Por Luis Soriano Peregrina / Voz Ciudadana
Defender los derechos humanos no debería convertirse en una actividad de alto riesgo. Sin embargo, en México, quienes acompañan a víctimas, buscan a sus familiares, protegen el territorio, denuncian abusos o exigen justicia pueden enfrentar amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos.
Cuando una persona defensora es atacada, la investigación no puede quedarse en la pregunta de qué ocurrió. También debe indagar si la agresión estuvo relacionada con su labor y si tuvo el propósito de intimidar, silenciar o frenar una causa colectiva. Ignorar esa conexión puede llevar a perder líneas decisivas y a tratar como un hecho aislado lo que quizá forma parte de un patrón de violencia.
En ese contexto, el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de Derechos Humanos representa un avance. Fue aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el 14 de agosto de 2026 y su extracto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre. La herramienta establece una ruta común para orientar a las fiscalías en la investigación de estos delitos.
Su importancia está en varios de sus criterios. Las autoridades deben analizar desde el inicio si existe relación entre los hechos y la labor de defensa; construir un plan de investigación; proteger a víctimas y familiares; y considerar tanto a quienes ejecutaron directamente la agresión como a quienes pudieron ordenarla o facilitarla, siempre con apego a las pruebas y al debido proceso.
El protocolo también reconoce que no hace falta contar con una acreditación oficial ni pertenecer a una organización registrada para ser una persona defensora. La actividad es lo que importa. Defender derechos puede hacerse desde una comunidad, un colectivo informal, una familia que busca a una persona desaparecida o el acompañamiento cotidiano a quienes sufren abusos.
Además, incorpora enfoques diferenciados para mujeres defensoras, personas indígenas y afromexicanas, personas LGBTIQ+, personas buscadoras, defensoras de personas migrantes y quienes protegen la tierra, el territorio y el medio ambiente. Esa mirada es indispensable: los riesgos no son iguales para todas las personas, y las respuestas institucionales deben reconocer las condiciones particulares de cada caso.
La urgencia de investigar con seriedad está respaldada por una realidad dolorosa. Cifras de ONU-DH retomadas por organizaciones civiles indican que, entre 2016 y 2025, al menos 184 personas defensoras fueron asesinadas en México en hechos posiblemente relacionados con su labor. La cifra exige atención y debe leerse con precisión: no afirma por sí misma que todos los casos estén judicialmente esclarecidos, sino que muestra la dimensión de los ataques que deben investigarse.
La sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa y familiares también señaló la necesidad de contar con un protocolo especializado. Su aprobación responde, por tanto, a una exigencia sostenida y a una deuda institucional con quienes han defendido derechos en condiciones de riesgo.
Pero aprobar un instrumento no equivale a resolver el problema. Su valor se medirá en las investigaciones concretas: si las fiscalías lo aplican desde el primer momento, si activan medidas de protección oportunas, si agotan las líneas vinculadas con la labor de defensa y si mantienen informadas a las víctimas y sus familias.
Para lograrlo se requiere capacitación permanente, personal especializado, recursos suficientes y coordinación entre autoridades federales y estatales. También hacen falta mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación que permitan conocer qué está funcionando, dónde persisten obstáculos y qué medidas correctivas deben adoptarse.
En Puebla, como en el resto del país, la responsabilidad ahora es convertir este compromiso en práctica institucional. La sociedad civil y las personas defensoras deben poder participar en el seguimiento y señalar cuando las instituciones no cumplan. Un protocolo sin aplicación, recursos ni rendición de cuentas corre el riesgo de quedarse en el papel.
Proteger a quienes defienden derechos es proteger el derecho de todas las personas a exigir justicia, cuidar su comunidad y vivir con dignidad. Nadie debería tener que elegir entre guardar silencio o arriesgar la vida.
Cuando una persona es atacada por defender derechos, la respuesta del Estado no puede ser la indiferencia. Debe haber investigación, protección, verdad, justicia y garantías de no repetición. Defender derechos humanos es una tarea colectiva; la dignidad de quienes defienden también merece protección.
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