interés de Gertz -su rival en el gobierno-, daba la razón a los herederos de William O. Jenkins contra su hermano. Ante la complejidad y la sensibilidad de este tema que involucra a un gobierno morenista y exhibe -una vez más- las maniobras de altos funcionarios de la FGR en un tema personal de Gertz, el 6 de octubre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz del ministro Juan Luis González Alcántara, atrajo el caso, a petición de los Jenkins de Landa.
Fuente: https://www.e-consulta.com/nota/2022-01-29/universidades/destapa-proceso-trama-de-barbosa-para-obtener-fortuna-de-los-jenkins