Morena prometió acabar con los privilegios; hoy debe explicar qué pasa en el INE
Por Rafael Micalco Méndez
Diputado PAN Puebla
Hay renuncias que se presentan como decisiones personales, pero que, por el momento en que ocurren y por los señalamientos que las rodean, terminan convirtiéndose en un asunto de interés para todos. Ejemplo de ello, es la de Guadalupe Taddei Zavala, Concejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). En vísperas de las elecciones de 2027, quien tenía la responsabilidad de garantizar la confianza en las reglas de nuestra democracia anunció su salida en medio de acusaciones por presuntos conflictos de interés y contrataciones millonarias que hoy exigen explicaciones.
Y entonces surgen algunos cuestionamientos: ¿qué está pasando con las instituciones de este país? ¿En qué momento quienes deben vigilar la legalidad terminan teniendo que explicar su propia actuación? ¿Y qué tan sólida puede ser la confianza en un árbitro electoral cuando su propia presidencia queda bajo sospecha?
Durante años, Morena construyó buena parte de su discurso político prometiendo acabar con los privilegios, combatir la corrupción y hacer de la honestidad una regla general del gobierno. Nos dijeron que serían diferentes, que nadie estaría por encima de la ley y que el dinero público se respetaría como nunca. La llamada cuarta transformación prometió terminar con los excesos del pasado, pero ahora que los señalamientos alcanzan a una de las figuras más importantes del sistema electoral, vale la pena preguntar: ¿la honestidad valiente también aplica para los cercanos al poder o solamente para los adversarios?
La austeridad no se demuestra únicamente con discursos desde un templete, sino con transparencia y rendición de cuentas. Especialmente cuando existen investigaciones que ponen bajo la lupa contratos, relaciones con proveedores y posibles conflictos de interés que requieren explicaciones claras y respuestas concretas. ¿Dónde quedó aquella frase de “no somos iguales”? ¿Será que la diferencia entre los gobiernos de antes y los de ahora consiste en que unos prometían combatir los privilegios y otros tienen que explicar por qué siguen apareciendo?
Los señalamientos contra Taddei no son menores, pues diversos reportes periodísticos han documentado presuntos vínculos personales entre la funcionaria y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías que han recibido contratos para suministrar materiales electorales. Además, la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE, incluidos indicios de presuntos conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Entre las cifras que han trascendido se encuentran contratos por 514 millones de pesos bajo revisión. Son recursos públicos, dinero que pertenece a todos los mexicanos, no a una funcionaria, a un partido ni a un grupo de empresarios. Por eso, antes de que alguien salga a descalificar las preguntas como un ataque político, conviene recordar algo elemental: investigar el uso del dinero público no es una persecución; es una obligación.
Y que quede claro, las acusaciones deben acreditarse y las responsabilidades determinarse conforme a la ley. No se trata de condenar anticipadamente a nadie, sino de exigir que las autoridades investiguen con independencia, transparencia y resultados, si todo se hizo correctamente, que lo demuestren, pero si hubo irregularidades, que se sancione a quienes corresponda, sin importar sus apellidos, sus amistades o sus vínculos políticos.
Lo verdaderamente preocupante es que estamos hablando del INE, una institución que no es una oficina cualquiera ni patrimonio de quienes temporalmente la dirigen. Es el organismo encargado de organizar elecciones, de garantizar que los votos se cuenten y de ofrecer certeza a millones de ciudadanos. Su independencia no es un lujo burocrático: es una garantía para el ciudadano que sale a votar y espera que su decisión sea respetada.
Por eso, la renuncia de Taddei no puede ser el punto final de esta historia. ¿Basta con dejar el cargo para que desaparezcan las dudas? ¿Los contratos se cancelan solos? ¿Las auditorías dejan de ser necesarias cuando quien encabezaba la institución presenta su renuncia? Por supuesto que no. Los expedientes no se resuelven con una despedida, las responsabilidades no desaparecen con un cambio de oficina y la confianza pública no se recupera con un comunicado.
La propia Taddei sostuvo en su mensaje que su decisión buscaba proteger al Instituto y que su salida no relevaba a nadie del deber de esclarecer los hechos que deban investigarse. Es una afirmación importante. Ahora corresponde que esa exigencia se convierta en acciones concretas, porque la credibilidad de una institución no se defiende ocultando los problemas, sino enfrentándolos.
Y en este punto también le toca responder a la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria respaldó la decisión de Taddei de separarse del cargo y señaló que deben investigarse los posibles abusos, privilegios e irregularidades. Si esa es la postura del Gobierno federal, entonces no debería haber espacio para las medias tintas.
Presidenta, usted ha insistido en que no puede haber sombras de corrupción, estoy de acuerdo. Pero, entonces, ¿habrá una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias, incluso si compromete a personas cercanas a quienes hoy gobiernan? ¿Se conocerán los resultados de las auditorías o tendremos que conformarnos con la promesa de que todo se revisará? ¿La exigencia de transparencia será pareja o dependerá de quién aparezca en los expedientes?
Porque cuando las acusaciones involucran a un adversario, Morena suele exigir explicaciones inmediatas, responsabilidades y castigos. Pero cuando las sospechas alcanzan a figuras que forman parte de su entorno político o institucional, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si el criterio será exactamente el mismo. Y es que la ley no puede tener una velocidad para los opositores y otra para los aliados.
Tampoco debemos perder de vista el momento en que ocurre esta renuncia. El proceso electoral 2026-2027 ya está en marcha y México se encamina a una nueva jornada en la que estarán en juego cargos de representación popular y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. No es cualquier coyuntura. Es precisamente cuando más necesitamos certeza, profesionalismo e independencia.
Y mientras el país se prepara para votar, el oficialismo tiene una responsabilidad adicional: demostrar que no pretende convertir las instituciones electorales en espacios subordinados a sus intereses. No basta con decir que la ley establece cómo nombrar a una nueva presidencia del INE, la legalidad del procedimiento es indispensable, pero también lo es garantizar que la persona que llegue tenga la capacidad, la autonomía y la credibilidad necesarias para organizar elecciones sin sospechas de favoritismo.
¿O acaso debemos creer que todo está resuelto porque existe un procedimiento para nombrar al relevo? ¿De verdad no hay motivos para preocuparse cuando la presidencia del árbitro electoral queda vacante a pocos meses de que avance la organización de las próximas elecciones? ¿Qué mensaje se manda a los ciudadanos cuando una institución que debería dar certeza termina envuelta en una controversia de esta magnitud?
Morena no puede seguir presumiendo que representa una transformación histórica y, al mismo tiempo, pedir que la ciudadanía cierre los ojos ante los señalamientos incómodos. Al final, los mexicanos no quieren discursos interminables sobre quién es más honesto, quieren saber dónde está su dinero, cómo se utiliza, quién toma las decisiones y qué sucede cuando alguien presuntamente abusa de su posición. Quieren instituciones que funcionen, con autoridades que rindan cuentas y una justicia que no distinga colores partidistas.
La democracia no le pertenece a Morena, a la presidenta, ni a quien ocupe temporalmente la presidencia del INE. Le pertenece a todo pueblo de México.
Porque renunciar no es rendir cuentas, investigar no es perseguir y exigir transparencia no es atacar a las instituciones. Al contrario: es la única manera de protegerlas.
La pregunta es clara: ¿la eventual salida de Guadalupe Taddei abrirá paso a una investigación seria, transparente y que llegue hasta las últimas consecuencias, o todo quedará en un simple cambio de nombres, sin esclarecer responsabilidades ni ofrecer a los mexicanos las respuestas que merecen?
+ OPINIÓN: Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor