Iván Evair Saldaña / César Arellano / La Jornada
A más de tres meses de la desaparición en Mazatlán, Sinaloa, de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México que se encontraba de vacaciones en la entidad, el Gabinete de Seguridad federal informó este lunes que, como parte de las investigaciones para localizar a las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables, han sido detenidas 22 personas, nueve de ellas presuntamente involucradas de manera directa en los hechos.
Como parte de las acciones, también han sido ejecutados siete cateos y aseguradas 20 armas de fuego, más de 3 mil dosis de droga, vehículos, dinero en efectivo y equipo táctico.
Mediante un comunicado, el Gabinete detalló que la acción más reciente se realizó el 12 de mayo pasado en Mazatlán, donde fue detenido en un operativo Jesús Valentín “N», identificado como la persona que proporcionó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva.
A dicho sujeto, señaló la autoridad, se le aseguraron dosis de droga, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.
“Las investigaciones continúan para garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen como prioridad la localización de las víctimas y el esclarecimiento total de estos hechos”, señaló.
Las víctimas, vistas por últimas el 3 de febrero de este año, fueron identificadas como Omar Alexis Ramírez Sabino, Javier Ramírez Sabino, Gregorio Ramírez Sabino, y Óscar García Hernández.
El 10 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las víctimas habían rentado vehículos tipo razer durante su estancia en Sinaloa y posteriormente fueron interceptadas por un grupo criminal. Señaló que inicialmente seis personas fueron privadas de la libertad, aunque dos de ellas fueron liberadas horas después, mientras que las otras cuatro permanecían desaparecidas.
Añadió que las autoridades federales trabajaban en coordinación con el gobierno estatal para localizarlas y detener a los responsables.
Fuente: La Jornada