
Por Luis Soriano Peregrina / Voz Ciudadana
La existencia de una institución creada para proteger a periodistas y personas defensoras es necesaria, pero no basta para demostrar que el Estado cumple su obligación. La protección se comprueba cuando llega a tiempo, responde al riesgo real y permite que la persona continúe con su labor sin quedar sola frente a las amenazas.
Una investigación publicada el 12 de noviembre de 2026 por Prensa Asociada, agencia internacional de noticias conocida por sus siglas en inglés AP, expuso el caso de Alberto Amaro, periodista de Tlaxcala. Según su testimonio, después de que dispararon contra su vivienda solicitó medidas urgentes al mecanismo federal y esperó más de 48 horas sin recibir respuesta. Acudió ante un juez, quien ordenó medidas de seguridad para su familia. La investigación también reportó que, desde 2019, Amaro ha enfrentado más de 30 episodios violentos o intimidatorios y que recurrió nuevamente a la justicia cuando intentaron retirar parte de su protección, aunque el riesgo persistía.
Hablamos de lo que documentó una investigación periodística y de lo que declaró el propio periodista. El reportaje no sustituye una investigación oficial ni una resolución judicial, pero sí plantea preguntas sobre cómo se reciben las solicitudes, cómo se evalúan los riesgos y qué sucede cuando la respuesta no llega a tiempo.
El libro de Ulisses Terto Neto aporta antecedentes para entender el desarrollo de estos mecanismos en la región. Publicado en 2018, su título puede traducirse como Protección de las personas defensoras de derechos humanos en América Latina: análisis jurídico y sociopolítico de Brasil. Su investigación principal se ocupa del programa brasileño y se apoya en trabajo de campo realizado en seis estados de Brasil. No es una investigación de campo sobre el mecanismo mexicano.
México aparece en el capítulo 2 como contexto y referencia comparativa. Terto Neto reconstruye antecedentes que van desde la organización de la sociedad civil a finales de los años ochenta y principios de los noventa, hasta el diagnóstico de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 2003. Ese diagnóstico recomendó que México diseñara e implementara un programa integral para proteger a las personas defensoras y reconociera la importancia de su labor. El libro también menciona el Programa Nacional de Derechos Humanos de 2004, el agravamiento de la situación de personas defensoras y periodistas entre 2005 y 2012, y la creación del mecanismo federal mexicano en 2012. Para esa parte de su exposición, el autor cita fuentes publicadas hasta alrededor de 2016. Por tanto, el libro ayuda a comprender los antecedentes de la política mexicana, pero no evalúa el funcionamiento actual del mecanismo.
La investigación empírica de Terto Neto sobre Brasil sí permite formular preguntas útiles para México, siempre que no confundamos los dos casos. En el programa brasileño encontró problemas como recursos insuficientes, dependencia de otros actores, ausencia de una ley específica y bajo compromiso de autoridades federales y estatales. Esos hallazgos corresponden a Brasil; no deben presentarse como conclusiones suyas sobre el mecanismo mexicano. Su aporte comparativo consiste en mostrar cómo la falta de recursos, coordinación y respaldo político puede abrir una brecha entre la existencia formal de un programa y su capacidad para proteger efectivamente.
Ese contraste resulta pertinente ante el caso de Amaro. La información oficial mexicana establece que, en el procedimiento extraordinario, las medidas urgentes deben emitirse en un máximo de tres horas e implementarse en no más de nueve. Frente al testimonio del periodista, las autoridades deben aclarar qué ocurrió y qué medidas adoptaron para evitar que una situación semejante se repita. La respuesta debe ser verificable y, al mismo tiempo, proteger los datos que podrían poner en riesgo a las personas beneficiarias.
Proteger no consiste únicamente en incorporar a alguien a un registro, asignarle escoltas o instalar cámaras. Las medidas deben funcionar en las condiciones concretas de la persona. Un botón de emergencia es insuficiente donde no hay señal; una patrulla que no llega con regularidad no brinda seguridad efectiva; y un resguardo que obliga a abandonar la comunidad puede reducir un peligro inmediato, pero también separar a la persona de su familia, sus fuentes y su labor.
La protección tampoco puede sustituir la investigación de las agresiones. Si las amenazas no se investigan, quienes las cometen pueden permanecer impunes y el riesgo continúa. Tampoco debe recaer en la persona amenazada la carga de coordinar instituciones, insistir en cada trámite y demostrar una y otra vez que el peligro persiste. Corresponde al Estado articular la respuesta, revisar las medidas y corregirlas cuando dejan de funcionar.
Por eso, el desempeño del mecanismo debe medirse con información sobre los tiempos de respuesta, las medidas implementadas, su continuidad y sus resultados. También debe evaluarse si las personas protegidas pueden seguir informando y defender derechos con seguridad. La propia estructura oficial contempla funciones de seguimiento, análisis de agresiones y evaluación de la eficacia de las medidas; el reto es que esas funciones se traduzcan en resultados comprobables.
Proteger a quienes informan también significa proteger el derecho de la sociedad a conocer asuntos de interés público. Cuando una periodista deja de investigar por miedo, una persona defensora abandona su comunidad o una familia debe desplazarse para sobrevivir, el daño alcanza a toda la sociedad: se reduce la información disponible y se debilita la posibilidad de exigir cuentas.
La pregunta no es solamente si existe un mecanismo, sino si previene nuevas agresiones, responde a tiempo, acompaña a las personas y les permite continuar con su labor. El libro de Terto Neto recuerda, desde el análisis de Brasil y con una revisión contextual de México que llega aproximadamente hasta 2016, que las normas y las instituciones son apenas el punto de partida. Su eficacia depende de recursos, coordinación y voluntad política. Los hechos reportados sobre Alberto Amaro obligan a revisar si esas condiciones están presentes en México y a corregir lo que no esté funcionando.
Fuentes
– Investigación de Prensa Asociada, publicada el 12 de noviembre de 2026: En México, periodistas enfrentan amenazas de agresores y del sistema creado para protegerlos.
– Ulisses Terto Neto, Protección de las personas defensoras de derechos humanos en América Latina: análisis jurídico y sociopolítico de Brasil —título traducido—, Palgrave Macmillan, 2018. El libro estudia principalmente el programa brasileño; el capítulo 2 aborda antecedentes de México.
– Secretaría de Gobernación, Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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