Memoria, derechos humanos y procesos de paz
Por Luis Soriano Peregrina / Voz Ciudadana
Todos conocemos la frase: “2 de octubre no se olvida”. A casi seis décadas, vale preguntarnos qué significa realmente no olvidar.
Tlatelolco no comenzó aquella tarde. Detrás hubo un movimiento que durante meses planteó demandas al gobierno y rebasó lo estudiantil. Aún no hablábamos de derechos humanos con la naturalidad de hoy, pero sus exigencias nos resultan familiares: libertad de expresión y reunión, límites a la autoridad, legalidad y posibilidad de cuestionar al poder. En el fondo había también una exigencia que sigue siendo profundamente actual: que la autoridad escuchara antes de responder desde la fuerza.
El 2 de octubre miles estaban reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. La intervención del Estado terminó en una represión cuya dimensión tardó años en conocerse y cuyo número de víctimas sigue en discusión histórica. Es fácil quedarnos en cifras, pero los derechos humanos obligan a recordar lo esencial: detrás de cada número había una persona. Estudiantes, profesores, trabajadores, padres y madres, con historia, familia y proyectos.
De ahí surge la dignidad como concepto clave. Si cada persona importa por existir, el poder no puede ejercerse de cualquier forma. El Estado puede usar legítimamente la fuerza en ciertos casos, pero con límites: debe sujetarse a la ley, justificar sus decisiones y responder por las consecuencias de sus actos. La pregunta que deja Tlatelolco es qué pasa cuando la autoridad deja de escuchar y ve a quien protesta o piensa distinto como amenaza.
Desde ahí llegamos a la corrupción, tema aparentemente lejano. Solemos reducirla a dinero y sobornos, pero también obliga a revisar cómo se ejerce el poder y qué controles existen. No todo abuso de autoridad es jurídicamente corrupción; son fenómenos distintos y conviene no confundirlos. El punto común es que los derechos humanos y la lucha contra la corrupción exigen instituciones que rindan cuentas: saber quién decidió, por qué, con qué facultades y qué pasa cuando se vulneran derechos.
Cuando eso falla aparece la impunidad, que no es solo falta de sanción, sino también la ausencia de verdad, las investigaciones que no llegan hasta el final y las responsabilidades que, con los años, terminan diluyéndose. La corrupción del poder encuentra terreno fértil precisamente cuando desaparecen los controles y nadie tiene que explicar ni responder por sus decisiones.
Por eso importa la memoria, no para mantener heridas ni heredar resentimientos, sino para entender qué falló y evitar que se repita. La memoria, entendida así, no es nostalgia ni revancha. Es una herramienta de prevención.
Y aquí entran los procesos de paz. Paz no es ausencia de conflictos, porque ninguna sociedad está libre de ellos. Siempre habrá diferencias políticas, sociales y generacionales. El problema no es que existan, sino qué hacemos con ellas. Si la autoridad no escucha y descalificamos al distinto, el conflicto se acumula. Construir paz es abrir vías para procesar diferencias, dialogar, garantizar la manifestación y tener instituciones que escuchen y se corrijan. Una sociedad democrática no se distingue porque todos piensen igual, sino porque ha construido mecanismos para que sus diferencias no terminen convirtiéndose en violencia.
México no es el de 1968. Cambiaron instituciones, el marco constitucional y nuestra comprensión de los derechos humanos. En 2024, mediante el “Acuerdo por el que se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de ese año, el Estado mexicano reconoció políticamente esos hechos como constitutivos de un crimen de lesa humanidad y ofreció una disculpa pública a las víctimas, sus familiares y la sociedad mexicana.
Pero la memoria no es solo del gobierno; es de víctimas, familias, universidades, periodistas e investigadores, y de quienes nacimos después con derecho a conocer la historia. También pertenece a una sociedad que necesita comprender de dónde viene para decidir qué cosas no está dispuesta a repetir.
Decir “2 de octubre no se olvida” debe servir para prevenir en el presente: prevenir que el poder vuelva a ejercerse sin límites, que la ausencia de controles favorezca la impunidad y que diferencias que pudieron procesarse mediante el diálogo encuentren en la violencia su desenlace.
Pero hay otra forma de olvidar que me preocupa: la rapidez con la que nuestra memoria pública se acorta. A veces pareciera que, para denunciar los errores del presente, necesitamos borrar los del pasado; o que reconocer los abusos de ayer nos obliga a justificar los de hoy. Ninguna de las dos cosas tendría sentido.
No deberíamos olvidar lo que significó para México la llamada guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. Tampoco, quienes vivimos en Puebla, deberíamos borrar de nuestra memoria los episodios de abuso del poder, represión o restricciones a la protesta que fueron denunciados durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Luis Miguel Barbosa. Cada periodo tiene que analizarse por sus propios hechos y responsabilidades, sin equiparaciones automáticas. Recordar esos abusos no significa justificar los errores del presente, del mismo modo que señalar lo que ocurre hoy tampoco exige borrar o idealizar lo sucedido en el pasado.
La memoria pierde buena parte de su valor cuando escogemos qué recordar dependiendo de quién gobierna, de nuestra cercanía con el poder o de nuestras simpatías políticas. Los derechos humanos requieren exactamente lo contrario: conservar la capacidad de señalar una vulneración con independencia de quién la cometa.
Esto importa por lo que viene. Los riesgos no son solo pasado: guerras y normalización de la violencia contra civiles, expresiones del sionismo internacional que se traduzcan en políticas o acciones vulneradoras de derechos humanos, disputa por territorios y recursos, procesos de privatización o gestión del agua que puedan comprometer su acceso como derecho humano, cambio climático e inteligencia artificial sin controles. Y seguramente aparecerán otros desafíos que hoy ni siquiera alcanzamos a dimensionar.
Todos parecen problemas diferentes, pero existe una pregunta que los atraviesa: ¿dónde queda la persona cuando los intereses políticos, económicos, territoriales o tecnológicos adquieren más peso que su dignidad?
Necesitamos una memoria no selectiva, sin simpatías políticas, que reconozca el abuso venga de donde venga. Esa quizá sea una de las lecciones que Tlatelolco todavía puede ofrecernos después de casi seis décadas.
No estuvimos en Tlatelolco, pero decidimos qué hacer con su memoria. Podemos convertir el 2 de octubre en una fecha que repetimos cada año o permitir que nos siga interrogando sobre la manera en que ejercemos el poder, enfrentamos nuestras diferencias y prevenimos las violencias.
Recordar no es mirar atrás, es aprender para reconocer riesgos del presente y evitar violencias del futuro. Cuando la memoria nos permite hacer eso, deja de ser únicamente recuerdo: se convierte en prevención. Y prevenir también es defender los derechos humanos, proteger la dignidad y construir paz.
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