Aún está pendiente la tipificación de este delito como uno autónomo
Isaí Pérez Guarneros / La Jornada de Oriente
Activistas en Puebla alertan que, aunque se han documentado al menos 85 crímenes de odio en la última década, no existen estadísticas oficiales que desglosen cuántos han sido cometidos contra personas trans ni cuántos han sido investigados como transfeminicidios. En la mayoría de los casos, los asesinatos catalogados como crímenes de odio carecen de un reconocimiento legal específico, lo que obstaculiza su investigación y sanción.
Esta ausencia de un marco jurídico claro ha derivado en una impunidad sistemática, particularmente en los ataques contra mujeres trans. Un caso emblemático es el asesinato de Samantha Flores Rosales, ocurrido en Atlixco en agosto de 2020. A pesar de que desde 2022 colectivas y organizaciones civiles han exigido al Congreso del Estado tipificar los crímenes de odio y el transfeminicidio como delitos autónomos, la propuesta no se ha traducido en una ley que permita una atención integral desde una política de Estado hacia la comunidad trans.
De acuerdo con activistas y especialistas, en Puebla los asesinatos de mujeres trans suelen presentar características que encuadran en el tipo penal de feminicidio: violencia extrema, saña, tortura, lesiones infamantes, antecedentes de amenazas o relaciones de confianza con el agresor y, en muchos casos, la exposición del cuerpo en espacios públicos. Sin embargo, las autoridades no los investigan ni como feminicidios ni como crímenes de odio, lo que invisibiliza la violencia específica que enfrenta esta población.
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El asesinato de Samantha Flores Rosales ilustra esta omisión. La madrugada del 20 de agosto de 2020, un policía acudió al domicilio de su familia para informarles que Sam, como la llamaban, había sufrido un “accidente” en la avenida Ferrocarriles, en Atlixco. Lo que no se les dijo es que había muerto tras ser perseguida por un automóvil que la tiró de la motocicleta en la que viajaba y posteriormente pasó por encima de su cuerpo. La madre de la joven, Fabiola, supo después que existía un video con los últimos minutos de vida de su hija, evidencia que apuntaba a un asesinato intencional.
Un día después de los hechos, el entonces fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, reconoció públicamente que había elementos para considerar el caso como feminicidio.
No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer más tarde que ningún asesinato de mujer trans se investiga bajo esa tipificación. Según el criterio de la propia dependencia, para que un crimen sea considerado feminicidio es necesario que la víctima esté legalmente identificada como mujer conforme a las leyes de identidad de género, lo que deja fuera a muchas mujeres trans que no realizaron el trámite de rectificación de documentos.
Este criterio ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones civiles, pues ignora que el delito de feminicidio se acredita por las razones de género y las circunstancias del crimen, no por la documentación administrativa de la víctima. De acuerdo con la definición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), un transfeminicidio es el asesinato de una mujer trans motivado por desprecio, prejuicio o un sentido de posesión hacia su identidad de género.
En Puebla, la lucha por el reconocimiento de estos crímenes tiene antecedentes de más de una década. El 7 de marzo de 2012, Agnes Torres Hernández, activista trans y defensora de derechos humanos, fue asesinada y su cuerpo abandonado en una barranca en las inmediaciones de Atlixco. El crimen, cometido por personas conocidas, provocó una movilización masiva en la capital poblana y marcó un punto de inflexión para las exigencias de justicia de la comunidad LGBTTTIQ+.
Tras el asesinato de Agnes, colectivos demandaron la tipificación de los crímenes de odio, la creación de una ley contra la discriminación, una ley de identidad sexogenérica y una unidad especializada para investigar asesinatos contra personas de la diversidad sexual. Algunas de estas demandas se concretaron parcialmente con el paso de los años: la tipificación de los crímenes de odio en 2012, la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 2013, la creación de una unidad especializada en 2020 y la aprobación de la Ley de Identidad de Género Autopercibida en 2021, conocida como Ley Agnes. Sin embargo, los avances no se han traducido en una reducción de la violencia ni en un acceso efectivo a la justicia.
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Datos oficiales de la Fiscalía reconocen apenas 14 homicidios de odio por razones de género contra “hombres” entre 2013 y 2016, y ninguno de 2017 a la fecha. En contraste, una compilación histórica elaborada con bases de datos de organizaciones como Letra S y Vida Plena, así como una revisión hemerográfica realizada por la periodista Samantha Paéz Guzmán, documenta al menos 33 probables transfeminicidios en Puebla de 2012 a 2023, es decir, 135 por ciento más que los reconocidos oficialmente. De esos casos, al menos 15 ocurrieron entre 2017 y 2023.
Las discrepancias también se observan a nivel municipal. Puebla capital, Atlixco y Tehuacán concentran el mayor número de asesinatos de mujeres trans.
En Tehuacán, activistas locales han documentado un contexto particularmente violento. Kevin Williams, vocero de la Unión de Colectivos LGBTI+ de ese municipio, ha señalado que entre 2010 y 2020 se registraron al menos 15 crímenes de odio, varios de ellos con extrema violencia. Entre los casos se encuentran los asesinatos de Regina Echeverría en 2013, Yadira en 2017 y otras mujeres trans localizadas con signos de tortura.
De acuerdo con el informe “Los Rastros de la Violencia por Prejuicio”, elaborado por Letra S, el 55.2 por ciento de los crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual en México corresponden a mujeres trans.
Aunque este informe coloca a Puebla en el lugar 11 a nivel nacional en transfeminicidios, activistas advierten que existe un subregistro importante debido a la dependencia de información hemerográfica y a la falta de un registro oficial desagregado.
La ausencia de datos oficiales obliga a las organizaciones civiles a construir sus propios conteos, lo que evidencia la falta de responsabilidad institucional para documentar y analizar este tipo de violencia.
En Atlixco, el caso de Yoksana o Pamelitha Martínez Vázquez, asesinada en 2015 y cuyo cuerpo fue dejado en el zócalo del municipio, ejemplifica cómo algunos transfeminicidios pasan desapercibidos durante años. Fue hasta el asesinato de Samantha Flores cuando activistas comenzaron a visibilizar que Atlixco es el segundo municipio con más casos de transfeminicidio en el estado.
El análisis histórico de 42 asesinatos violentos de mujeres trans ocurridos entre 1996 y noviembre de 2023 revela que en 39 de ellos existen causales suficientes para considerarlos feminicidios. En 25 casos se documentaron lesiones infamantes, violencia sexual o tratos crueles; en 22 ocasiones los cuerpos fueron expuestos en espacios públicos, y en 11 hubo indicios de una relación afectiva o de confianza con el agresor.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 del Inegi, la última en realizarse, refuerza este panorama: 61.6 por ciento de las personas considera que en México se respeta poco o nada a las personas trans.
Aunque Puebla cuenta con una agravante por homicidio motivado por odio, las fiscalías no la aplican de manera sistemática.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos Contra la Comunidad LGBTTTIQ+, creada en 2020, cuenta con apenas seis servidores públicos. De 2013 a la fecha, ni esta unidad ni la Fiscalía han iniciado formalmente carpetas por homicidio o lesiones calificadas por razón de odio, pese a que en 2023 la propia dependencia reconoció 14 investigaciones bajo esa figura.
Mientras tanto, los ataques continúan. En julio pasado, una mujer trans identificada como Geraldine sobrevivió a un intento de transfeminicidio en Teziutlán, luego de ser golpeada y arrojada a una barranca. El caso es investigado como tentativa de homicidio con agravante por odio, aunque hasta ahora no hay personas detenidas.
Finalmente, colectivos coinciden en que la tipificación del transfeminicidio y del crimen de odio como delitos autónomos es urgente, pero insuficiente si no va acompañada de capacitación, registros adecuados y voluntad política.