Mil 390 permanecen en fosas comunes; colectivos señalan vacíos documentales previos a 2015
Isaí Pérez Guarneros / La Jornada de Oriente
Más de 2 mil cadáveres sin identificar permanecen bajo resguardo de las autoridades poblanas en servicios forenses y fosas comunes, reflejo de una crisis acumulada durante más de una década que sigue sin resolverse pese a los avances recientes en materia de identificación humana.
A la par, las limitaciones de infraestructura y capacidad operativa han derivado en que alrededor de 968 de esos cuerpos permanezcan concentrados en instalaciones forenses de la capital poblana, lo que representa cerca del 39 por ciento del total. Esto porque los demás recintos del interior del estado carecen de capacidad suficiente para el resguardo de restos humanos, lo que obliga a trasladarlos a la ciudad de Puebla.
La situación se refleja en regiones como la Mixteca poblana. Desde mayo de 2025, el Semefo de Izúcar de Matamoros permanece fuera de operación debido a trabajos de remodelación, por lo que los cuerpos provenientes de al menos 18 municipios que eran atendidos en esa región han tenido que ser enviados a la capital del estado, evidenciando los retos que se enfrentan en la entidad en la capacidad forense del estado.
Para dimensionar la concentración de capacidades forenses en la capital, el anfiteatro de la capital poblana reportó en 2024 una capacidad total de almacenamiento para 743 cuerpos o restos humanos, distribuidos entre cámaras de frío, osteoteca y equipos especializados. Tan solo las cámaras de refrigeración de la capital tienen capacidad para 143 cuerpos, mientras que la osteoteca puede albergar hasta 570 restos óseos, cifras que superan ampliamente las posibilidades de resguardo existentes en cualquier otra región del estado.
Ya que ninguna de las instalaciones regionales alcanza siquiera una décima parte de la capacidad de almacenamiento de la capital, los anfiteatros regionales reportan capacidades que oscilan entre tres y nueve espacios en cámaras de frío.
Huauchinango es el de mayor capacidad con nueve lugares; Izúcar de Matamoros contaba con ocho; Tecamachalco con seis; y municipios como Atlixco, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán, Zacapoaxtla o Chignahuapan disponen de apenas entre tres y cuatro espacios.
La suma de las capacidades de almacenamiento en cámaras de frío de las regiones reportadas por la FGE apenas alcanza 52 espacios, frente a los 143 disponibles únicamente en las cámaras de refrigeración del anfiteatro de Puebla capital.
Si además se considera la osteoteca con capacidad para 570 restos y otros equipos de almacenamiento especializados, la diferencia resulta aún más pronunciada y ayuda a explicar por qué una parte importante de los cuerpos sin identificar terminan siendo trasladados a la ciudad de Puebla para su resguardo.
Más allá de la capacidad de almacenamiento o del número de cuerpos pendientes de identificación, uno de los principales desafíos que enfrenta el estado se encuentra en la calidad de sus registros forenses.
Para dimensionar estos problemas, se analiza un diagnóstico elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla documentó inconsistencias entre distintas respuestas de transparencia emitidas por la propia Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales presentan variaciones en el número de personas no identificadas ingresadas al Servicio Médico Forense (Semefo). Así como la experiencia de integrantes de colectivos de búsqueda entrevistados por este medio.
Aunque en algunos casos las diferencias son de apenas uno o tres registros por año, las discrepancias evidencian problemas en la sistematización y homologación de la información, dificultando conocer con certeza el manejo, resguardo y destino final de los restos humanos que llegan a estas instalaciones.
Las inconsistencias detectadas no se limitan al conteo de cuerpos, sino a diferencias en reportes relacionados con carpetas de investigación, municipios de procedencia de los cadáveres y cuerpos enviados a fosas comunes, lo que apunta a deficiencias estructurales en la trazabilidad de la información forense.
Incluso, entre 2015 y 2017 la Fiscalía no registró el municipio de recuperación de numerosos cuerpos que ingresaron al Semefo, una omisión que hoy representa un obstáculo para reconstruir su recorrido institucional y avanzar en posibles procesos de identificación.
Aunque la legislación estatal establece que las autoridades deben contar con registros que permitan ubicar y localizar posteriormente los cuerpos inhumados, los datos con los que cuentan ayuntamientos y dependencias estatales no siempre coinciden y que, en muchos casos, carecen de homologación.
Este panorama adquiere una dimensión aún más compleja cuando se observan los casos de larga data. Integrantes de colectivos de búsqueda entrevistados por este medio, señalaron en entrevista que uno de los mayores rezagos se encuentra en los expedientes previos a 2015, pues en muchos casos no existen registros completos sobre el destino de los cuerpos no identificados que ingresaron a los servicios forenses durante esos años. Por lo que, la ausencia de documentación histórica confiable dificulta saber si los restos permanecen bajo resguardo institucional, fueron enviados a fosas comunes o incluso si existe algún registro que permita rastrear su ubicación actual.
Incluso han detectado que en fosas comunes en diferentes municipios reportaron en 2015 traslados de cuerpos a otros panteones forenses o instalaciones sin que quedara registro documental de las características del mismo ni datos que permitan su futura identificación, es decir, no solo se dificulta la documentación sino saber en qué fosa común fue sepultada la persona no identificada.
Para dimensionar el tamaño del problema, al menos mil 900 cuerpos sin identificar se encuentran repartidos en fosas comunes, pero la falta de una trazabilidad y un registro homogéneo dificulta localizar los cuerpos sin identificar en todo el estado.
Para las familias de personas desaparecidas, esta situación se traduce en una incertidumbre permanente, pues la ausencia de registros completos reduce las posibilidades de contrastar información genética, revisar expedientes históricos o reconstruir el recorrido que siguieron los restos humanos dentro de las instituciones encargadas de su resguardo.
A diferencia de otros aspectos de la crisis forense, la disponibilidad de recursos económicos para la operación de los servicios periciales y forenses en Puebla presenta una paradoja. Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que durante 2024 la entidad ejerció 160.2 millones de pesos en servicios periciales y servicio médico forense, no se cuenta con una partida presupuestal específica identificable para el Servicio Médico Forense (Semefo), lo que dificulta conocer cuánto dinero se destina realmente a las labores de resguardo, identificación y restitución de cuerpos.
La diferencia no es menor. Los datos del Inegi muestran que Puebla se encuentra entre las entidades con mayor infraestructura forense del país. Al cierre de 2024 reportó 19 anfiteatros, 19 salas necroquirúrgicas, 40 mesas anatómicas, 16 cámaras de frío, una osteoteca y una capacidad máxima para almacenar 324 cadáveres con tejidos blandos y 570 restos óseos o cadáveres sin tejidos blandos.
Pese a esta infraestructura, las capacidades continúan concentradas principalmente en la capital del estado, donde permanecen bajo resguardo cerca de mil cuerpos sin identificar debido a las limitaciones operativas de las representaciones regionales.
La situación también se refleja en el personal disponible. De acuerdo con el Inegi, Puebla contaba con 440 personas adscritas a servicios periciales y servicio médico forense durante 2024. De ellas, 336 eran peritos, 11 ocupaban cargos directivos y 93 realizaban funciones administrativas o de apoyo.
No obstante, estas cifras corresponden al conjunto de los servicios periciales y forenses, por lo que no permiten conocer cuántos trabajadores se encuentran asignados específicamente a labores médicas forenses o de identificación humana.
Precisamente uno de los hallazgos del diagnóstico de la Ibero es la dificultad para determinar con claridad el estado actual de los recursos humanos destinados al Semefo. Sin embargo, el Inegi no advierte el estado de esos recursos materiales y humanos, debido a la falta de información pública desagregada sobre la operación del organismo.
Solo para ejemplificar, el Semefo pasó de contar con tres peritos en antropología en 2021 a sólo uno durante el primer semestre de 2023. Estos especialistas son los encargados del análisis de restos óseos y participan en procesos de identificación de cuerpos en estados avanzados de descomposición, así como en la revisión de restos recuperados en exhumaciones o fosas comunes.
A esta situación se suman los señalamientos realizados por familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos de búsqueda que prefirieron el anonimato señalaron que en Puebla capital únicamente operan dos vehículos para el traslado de cuerpos al Semefo, situación que, según dicen provoca que en algunos casos las unidades tarden varias horas en acudir al levantamiento de cadáveres.
De acuerdo con su testimonio, las limitaciones operativas también repercuten en la entrega de cuerpos a las familias, pues aseguró que en las instalaciones de la capital únicamente laboran dos médicos forenses encargados de atender una alta carga de trabajo.
Dichas observaciones contrastan con la información proporcionada por la FGE a la Ibero Puebla sobre la estructura pericial del estado ya que documentó la existencia de personal especializado en medicina forense dentro del Instituto de Ciencias Forenses, aunque no logró establecer con exactitud cuántos médicos se encontraban activos al momento de la solicitud de información ni cómo estaban distribuidos entre las distintas regiones de la entidad.
Esta falta de información impide determinar si los recursos humanos disponibles son suficientes para atender la demanda actual derivada del incremento de ingresos de cuerpos al sistema forense.
La falta de claridad sobre la asignación de recursos adquiere especial relevancia al considerar la magnitud de la crisis. Mientras el Inegi reporta una infraestructura que ubica a Puebla entre las entidades con mayores capacidades instaladas del país, los diagnósticos de familiares continúan señalando retrasos en levantamientos, procesos de identificación y entrega de cuerpos. La diferencia entre la capacidad reportada y la experiencia cotidiana de quienes interactúan con el sistema forense abre interrogantes sobre la distribución real de los recursos, la suficiencia del personal especializado y la eficiencia con la que operan las distintas áreas encargadas de atender esta problemática.
La dimensión de la crisis forense en el estado no puede entenderse sin observar el universo de personas desaparecidas que alimenta la demanda de búsqueda e identificación humana. De acuerdo con las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), desde 2010 y hasta abril de 2026 se han iniciado registros por 18 mil 292 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en la entidad. De ese total, 2 mil 835 continúan desaparecidas o sin ser localizadas, mientras que 15 mil 456 han sido encontradas.
Aunque la mayoría de los casos han concluido con la localización de la persona reportada, las cifras también reflejan el costo humano de la violencia y la desaparición. De las 15 mil 456 personas localizadas, mil 79 fueron encontradas sin vida, lo que representa casi el 7 por ciento de los casos resueltos por la autoridad ministerial. En contraste, 14 mil 377 fueron halladas con vida, equivalente al 93 por ciento de las localizaciones registradas por la Fiscalía.
Los datos muestran además una marcada diferencia por sexo entre quienes continúan desaparecidos. Del total de personas que permanecen sin localizar, mil 936 son hombres y 899 mujeres, es decir, cerca de siete de cada diez corresponden a víctimas masculinas. La tendencia se mantiene entre las personas localizadas sin vida, donde los hombres representan el 85.5 por ciento de los casos documentados por la Fiscalía.
La distribución territorial también revela focos de concentración. El municipio de Puebla acumula por sí solo 9 mil 51 registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas desde 2010, muy por encima de cualquier otra demarcación del estado. Le siguen Tehuacán con 996 casos, Amozoc con 430, San Andrés Cholula con 429 y Huauchinango con 410, de acuerdo con los registros ministeriales.
En cuanto a las personas que permanecen desaparecidas o no localizadas, la capital también concentra la mayor cantidad de casos con 905 registros vigentes. Detrás aparecen Tehuacán con 996, Amozoc con 430, San Andrés Cholula con 429, Huauchinango con 410 y Cuautlancingo con 372, municipios que forman parte de los corredores urbanos y carreteros con mayor actividad económica y movilidad poblacional en la entidad.
Estas cifras ayudan a dimensionar la presión que enfrenta el sistema forense poblano. Cada persona desaparecida representa una posible búsqueda en hospitales, servicios médicos forenses, panteones forenses y fosas comunes.
Cabe destacar que el pasado mes de abril, la FGE señaló que la relación entre ambos fenómenos se vuelve más evidente al considerar que Puebla mantiene más de 2 mil cadáveres sin identificar en instalaciones forenses, panteones forenses y fosas comunes, mientras 2 mil 835 personas continúan desaparecidas o sin ser localizadas. Aunque ambas cifras no son equivalentes y corresponden a universos distintos, muestran la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades para dar certeza a miles de familias que continúan buscando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.