Por Humberto Aguilar Coronado
El martes de la semana pasada escribí mi columna advirtiendo que seguía el acoso, desde la presidencia de la república, a los organismos constitucionales autónomos, en esa terca idea de que el presidente no tenga contrapesos para poder ejercer el poder a su modo.
No paso mucho tiempo para que se desatara una feroz embestida en contra del Instituto Nacional Electoral por asumir con responsabilidad y seriedad el ejercicio de sus funciones.
El viernes en sesión extraordinaria del Consejo General de INE, se decidió por mayoría, posponer algunas etapas de la organización del proceso de revocación de mandato que le corresponde al propio instituto, por la falta de recursos suficientes para poderlo llevar a cabo con apego a los principios rectores constitucionales que obligan a su ejercicio.
El acuerdo del Consejo General, por lo menos tiene que ser considerado como un acto de responsabilidad, dignidad política y de respeto a las instituciones diseñadas y contenidas en la Constitución General de la República.
La propuesta se basa en un criterio elemental. El INE no está dispuesto a incumplir sus responsabilidades jurídicas, organizando un proceso de consulta pública que no cumpla con las exigencias que determinan la Constitución y la ley por la falta de recursos económicos.
Con rigor técnico, el Instituto ha sostenido que es imposible desahogar, con respeto a los principios que rigen la materia electoral y con apego a las normas establecidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato, un ejercicio de ese tipo con los recursos que fueron determinados para ese propósito, por los diputados de morena al aprobar el PEF para el Ejercicio Fiscal 2022.
El Consejo General del Instituto propone que se determine, que en tanto no se resuelva por las instancias competentes el diferendo presupuestal, no es posible continuar desarrollando las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República.
Pues este acuerdo, es para los seguidores del presidente, motivo suficiente para inconformarse, alzar la voz e incluso, amenazar a los consejeros y consejeras que votaron a favor con instaurarles juicio político.
Es increíble que en este país los partidos de oposición PAN-PRI-PRD y MC, no estemos exigiendo ni promoviendo la revocación de mandato para que se vaya el presidente, pero en la lógica del absurdo, la lógica de la sin razón, es el partido gobernante y sus partidos aliados los que están en esta promoción y exigencia desbocada.
Ahora el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Sala Superior del Poder Judicial Federal tendrán en sus manos la solución definitiva de este tema.
Que bueno que así se resuelva el diferendo y no con bravuconadas que a nada nos conducen.
*Es Diputado Federal por el Distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula