Los legisladores del partido del Gobierno acusan a los consejeros del órgano electoral de abuso de autoridad
SONIA CORONA / EL PAÍS
El aplazamiento de la consulta sobre la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador ha desatado una guerra política de consecuencias incalculables. El Instituto Nacional Electoral (INE) y seis de sus once consejeros, que votaron a favor de la medida la noche del viernes, son el objetivo de las acusaciones de Morena, el partido del Gobierno. Legisladores y dirigentes de la formación política del presidente han asegurado que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral y que están dispuestos a acudir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el asunto. También han asegurado que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como procesos de juicio político contra algunos de los consejeros electorales.
Los consejeros del INE decidieron aplazar la consulta argumentando que no hay un presupuesto suficiente para organizar la consulta el próximo 10 de abril. El INE tendría que instalar 161.000 casillas en todo el país para que 91,4 millones de mexicanos decidan si quieren que López Obrador siga siendo el presidente de México hasta 2024. El Instituto argumenta que la bolsa de 1.503 millones de pesos disponibles para este ejercicio son insuficientes. Morena ha buscado en las motivaciones políticas de los consejeros para señalarles de ir contra la democracia y en favor de las fuerzas políticas conservadoras.
El presidente de Morena, Mario Delgado, ha recordado que el máximo tribunal rechazó esta semana la petición del INE de suspender la consulta por falta de presupuesto. La Suprema Corte le ordenó al INE ajustar su presupuesto, sin embargo, los consejeros siguieron adelante con la votación sobre su aplazamiento. “Confiamos en que la Suprema Corte rectifique este golpe a la democracia participativa que los conservadores han orquestado a través de sus empleados en el INE. Somos millones los que queremos que el pueblo de México tenga todo el poder de elegir y de quitar al presidente”, ha escrito Delgado en sus redes sociales.
La Cámara de Diputados decidió el pasado noviembre recortar el 26% del presupuesto de la institución electoral con el argumento de la austeridad, y asegurando que el gasto en vacunas durante 2021 había dejado poco margen para la ampliación de los presupuestos. El INE protestó alegando que para celebrar la consulta necesitaba 3.800 millones de pesos, por lo que el recorte ordenado por los legisladores les dejaba con un déficit de 2.300 millones de pesos. Pese a los señalamientos del INE, la Cámara de Diputados se negó a hacer algún ajuste.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, ha anunciado que presentará recursos de queja ante el Supremo y que, además, denunciará a los consejeros ante la FGR por “abuso de autoridad y coalición de servidores públicos”. El portavoz de Morena en el Senado, César Cravioto, ha propuesto comenzar un juicio político contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama por supuestamente impulsar medidas antidemocráticas. “Es una actitud irresponsable de quienes tienen la obligación de realizar este proceso, están dinamitando, entorpeciendo la democracia participativa del país”, ha acusado.
La jefa de Gobierno de Ciudad de México —y aspirante a la presidencia— Claudia Sheinbaum también entró al debate pidiendo al INE que eche atrás su decisión. “Algunos consejeros del INE suspenden la revocación mandato con el pretexto de que no hay recursos. Respetuosamente los invito a privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la Constitución. Bastaría con implementar una política de austeridad republicana”, escribió en sus redes sociales. Por su parte el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, ha respaldado la decisión del órgano electoral: “Deben admitir que nadie está obligado a lo imposible, sobre todo porque fueron los diputados morenistas quienes le quitaron al INE el dinero para la supuesta revocación del mandato”, ha señalado en un comunicado.
El drama de la consulta sobre la revocación de mandato tendrá su siguiente episodio en el Tribunal Electoral. Mientras tanto, en las calles del país los seguidores del presidente todavía se encuentran recolectando las 2,7 millones de firmas necesarias —3% del listado nominal de votación— para convocar a la consulta. Tienen como fecha límite el 25 de diciembre. El consejero electoral Ciro Murayama se ha manifestado abiertamente en contra de la consulta. Hace dos semanas, publicó en EL PAÍS su opinión argumentando el uso populista de esta herramienta. “Lo que se diseñó como un instrumento para quienes disienten del Gobierno, se quiere emplear como una herramienta de afirmación desde el poder mismo”, escribió. Murayama ha señalado que los niveles de aprobación de López Obrador, superiores al 60%, descartan la necesidad de emprender un ejercicio para revocar su mandato.
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