Por Javier Cobos Fernández
@jcobosfernandez
La economía mexicana ha llegado a un punto de inflexión donde la narrativa del desarrollo choca frontalmente con la aritmética de las finanzas públicas. El anuncio del pasado 3 de febrero sobre el «Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar» pretende inyectar un 2 % adicional del PIB en 2026, escalando a un compromiso de 5.6 billones de pesos hacia el 2030 (Gobierno de México, 2026).
Esta medida representa un cambio drástico de timón: tras agotar el estímulo monetario mediante el recorte de tasas que analizamos previamente, el Estado intenta ahora reactivar el motor productivo a través del gasto directo en infraestructura. En mi personal opinión, una orientación del gasto bajo una dinámica mucho más acertada dado que involucra una dinámica estructural a diferencia de una dinámica transitoria, a través del constante recorte de tasas que tarde o temprano llegaría a su fin. Sin embargo, la viabilidad de este despliegue se enfrenta a una rigidez presupuestal y a un desequilibrio en las cuentas públicas que amenaza con transformar el remedio en un agravante sistémico.
Durante los últimos quince meses, la política económica se centró en abaratar el dinero para incentivar la inversión física relativa frente a la financiera. No obstante, la decisión de la Reserva Federal del 28 de enero de mantener las tasas sin cambios limitó esa ventana para el Banco de México, reduciendo el margen de maniobra para seguir reduciendo el costo del pasivo sin comprometer la estabilidad cambiaria (Federal Reserve Board, 2026; Trading Economics, 2026).
Ante este agotamiento, el gobierno propone sustituir el incentivo crediticio por la inversión pública directa. El objetivo es revertir la parálisis detectada por el INEGI al cierre de 2025, donde la actividad secundaria —la industria— registró una preocupante caída anual del 2.7 % (INEGI, 2025). La intención es que el gasto en sectores como energía y transporte actúe como un multiplicador económico; sin embargo, en un entorno de inflación subyacente del 4.47 % (INEGI, 2026b), inyectar liquidez masiva en obras físicas corre el riesgo de sobrecalentar los precios antes de que la infraestructura sea operativa.
La audacia del nuevo plan de infraestructura debe ser contrastada con la fragilidad del erario. Como señala el análisis de Macario Schettino (2026), México atraviesa una crisis fiscal ineludible caracterizada por un déficit presupuestal que ha desbordado lo previsto. La recaudación se ha estancado debido a la contracción del PIB real en un 0.2 % (INEGI, 2025), mientras que los compromisos inerciales de gasto —pensiones, programas sociales y el costo financiero de la deuda— consumen casi la totalidad de los ingresos tributarios.
El anuncio de un gasto adicional del 2 % del PIB para 2026 no estaba contemplado en los Criterios Generales de Política Económica originales ni en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en noviembre (SHCP, 2025a; SHCP, 2025b).
Financiar este «extra» presupuestal de 722 mil millones de pesos en un contexto donde el déficit fiscal ya se encuentra fuera de control y la deuda bruta ronda el 57 % del PIB implica necesariamente un incremento en el endeudamiento público (Schettino, 2026).
Ese sí es un récord en la historia económica contemporánea en México. Estamos ante un escenario donde el Estado intenta construir futuro hipotecando el presente, en un momento en que el mercado financiero global observa con lupa la solvencia soberana.
Desde la teoría del desarrollo económico, la inversión en capital fijo es la única vía para elevar el crecimiento potencial. No obstante, la eficiencia de esta inversión podría ser cuestionable cuando el 63 % de la IED sigue siendo reinversión de utilidades y no capital nuevo (Cobos Fernández, 2025; Secretaría de Economía, 2025).
Es así, que la apuesta a la inversión pública, elección racionalmente mucho más acertada que la opción del oxígeno temporal, podría ser la ruta correcta, aunque a un costo fiscal altísimo en términos de incremento de deuda. Adicionalmente, sin una verdadera asociación con el sector privado y bajo una incertidumbre jurídica persistente, el riesgo es que el gasto gubernamental se diluya en proyectos de baja rentabilidad social, incrementando el déficit presupuestal sin generar la capacidad de pago necesaria para servir la deuda futura.
En este contexto, el peligro no es solo la inflación, sino la descapitalización del sector privado ante un Estado que absorbe todo el crédito disponible para financiar su plan de infraestructura en medio de un desbalance fiscal no presupuestado.
Para las organizaciones, este giro representa una dualidad: por un lado, se abren oportunidades en el sector infraestructura, pero por otro, el asedio fiscal se intensificará para cubrir el boquete presupuestal. La inteligencia artificial aplicada a la fiscalización del SAT será el brazo ejecutor de un gobierno necesitado de recursos para cumplir sus promesas de inversión ante un déficit que ha superado todas las proyecciones iniciales.
En este complejo tablero, la firma Lexonomics ha adaptado su propuesta de valor bajo el concepto de «Arquitectura de Viabilidad Integral». Hoy más que nunca, las empresas requieren un blindaje que combine la optimización de procesos mediante IA para resistir el acoso fiscal, con una gestión financiera que sepa navegar entre tasas que no bajarán y una inflación persistente. El éxito en 2026 no dependerá de las promesas de inversión pública, sino de la agilidad técnica para proteger el flujo de efectivo en un entorno de alta volatilidad y escasez de recursos reales.
Referencias
Cobos Fernández, J. (2025, 20 de noviembre). La ilusión del récord: Disección forense del récord de Inversión Extranjera Directa. e-consulta.
Federal Reserve Board. (2026, 28 de enero). Federal Reserve issues FOMC statement.
Gobierno de México. (2026, 3 de febrero). El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar contempla en 2026 2% adicional del PIB.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025, 21 de noviembre). Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral. Boletín de Indicador 627/25.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2026b, 22 de enero). Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Primera quincena de enero de 2026. Boletín 25/26.
Schettino, M. (2026, 4 de febrero). Crisis fiscal. El Financiero.
Secretaría de Economía. (2025). Comunicado No. 111: México registra récord de inversión extranjera directa al tercer trimestre
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (2025a). Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2026.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (2025b). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
Trading Economics. (2026). Mexico Interest Rate – 2026 Data.
+ OPINIÓN : Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor