Tanto la gobernadora de Chihuahua como el mandatario de Sinaloa han anunciado que se presentarán ante la dependencia federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha apuntado que los requerimientos “no tienen nada de política”
Beatriz Guillén / El País
La Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado este sábado una cascada de citaciones. Las primeras han sido para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y para el exfiscal estatal, César Jáuregui, por el accidente en el que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la sierra Tarahumara hace un mes. Después, la dependencia federal ha informado que también ha citado para entrevistar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a las nueve personas acusadas junto a él por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La mandataria panista, que ha recogido el citatorio en el palacio de Gobierno de Chihuahua, ha anunciado que irá el 27 de mayo ante la dependencia federal. “Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, ha señalado. Por su parte, el mandatario sinaloense ha reaparecido en redes sociales para confirmar también que se presentará al “requerimiento con la frente en alto”. La presidenta Claudia Sheinbaum ha opinado que ambos citatorios “no tienen nada de político”.
Las consecuencias del brutal accidente en la sierra de Chihuahua siguen precipitándose. Este sábado, Maru Campos, ya de vuelta en su Estado, después de una gira de medios en Ciudad de México, bajaba las escaleras del palacio de Gobierno cuando se ha encontrado con los funcionarios que le trasladaban su citatorio ante la FGR: “Está dirigido a una servidora, aquí estoy, por supuesto, dando la cara y recibiéndolo, mira qué casualidad, pero qué feliz casualidad”.
Acompañada de su consejero jurídico y de otro integrante de su equipo, Campos ha dado las gracias a los empleados del Ministerio Público pero ha cargado contra la dependencia: “Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el Estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”. “Yo sé que ustedes están haciendo su trabajo, me queda claro”, ha añadido la gobernadora. “Tiene fuero constitucional”, ha recordado un asesor de su equipo: “A pesar de que tiene fuero constitucional hay un citatorio”.
La dependencia federal conduce una investigación para analizar si la presencia de agentes estadounidenses en un operativo violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Ya ha citado a comparecer a 50 agentes de la Fiscalía de Chihuahua. La citación a Campos y a Jáuregui es como testigos, “derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”.
Aprovechando la presencia de las cámaras, Campos, fingiendo sorpresa, ha lanzado un mensaje al Gobierno de Claudia Sheinbaum: “A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Ni a ningún otro gobernador de este país». El paradero de Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, no se conoce después de que se apartara temporalmente de su cargo debido a la acusación de Estados Unidos de sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.
La FGR ha indicado justo este sábado que Rocha Moya y el resto de funcionarios acusados por la Corte de Nueva York también “están siendo citados a rendir entrevista” con la “finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”. El gobernador junto con sus alfiles Enrique Inzunza, senador de Morena, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y otros siete cargos y excargos del Gobierno y la Fiscalía de Sinaloa están señalados por el Departamento de Justicia de EE UU de proteger a la facción de Los Chapitos contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales.
El expediente también sostiene que los acusados facilitaron a los criminales información sobre operativos a cambio de sobornos millonarios. Dos de los imputados, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, ya están en manos de la justicia estadounidense después de entregarse voluntariamente hace una semana.
De momento, Rocha Moya ha señalado que se presentará al citatorio “con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”: “Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer”. También los dos afiles del mandatario han confirmado que se van a presentar ante el Ministerio Público. El morenista Enrique Inzunza ha comunicado este sábado que no utilizará su “inmunidad procesal” como senador y que acudirá al citatorio de la FGR: “Seré abogado de mí mismo”, y el alcalde de Culiacán (ahora con licencia), Juan de Dios Gámez, ha afirmado que tiene “confianza” de que prevalezcan “la verdad y la justicia”.
El accidente de la sierra
Esta escena se enmarca en la narrativa que Maru Campos ha mantenido hasta el momento de que esta investigación es una persecución de Morena, el partido oficialista, en su contra. Especialmente con la vista puesta en las elecciones de 2027 a la gubernatura de Chihuahua.
La mandataria de Acción Nacional ha sostenido que no sabía ni mucho menos autorizó la presencia de agentes estadounidenses en la sierra del Estado en abril. Ante la pregunta de EL PAÍS de si creía que había violado la ley con el operativo en el que se desmanteló un enorme narcolaboratorio, Campos prefirió no dar una respuesta conceta: “Habría que ver las investigaciones. Lo que sí puedo decir, y espero que no me regañen aquí mis compañeros, es que un Estado como Chihuahua, con la frontera que tiene, necesita forzosamente la cooperación y la colaboración de Estados Unidos; obviamente en los canales institucionales”.
Hasta el momento ni el Gobierno estatal ni el federal han dado respuesta a las numerosas incógnitas que continúan sobre el operativo y el accidente en la localidad de Morelos. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, cambió de versión en varias ocasiones antes de que Maru Campos le pidiera la renuncia. El funcionario dijo en un primer momento que los agentes estadounidenses venían del desmantelamiento del narcolaboratorio, pero después indicó que no habían estado presentes, sino que habían dado un curso de manejo de drones a personal de la Agencia Estatal de Investigación y que luego habían pedido ser trasladados con ellos a la ciudad de Chihuahua.
Es en ese trayecto, en la madrugada, cuando uno de los coches del convoy derrapa y cae por un profundo barranco. Las cuatro personas que viajaban a bordo —dos agentes de la CIA, el director de la Agencia Estatal de Investigación y otro empleado de la dependencia— fallecieron en el accidente.
Fuente: El País