Por Jesús Manuel Hernández
El debate respecto al regreso a clases presenciales en el país ronda la tentación de poner en duda el “sentido común”, ese conjunto de conocimientos y experiencias de la sociedad que aflora, se asoma, ante escenarios donde urge una definición, una opinión sobre qué hacer.
Decía Galileo Galilei: “No me siento obligado a creer que Dios, que nos ha dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio, sí tuviera como objetivo privarnos de su uso”.
El sentido común ha hecho que cuando un niño padece alguna enfermedad contagiosa no vaya a clases, pues puede contaminar al resto del salón. Los maestros y los padres de familia lo agradecen.
El sentido común obliga a priorizar la vida por encima de otros asuntos por muy importantes que sean. Cierto es, como dice el presidente, que los niños están aficionándose a prácticas poco benéficas con los video juegos.
También tiene razón la titular de la SEP Delfina Gómez que las y los estudiantes necesitan sociabilizar, es una de las consecuencias de ir a la escuela y un asunto clave para hacer sociedad.
Y también es cierto que el sistema educativo de México adolece de instalaciones adecuadas, que muchas escuelas han sido improvisadas, que no tienen agua potable, o que las condiciones del edificio son las menos favorables para evitar el contagio del terrible Covid.
Los médicos recomiendan que las personas privilegien sitios bien ventilados, que no haya contacto a menos de 1.5 metros, que se laven constantemente las manos y se use el cubre bocas y al menor síntoma de contagio venga el aislamiento, la prueba, la medicación para evitar complicaciones.
¿Tiene el Estado Mexicano estas condiciones para actuar? ¿Hay suficientes pruebas para detectar el Covid en los 30 millones de escolares en un caso de emergencia? El sentido común dice que no. Pero los políticos dicen que sí.
Cuántos casos se han dado en personas con seguridad social que no son atendidos en las instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE porque no cuentan con el material para hacer pruebas rápidas de contagios. Muchos lectores habrán padecido o conocido de casos, de ahí que farmacias privadas se dediquen a hacer las pruebas rápidas, por 300 pesos o los laboratorios por algunos miles más.
¿Acaso los padres de familia tendrán que cubrir los gastos para detectar posibles contagios de sus hijos?
¿Y qué hay del transporte donde se muevan los escolares, cumplirán con los protocolos de desinfección?
¿Y qué hay de la capacidad física de los profesores en las escuelas públicas donde los grupos no son controlables y el intercambio entre los alumnos será inevitable?
De ahí que el regreso a clases en el esquema autoritario del “llueve, truene o relampaguee” sólo deja ver que el regreso presencial debe hacerse pese a que las circunstancias se opongan, es decir, a como dé lugar, contra viento y marea.
A partir de esa desafortunada frase presidencial es que se desata la polémica.
Luego vino el asunto de las cartas, la primera, la segunda y la tercera, donde los padres de familia o tutores absorben la responsabilidad del regreso a través de la frase: “Manifiesto mi compromiso de aceptar el retorno seguro de mi hijo/hija bajo la siguiente modalidad (seleccionar una opción):
“No deseo que mi hijo trabaje de forma virtual o presencial/ Sí deseo que mi hijo trabaje de forma virtual o presencial”. Aparece también la modalidad “mixta”.
El asunto se ha politizado desde la silla presidencial, el uso del autoritarismo desencadenó las críticas y la polarización, el presidente parece que está obsesionado por demostrarle al mundo, o a los mexicanos, o a él mismo, que el gobierno ya domó la curva, ya controló la pandemia, y todo vuelve a la normalidad, cuando la realidad ofrece otros datos.
La última semana ha sido la más peligrosa en contagios. El miércoles se alcanzo la cifra histórica de toda la pandemia con 28,953 casos en un día, lo que ubica al país en 3 millones 425 mil 605 contagios con más de 350 mil muertos. La semana pasada fue crítica, en 7 días, 149 mil 086 casos rompieron el récord de toda la pandemia. La tercera ola ha sido como un balde de agua fría para las políticas emprendidas por López-Gatell.
En el caso concreto de Puebla, la entidad registró 3 mil contagios la última semana, las defunciones aumentaron más del 22 por ciento, las vacunas no alcanzan, apenas el 38 por ciento de los habitantes en la entidad ha sido vacunado con al menos una dosis.
El regreso a clases es necesario, pero había que preguntarse, si lo es sólo para la gayola y la galería de admiradores de la 4T o para la salud de los estudiantes.
El tema sin duda está en esa línea tan delgada entre politizar la decisión y usar el sentido común.
O por lo menos así me lo parece.