La fiscal estatal, Claudia Zulema, confirma la dimisión de Dámaso Castro Saavedra, que ya había pedido licencia en mayo
José Betanzos Zárate (Cuartoscuro)
Rodrigo Soriano / El País
El vicefiscal de Sinaloa con licencia Dámaso Castro Saavedra, uno de los 10 funcionarios sinaloenses acusados en abril por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, presentó su renuncia el pasado jueves, ha confirmado este miércoles la titular de la Fiscalía estatal, Claudia Zulema.
“Desde el momento en el que él solicitó su licencia [en mayo] del permiso de los seis meses, se nombró a una persona encargada de la vicefiscalía general [José Roberto Quiñónez]. Hasta este momento está encargado”, ha apuntado Zulema ante los medios. Sobre Castro Saavedra, de 54 años, recaen las mismas acusaciones en Estados Unidos que al exgobernador del Estado Rubén Rocha Moya: narcotráfico y posesión de armamento y explosivos.
Las acusaciones contra los funcionarios fueron difundidas en abril por parte del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). En ellas, también se señalaba que el ahora exvicefiscal también recibió alrededor de 11.000 dólares (unos 205.000 pesos) al mes por parte de Los Chapitos, la escisión del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. A cambio, apuntó la acusación, Castro Saavedra protegió a algunos de sus miembros de ser detenidos y les informó de operaciones policiales previstas y respaldadas por Estados Unidos.
Los señalamientos sobre Rocha Moya y los otros nueve funcionarios sinaloenses supusieron un parteaguas en la relación entre México y Estados Unidos. El Gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República criticaron desde un primer momento las acusaciones al no tener, de acuerdo con sus comunicados, “elementos de prueba” de su culpabilidad.
Al menos dos de esos funcionarios se han entregado a las autoridades estadounidenses en territorio de Estados Unidos. El exgobernador Rocha Moya, que pidió licencia para ser investigado poco después de que se difundieran las acusaciones, anunció en agosto su regreso al poder, una decisión que despertó un nuevo terremoto político. Un par de semanas después, renunció definitivamente, aunque defendiendo su inocencia.
La polémica salpicó directamente a los órganos públicos de Sinaloa, un Estado que desde julio del año pasado ha vivido una oleada incesante de violencia, marcada por la guerra interna del Cartel de Sinaloa. La entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, en una estrategia que también supuso su rendición ante Washington, fue un episodio clave para esa confrontación en el seno del grupo criminal. Los Mayos y Los Chapitos han sido desde entonces las facciones enfrentadas en territorio sinaloense. Culiacán, la capital, se ha convertido en el principal escenario de esa guerra.
Fuente: El País