La alianza entre agencias de seguridad mexicanas, la CIA y la DEA permitió durante décadas el crecimiento de redes de corrupción que dieron origen a los cárteles.
Obed Rosas / SinEmbargo
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Desde la Segunda Guerra Mundial, las principales estructuras de protección institucional del narcotráfico en México estuvieron vinculadas a la CIA y la DEA, en coordinación con la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS). Con el paso de los años, esa red de complicidades se extendió a los remanentes de dicha corporación, así como a la Policía Judicial Federal, la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal, primero bajo los gobiernos del PRI y, posteriormente, durante las administraciones del PAN.
Fue durante el Gobierno de Miguel Alemán Valdés, el primer Presidente civil y llamado “cachorro de la Revolución”, cuando se creó la DFS, la policía política del régimen. Alemán encomendó su dirección a su amigo, el coronel Carlos I. Serrano, quien ya arrastraba acusaciones por desvío de recursos y recepción de sobornos. A ello se sumaron posteriormente señalamientos sobre el uso de las redes de la DFS para el tráfico de drogas.
“Aunque el objetivo central de la DFS era rastrear y recabar información sobre los izquierdistas para intimidarlos, también tenía otro interés: el narcotráfico. En ese ámbito, el que tomó las riendas fue Serrano”, escribe Benjamin T. Smith en La droga: la verdadera historia del narcotráfico en México (Debate). “Durante la campaña presidencial, aceptó sobornos de contrabandistas fronterizos encarcelados por traficar drogas. En los primeros meses del gobierno de Alemán, pagó la fianza de una proxeneta de la alta sociedad mexicana a quien arrestaron vendiendo cocaína, pues su círculo cercano sabía que Serrano utilizaba su burdel para recopilar información sobre rivales políticos y posteriormente chantajearlos”.
El origen de la DFS
La misma investigación señala que, a principios de 1947, Serrano abrió las puertas de la DFS a un grupo de expolicías corruptos, muchos de ellos provenientes del escuadrón antinarcóticos del Departamento de Salubridad. Varios habían sido expulsados precisamente por prácticas de corrupción.
“Tres de estos agentes sobresalieron: Marcelino Iñurreta de la Fuente, excobrador de la policía capitalina y entusiasta partidario de la campaña política de Alemán; el coronel Manuel Mayoral, expolicía de la Ciudad de México despedido por cargos relacionados con drogas y que en la DFS estuvo ‘a cargo de las ventas de marihuana en la ciudad’; y otro expolicía, además de tío del conductor del Cadillac en Laredo, Juan Ramón Gurrola. Esos tres agentes, que respondían directamente a Serrano, ocuparon los puestos más altos de la DFS. Y su misión era integrar a la organización en las redes de protección”.
Años después, bajo el mando de Miguel Nazar Haro (1977-1982), la DFS “desempeñó un papel crucial en la historia de la tolerancia y el apoyo del gobierno estadounidense al narcotráfico internacional”, apuntan Peter Dale Scott y Jonathan Marshall en Cocaine Politics: Drugs, Armies and the CIA in Central America:
“Las autoridades estadounidenses sabían desde principios de los años setenta que la DFS estaba involucrada en un grave tráfico de drogas y, aun así, continuaron defendiendo y protegiendo a la agencia. Este patrón vuelve a aparecer en el periodo de los Contras en Nicaragua y, de hecho, algunos narcotraficantes protegidos por la DFS e implicados en el esfuerzo de los Contras remontan sus raíces al mandato de Nazar en México”.
La investigación de Scott y Marshall recuerda, por ejemplo, cómo Nazar Haro brindó protección al narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón, quien afirmó haber participado en incursiones comando de la CIA contra Cuba y también fue señalado por uno de sus colaboradores cercanos como conducto para envíos de armas de la CIA hacia Centroamérica durante los años setenta.
“Sicilia también contaba con amplio respaldo de altos políticos, agentes de inteligencia y funcionarios de las fuerzas del orden en México. Uno de los más importantes era el jefe de la poderosa Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro. Después de que Sicilia fuera recapturado tras una fuga de prisión, Nazar intervino para protegerlo de la tortura y posiblemente evitar que revelara información comprometedora”, escriben los autores.
Scott y Marshall sostienen, además, que el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez mantuvo vínculos indirectos con Sicilia Falcón y redes relacionadas con el tráfico de heroína en Europa a través de familiares de su esposa. Durante ese sexenio (1970-1976) se puso en marcha la llamada “Operación Cóndor”, presentada oficialmente como una estrategia de “erradicación de cultivos de mariguana y amapola” mediante el uso masivo de herbicidas arrojados desde aviones sobre el llamado “Triángulo Dorado” de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Sin embargo, los autores documentan cómo el operativo fue aprovechado por narcotraficantes coludidos con agencias de seguridad para eliminar a la competencia.
Los Bárbaros del Norte
En esa misma década, José López Portillo (1976-1982) colocó al frente de las principales corporaciones de seguridad y procuración de justicia a los llamados “Bárbaros del Norte”. El grupo estaba integrado por el exgobernador de Chihuahua, Óscar Flores Sánchez, nombrado titular de la Procuraduría General de la República; el exsicario de Ciudad Juárez, Raúl Mendiolea Cerecero, designado jefe de la Policía Judicial Federal; y Arturo “El Negro” Durazo Moreno, exjefe de seguridad del aeropuerto capitalino, quien asumió la dirección de la Policía de la Ciudad de México.
Benjamin T. Smith explica cómo el servicio secreto mexicano concluyó que, como gobernador de Chihuahua, Flores Sánchez había encabezado una vasta red de protección. El autor cita un informe oficial: “Aunque no tenemos pruebas que demuestren que Flores está inmiscuido en este negocio, sí contamos con pruebas amplias de que algunos de sus colaboradores más cercanos sí estuvieron y están actualmente involucrados, directa o indirectamente, en el narcotráfico. También pensamos que es imposible que Flores desconociera estas actividades pasadas y presentes”.
Sobre Mendiolea, Smith refiere que organizó la masacre de la banda de narcotraficantes de Enrique Fernández en Ciudad Juárez a principios de los años treinta y posteriormente se trasladó a Jalisco, donde estuvo al frente de las reservas policiales y ayudó a proteger a traficantes locales de heroína.
“Trabajó en la compañía estatal de alimentos, donde fue acusado de robar más de 250 mil pesos mensuales en gastos. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México, donde ascendió de jefe de operaciones especiales a jefe adjunto de la policía capitalina. Ahí fue señalado de operar la red de prostitución de la capital, extorsionar narcomenudistas, apoyar a una organización estudiantil cuasifascista y organizar la represión de okupas urbanos, trabajadores ferroviarios y opositores políticos”. Smith añade que, ya al frente de la PJF, Mendiolea ordenó a los comandantes no detener narcotraficantes sin su autorización previa.
Por su parte, Arturo “El Negro” Durazo Moreno fue acusado, como jefe de la policía capitalina, de proteger traficantes y participar en operaciones de transporte de drogas. “Los estadounidenses tenían un amplio expediente sobre él. En abril de 1972 organizó la importación de 400 kilos de cocaína y los transportó a Estados Unidos en camiones refrigerados. Y en junio de 1974 recibió 60 mil dólares del traficante de Culiacán Jorge Favela Escobosa a cambio de proteger otros 32 kilos de cocaína”.
“Para 1974, los estadounidenses incluso lograron infiltrar a un informante dentro del aeropuerto de la Ciudad de México. Él explicó con detalle cómo operaba la red de protección de Durazo. Los traficantes enviaban drogas al aeropuerto mediante tres mulas: dos transportaban kilos del producto, mientras la tercera llevaba apenas algunos gramos. Durazo ordenaba a sus hombres arrestar a la mula menor, anunciaba un gran decomiso e inflaba el operativo con un par de kilos de leche en polvo. Mientras tanto, las otras dos mulas cruzaban rápidamente la aduana y entregaban sus portafolios a hombres de Durazo”, refiere Smith.
La Operación Cóndor
Peter Dale Scott y Jonathan Marshall mencionan, por su parte, cómo los años del reinado de Nazar Haro en la DFS (1977-1982) fueron elogiados por funcionarios estadounidenses de control antidrogas y portavoces del Departamento de Estado como la edad de oro de la lucha antidrogas mexicana.
“En retrospectiva, tales evaluaciones no eran simplemente ridículamente erróneas; representaban uno de los mayores encubrimientos en la historia de la aplicación de la ley antidrogas en Estados Unidos. Funcionarios gubernamentales sabían que el esfuerzo mexicano era una farsa, pero eligieron disfrazar ese hecho hasta el descarado asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en febrero de 1985”, mencionan.
La DEA y otras agencias, dicen Dale y Marshall, supieron durante la mayor parte de ese tiempo que el milagro mexicano era, en realidad, una pesadilla. Ya en 1980, por ejemplo, la DEA sabía que la ciudad de Guadalajara había sido tomada por narcotraficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, todos ellos sinaloenses que habían dejado el Triángulo Dorado para asentarse en esta ciudad de occidente. Funcionarios estadounidenses, ahondan los autores, también sabían que México había reemplazado a Colombia como principal proveedor de marihuana hacia Estados Unidos y que retransbordaba al menos el 30 por ciento de la cocaína consumida en América.
Todo cambió cuando, en noviembre de 1984, se descubrieron 10 mil toneladas de marihuana creciendo en el Rancho Búfalo, en Chihuahua, propiedad de Caro Quintero, cuyo desmantelamiento llevaría al secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena en febrero de 1985.
“La clave del engaño público fue la tan elogiada campaña antidrogas mexicana conocida como Operación Cóndor”, dicen Dale y Marshall.
La Operación Cóndor en México contó no sólo con la participación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, sino también con la intervención de la CIA a través de empresas vinculadas históricamente a sus operaciones aéreas y logísticas, como Evergreen International Aviation y E-Systems.
Aunque el programa fue presentado como una ofensiva exitosa contra el narcotráfico, desde finales de los años setenta la DEA detectó graves irregularidades: pilotos que rociaban agua en lugar de herbicidas, funcionarios mexicanos que utilizaban aeronaves para fines personales y redes de corrupción que extorsionaban a cultivadores a cambio de protección.
Tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, un informe del Congreso estadounidense calificó el programa como “un desastre”, señalando la ausencia de controles, auditorías y verificaciones independientes sobre el supuesto combate a las drogas.
El texto sostiene que el verdadero problema de la Operación Cóndor no fue sólo la incompetencia, sino la corrupción estructural entre políticos, fuerzas de seguridad y narcotraficantes. Bajo los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, la Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Miguel Nazar Haro, habría protegido y consolidado al Cártel de Guadalajara con apoyo de redes ligadas a la CIA. La DFS facilitó la reubicación de traficantes, eliminó competidores y organizó operaciones de contrabando como “La Pipa”, en la que cientos de camiones cruzaban droga hacia Estados Unidos con apoyo de funcionarios corruptos. Según testimonios citados, la DFS actuaba como una “licencia para traficar”, brindando protección armada, inteligencia y cobertura institucional a los grandes capos del narcotráfico mexicano.
Esta colaboración entre la DFS y los traficantes continuó después de que Nazar Haro dejó la agencia en 1982, con el cambio de administraciones mexicanas, al igual que la colaboración entre la DFS y la CIA. “La estación de la CIA en la Ciudad de México mantuvo estrecho contacto con el sucesor de Nazar, José Antonio Zorrilla Pérez, a pesar de la abrumadora evidencia de la responsabilidad de su agencia en el tráfico de drogas”, refieren Dale y Marshall.
“Les importa un comino”, dijo un agente de la DEA sobre la CIA. “Voltean hacia otro lado. Ven su tarea como mucho más importante que la nuestra”.
Benjamin T. Smith sostiene que cuando el Presidente López Portillo dejó el cargo en 1982, una nueva red de protección federal intentó controlar esta alianza inestable. “Los bárbaros y la PJF ya no estaban a cargo. Ahora era el turno de la DFS. Traficantes, sicarios y espías trabajaban en conjunto para satisfacer la creciente demanda de cocaína y marihuana sin semilla en Estados Unidos”.
“Para lograrlo, el grupo se expandió, desarrolló e integró de forma más vertical. Las bandas de narcotraficantes se encontraron con los grandes negocios. La mano de obra ahora se contrataba internamente. Los traficantes ya no recorrían las laderas buscando unas cuantas toneladas de marihuana cultivada por los campesinos […] Y ya no escondían su dinero en unas cuantas casas lujosas, autos último modelo y caballos purasangre. Ahora los bancos adoptaron un papel crucial para esconder y mover el dinero del narcotráfico”.
Sin embargo, ahonda el historiador, la red de protección de la DFS, “al igual que el sistema barbárico que la precedió”, pronto se vio envuelta en conflictos. “No existía la pax mafiosa. Estos conflictos respecto a las ganancias de las redes de protección ahora enfrentaban a los agentes de la DFS contra grupos rivales del Ejército, la PJF, gobiernos estatales y administraciones locales”.
El Cártel de Guadalajara
El Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, controlaba el narcotráfico en la mayor parte de México durante los años ochenta, en la presidencia de Miguel de la Madrid. En esta organización también estaban Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.
El auge del Cártel de Guadalajara hizo que la organización formara vínculos con sus pares en Colombia y traficara cocaína hacia Estados Unidos. Sin embargo, la prosperidad dio un vuelco de 180 grados con el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en febrero de 1985.
El asesinato del agente de la DEA provocó que Estados Unidos presionara a México para capturar a Caro Quintero y a varios líderes del Cártel de Guadalajara. En esa época, “El Güero” Palma y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera eran lugartenientes de Félix Gallardo, alias “El Padrino”.
Luego de las detenciones de Caro Quintero (abril de 1985) y Félix Gallardo (abril de 1989), el Cártel de Guadalajara se dividió, dejando el control de rutas de la siguiente manera: la de Tijuana (Cártel de Tijuana), en manos de sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix; la Costa del Pacífico (Cártel de Sinaloa), en manos de “El Güero” Palma y “El Chapo” Guzmán; la de Ciudad Juárez (Cártel de Juárez), para Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”; y el corredor de Matamoros (Cártel del Golfo), para Juan García Ábrego.
Al paso de los años, del Cártel de Sinaloa, con Ismael Zambada y “El Chapo” al frente, se separó otro brazo: el de los Beltrán Leyva.
Amado Carrillo Fuentes siempre tuvo la idea de conformar una gran organización que agrupara a los cárteles del narcotráfico en México, pero nunca lo logró. Fue hasta el año 2004 cuando su hermano Rodolfo creó la llamada “federación de cárteles”, con la finalidad de pacificar las zonas de influencia de las diversas agrupaciones delictivas que operaban en el país.
Sin embargo, el asesinato de un operador de “El Chapo” Guzmán puso fin a las negociaciones y desató una nueva guerra por las rutas del narcotráfico, según revelaron altos mandos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (hoy SEIDO).
La “captura del Estado”
En los años noventa, de la mano del debilitamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las organizaciones criminales dejaron de trabajar para las autoridades y comenzaron a capturar al Estado. En 1995, por ejemplo, cuando las autoridades federales arrestaron al narcotraficante de Matamoros Juan García Ábrego, descubrieron su pequeño libro negro de sobornos.
“Los traficantes también expandieron su nómina para incluir a miembros de las principales familias políticas del país. Uno de ellos supuestamente era el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas”, escribe Benjamin T. Smith sobre el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En ese sentido, Fabrizio Mejía ha consignado en SinEmbargo cómo, a partir de la detención en Suiza de la esposa de Raúl, Paulina Castañón, quien trató de sacar dinero de las cuentas de su pareja usando pasaportes falsos, se tuvieron más detalles sobre esto. Mejía refiere cómo el informe del fiscal Valentín Roschacher, procurador general de Suiza, apunta:
“Justamente en la época en que los testigos observaban un gran número de entregas de dinero del narcotráfico a Raúl Salinas, se giraron cheques por montos millonarios de Banca Cremi y de Somex a favor de Citibank México”. Los suizos calcularon que Raúl recibió 450 millones de dólares de “traficantes de drogas” sólo durante el sexenio de su hermano Carlos.
Los narcotraficantes también empezaron a sobornar a miembros del Ejército. A principios de 1997, en el Gobierno de Ernesto Zedillo, el nuevo zar antidrogas de México, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fue arrestado tras sólo tres meses de ocupar el cargo. “Se descubrió que había estado viviendo en una de las propiedades de Amado Carrillo Fuentes en la Ciudad de México. Los fiscales revelaron que tenían grabaciones en las que él hablaba sobre sobornos con el capo. A esto siguieron otras revelaciones. Alguien filtró documentos internos de la Secretaría de la Defensa que hablaban sobre reuniones abiertas entre Carrillo y altos mandos militares”, apunta Smith.
Tres años después, al final del Gobierno de Zedillo y luego de la elección del panista Vicente Fox Quesada, tras 75 años ininterrumpidos de gobiernos del PRI, se detuvo al general Mario Arturo Acosta Chaparro, fundador de la Brigada Blanca, un grupo paramilitar que en la década de los setenta y principios de los ochenta se avocó a exterminar a las guerrillas urbana y rural. Acosta Chaparro fue detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra, bajo el cargo de tener vínculos con el narcotráfico.
No obstante, la periodista Marcela Turati reportó, tras su muerte en 2012 luego de sufrir un atentado a balazos en un taller de la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México, que desde 1984 su nombre comenzó a ser vinculado al narcotráfico, primero en documentos de la DEA y del FBI, y después por el Departamento de Justicia estadounidense, cuando se le señaló como protector del presunto tráfico de estupefacientes y lavado de dinero destinado a las cuentas de Mario Ruiz Massieu en el Texas Commerce Bank, según publicó Proceso.
Tanto Quirós Hermosillo como Acosta Chaparro aparecían en la indagatoria SC/003/99/E de la Procuraduría de Justicia Militar como presuntos responsables de haber brindado protección al Cártel de Juárez, entonces encabezado por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
Pese a estos antecedentes, Acosta Chaparro fue encomendado en el Gobierno de Felipe Calderón a reunirse con líderes del crimen organizado entre 2008 y 2009, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzmán, Heriberto Lazcano Lazcano, Jesús Méndez Vargas, “El Chango” o “El Chamula”, y Nazario Moreno, “El Pastor”, “El Chayo” o “El Más Loco”, dos de los jefes de La Familia Michoacana. Calderón Hinojosa siempre negó que su Gobierno hubiera ordenado estos encuentros.
El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare platicó a “Los Periodistas”, en febrero de 2023, cómo Juan Camilo Mouriño, el primer Secretario de Gobernación de Calderón, ordenó al general Mario Arturo Acosta Chaparro reunirse entre 2008 y 2009 con los principales capos de la droga.
“(Al general Acosta Chaparro) le dieron la instrucción de hablar con los capos para que disminuyera la violencia y al primero que fue a visitar fue a Heriberto Lazcano Lazcano, el líder de Los Zetas, y él, Heriberto, le dio los teléfonos de los demás personajes del crimen. Eso me lo platicó directamente Mario Arturo, enviado desde luego por autoridades superiores”, comentó Ángeles Dauahare a Los Periodistas, el programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
—¿Quién le da la instrucción? —se le cuestionó al general en retiro Tomás Ángeles, quien ocupó entre 2006 y 2008 el cargo de subsecretario de la Defensa Nacional.
—En concreto, Juan Camilo Mouriño —respondió el militar, quien fue acusado falsamente por el Gobierno de Felipe Calderón de tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva para ser detenido el 16 de mayo de 2012, recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, hasta haber sido exonerado 11 meses después.
Los superpolicías de Calderón
No obstante, una de las muestras más claras y recientes del contubernio del crimen organizado con las autoridades se dio con Genaro García Luna, un agente policial formado en el CISEN, a quien se le encomendó la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Vicente Fox Quesada, sexenio en el que se fortaleció el Cártel de Sinaloa y en el que la primera fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán destapó señalamientos de corrupción contra su Gobierno.
A partir de ese sexenio, García Luna conformó en la AFI un grupo de policías supuestamente de élite que, con el paso de los años, fueron señalados y procesados por sus vínculos con el crimen organizado. Es el caso de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes fueron señalados de haber recibido sobornos durante el juicio que se le siguió al Secretario de Seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón, quien siguió operando durante la administración de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, tanto García Luna como Cárdenas Palomino —preso en el Altiplano por tortura— “permitieron al Cártel de Sinaloa operar con impunidad en México” durante años. No obstante, cuando ambos se desempeñaban como mandos de la extinta Policía Federal fueron reconocidos por el entonces Presidente Felipe Calderón, quien confió en su Secretario de Seguridad la estrategia de su guerra contra el narcotráfico.
Los nombres de otros agentes salieron a relucir, como el de Ramón Pequeño García, quien sigue prófugo, y el del exoficial de policía de alto rango Édgar Millán Gómez, un alto mando señalado de ser aliado de un subgrupo del Cártel de Sinaloa dirigido por Guzmán Loera y quien fue asesinado en 2008.
Moisés Pablo Nava, Cuartoscuro.
Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino e Iván Reyes Arzate fueron tres de los principales elementos de la extinta Policía Federal que implementaron la estrategia de seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Reyes Arzate se declaró culpable en octubre pasado de recibir un soborno a cambio de asistir al cártel de la droga El Seguimiento 39, asociado con el Cártel de Sinaloa —con este último también se presume que tenía vínculos García Luna—, para enviar cocaína desde México a Estados Unidos.
“Al aceptar miles de dólares en sobornos a cambio de información sobre las investigaciones de las fuerzas del orden sobre El Seguimiento 39, Arzate forjó una deplorable alianza con traficantes de droga”, dijo el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, quien señaló que el excomandante “traicionó” así al “pueblo de México que había jurado proteger”.
Entre enero de 2023 y octubre de 2024, García Luna fue enjuiciado en Estados Unidos, donde fue condenado a 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía construyó el caso en su contra a partir de los testimonios de líderes criminales como Sergio Villarreal, “El Grande”; Óscar Nava Valencia, “El Lobo”; y Jesús “El Rey” Zambada, quienes, pese a no haber mantenido contacto en años, coincidieron en su relato sobre encuentros clandestinos en los que aseguran haber visto al exsecretario de Seguridad, los millones de dólares que le pagaron en sobornos y la manera en la que, a cambio, tuvieron su ayuda para traficar drogas.
En el primer testimonio que se escuchó en la Corte, “El Grande”, colaborador de los Beltrán Leyva, colocó a García Luna en reuniones de los grandes capos de la droga y aseguró que recibió sobornos de Arturo Beltrán Leyva desde que era director de la AFI, algo que también afirmó “El Rey” Zambada, el último cooperante en hablar, quien reconoció haber pagado cinco millones de dólares a García Luna: uno durante el Gobierno de Vicente Fox y otro en el de Felipe Calderón. También confirmó la relación que el exjefe policial sostuvo con Arturo Beltrán Leyva y habló sobre cómo el cártel tenía en su bolsa a agentes de la Policía Federal. “El Lobo” —del Cártel del Milenio— también corroboró el pago de sobornos, en su caso por 10 millones de dólares, pero sobre todo indicó que se les filtraba información.