El presidente intenta tomar el poder en nombre de la «seguridad nacional».
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MARÍA ANASTASIA O’GRADY / THE WALL STREET JOURNAL
Cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se pronunció por encima de la constitución la semana pasada, para algunos fue como el comienzo del fin de la democracia mexicana.
Su audaz decreto, publicado en el registro federal el 22 de noviembre, probablemente sea derogado por la Corte Suprema de México. Esto sugiere que es un acto de desesperación más que un signo de fuerza. Pero puede haber otra razón para hacer una afirmación extravagante que incluso el presidente espera que no se mantenga.
A principios de este mes, los discípulos más ardientes de López Obrador ya lamentaban los obstáculos a su intento de apoderarse del mercado de la electricidad y les decían a sus compañeros que tenían que estar preparados.para ir a la calle. Una decisión del tribunal superior contra el decreto de la semana pasada será útil para inflamar aún más su base.
El decreto designa el desarrollo de gran parte de la economía mexicana como perteneciente a la «seguridad nacional». Piense en los aranceles al acero de Donald Trump , justificados por los mismos motivos, sobre los esteroides.
Según el decreto, las obras públicas “asociadas a la infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulica, agua, medio ambiente, turismo, salud, ferrocarriles. . . puertos [y] aeropuertos ”son cuestiones de seguridad nacional. También lo son los proyectos de infraestructura que, por su “propósito, características, naturaleza, complejidad y magnitud, son considerados prioritarios y / o estratégicos para el desarrollo nacional”. Es decir que lo que se incluye es lo que el presidente decide que se inclu
Según la ley mexicana actual, una vez que un proyecto se considera necesario para la seguridad nacional, los contratos sin licitación están permitidos y los términos de esos contratos pueden mantenerse en secreto. Desde que asumió el cargo, López Obrador, AMLO, como se le conoce al presidente, ha estado acercando al ejército al otorgarle contratos para construir proyectos favoritos y expandir sus oportunidades de generar dinero.
El periodista mexicano de centro izquierda Jorge Zepeda Patterson informóa principios de este mes que una nueva empresa militar “administrará y recibirá los ingresos que brindan el Tren Maya, el proyecto del Corredor Interoceánico, el Puerto de Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, y los aeropuertos que se construirán en Chetumal, Tulum y Palenque ”. Con el pretexto de la seguridad nacional, el nuevo decreto amplía el alcance de contratos militares similares.
Para que sus proyectos funcionen sin problemas, el dictado de López Obrador deja de lado las revisiones de agencias independientes que normalmente garantizarían la viabilidad del proyecto, la protección ambiental y la transparencia. “Se instruye a los organismos y entidades de la Administración Pública Federal para que otorguen la autorización provisional” cuando se solicite ”y / o otorguen las resoluciones, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras. . . y así garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados ”.
Las autorizaciones que no se otorguen dentro de los cinco días se «considerarán resueltas en un sentido positivo». Traducción: Lo que sea que AMLO quiera, AMLO lo consigue.
El presidente dice que simplemente busca acelerar la burocracia y eliminar los mandatos judiciales que se interponen en el camino de su visión de México, como la construcción del tren maya. Piense en ello como una desregulación solo para proyectos gubernamentales, que no es desregulación en absoluto.
López Obrador ha apostado su presidencia por lo que él llama la “cuarta transformación” del país. Visualiza un México que se parece más a lo que era en la década de 1970, cuando el ejecutivo gobernaba una dictadura blanda. México necesita esto, razona AMLO, porque solo un líder moralmente superior como él puede lograr la verdadera justicia. Sin embargo, incluso si este presidente es tan puro como afirma, la historia no está de su lado.
En encuestas internacionales, México ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los países más corruptos del mundo. La práctica de entregar una mordida —literalmente un “bocado” – para hacer las cosas floreció bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que duró 71 años consecutivos.
Los liberales clásicos han intentado superar este problema creando instituciones. Sus esfuerzos solo han tenido un éxito parcial, como lo demuestran las graves acusaciones de corrupción durante la presidencia del presidente Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018. Sin embargo, utilizar la imperfección de los controles institucionales como excusa para demolerlos es una apropiación cínica del poder.
El verdadero problema de López Obrador es que, aunque sigue siendo popular, el país también está plagado de intereses que no siempre comparten sus puntos de vista, desde las comunidades mayas que se oponen a su tren por sus tierras hasta los inversores en energía con contratos firmados. En una democracia liberal, incluso los intereses minoritarios conservan sus derechos de propiedad y contratos y acceso a los tribunales.
En otras palabras, AMLO corre de cabeza hacia el pluralismo, donde los límites al poder ejecutivo, legalmente impuestos por el Congreso y los tribunales, amenazan con ralentizar su agenda en la segunda mitad de su mandato. Si sus seguidores responden con confrontación física, o lo que ellos llaman “democracia participativa”, es mejor que los mexicanos se abrochen el cinturón.
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Fuente: https://www.wsj.com/articles/lopez-obrador-courts-the-mexican-military-amlo-national-security-powers-tariffs-trump-11638121942?mod=opinion_lead_pos9