El régimen cubano ha aprobado un paquete de medidas urgentes que abren la puerta a la llegada de franquicias extranjeras de comida rápida a la isla.
Yésica Sánchez / Libertad Digital
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba ha aprobado este jueves un paquete de reformas para liberalizar y descentralizar la economía de la isla caribeña con el objetivo de superar la peor crisis económica de la historia del país. «Medidas de impacto estratégico», ha explicado el primer ministro de Cuba –Manuel Marrero Cruz–, que «no son rígidas» ni se conciben como una renuncia a la construcción del socialismo. Todo lo contrario, ha llegado a decir. «Son condición indispensable para su preservación».
Más allá de las justificaciones ideológicas que la dictadura comunista use para presentar estos cambios, que –aseguran sus líderes– nada tendrían que ver con las presiones recibidas por Estados Unidos desde que el pasado 3 de enero capturara al sátrapa Nicolás Maduro y le cerrara el grifo del petróleo procedente de Venezuela y otros países afines, lo cierto es que –lo ha señalado literalmente Marrero delante de los diputados de la Cámara– permitirán «crear cadenas de tiendas, de restaurantes, redes de gastronomía ligera –de marcas reconocidas u otras que se creen aquí– y que se extiendan por todo el país».
Y eso –ha detallado el primer ministro cubano– abarca desde una «mipyme» a «una inversión extranjera que quiera hacer una red de restaurantes, cafeterías, hamburgueserías o cualquier otro servicio». De hecho, Manuel Marrero no ha dudado en «invitar a franquicias ligeras de alimentos ligeros, que existen muchas en el mundo, a que puedan invertir en Cuba y expandir sus cadenas en el territorio nacional» con un tono de evidente entusiasmo.
Palabras que inmediatamente nos han hecho imaginar una isla reconstruida y repleta de coloridos locales de comida rápida. Pero no a la americana, sino al estilo Shanghái –ciudad que cuenta con más de 600 restaurantes Mc Donalds, de los más de 7.000 de la firma que hay en China–. Un modelo que impulsa la inversión pero controlada por el Estado. De momento, la dictadura sigue sin abordar medidas que impliquen una verdadera mejora en las libertades individuales de los cubanos o se dirijan a la celebración de unas elecciones democráticas.
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No hacerlo antes fue un error
El dictador Miguel Díaz-Canel, que anunció el pasado viernes la tramitación urgente de las medidas sin ofrecer demasiados detalles de las mismas, reconoció el pasado miércoles –durante el pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en el país) en el que el paquete pasó el primer filtro– que «no son ideas nuevas» sino que se plantearon años atrás y no se implementaron. Fue un «error», admitió.
«La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del PCC de Cuba y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis; sino, cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella», afirmó ante el Comité Central. «Cuba no necesita más dilaciones, necesita soluciones», insistió. «No se trata de crear más oficinas ni de multiplicar reuniones, sino de lograr resultados concretos».