La mitad de los homicidios por razón de género en 2025 siguen sin acción penal
Isaí Pérez Guarneros / La Jornada de Oriente
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el 75 por ciento de los feminicidios registrados en Puebla entre enero de 2020 y octubre de 2025 permanecen sin esclarecer.
Tan solo de las 208 carpetas de investigación abiertas por este delito, únicamente 54 han concluido con una sentencia condenatoria, lo que equivale a apenas el 25 por ciento del total. Esta cifra prácticamente iguala el número de indagatorias iniciadas en 2020, año en el que se abrieron 52 carpetas por feminicidio.
Según la propia dependencia procuradora de justicia, en 136 de las 208 investigaciones la indagatoria ha llegado a la etapa de esclarecimiento del delito, lo que implica identificar al agresor y contar con elementos para ejercer acción penal.
No obstante, el 34.6 por ciento de los casos, 72 investigaciones, permanece rezagado al no contar con una integración suficiente que permita avanzar hacia la judicialización.
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En lo correspondiente al presente año, la FGE informó que entre enero y octubre, de las 22 carpetas de investigación por feminicidio, al menos 11 ya cuentan con la identificación del agresor y una indagatoria integrada que permitiría el ejercicio de la acción penal, mientras que el otro 50 por ciento presenta avances significativos y la probable identificación de la persona responsable.
Al respecto, colectivos feministas como Mujeres por una Vida Libre de Violencia y Por las Mujeres de Puebla han documentado que la impunidad y el retraso en la emisión de sentencias responden tanto a las estrategias dilatorias empleadas por los agresores para alargar los juicios como a las deficiencias del Poder Judicial.
A ello se suma, advierten, la falta de personal suficiente y capacitado en la Fiscalía, lo que impide un desahogo oportuno y eficaz de las investigaciones.
De acuerdo con los colectivos, una de las principales fallas de los agentes del Ministerio Público radica en la falta de capacitación en perspectiva de género, situación agravada por la saturación de expedientes que se acumulan en la FGE.
Para ejemplificarlo, Gabriela Rosas, fundadora de Mujeres por una Vida Libre de Violencia, explicó en entrevista con La Jornada de Oriente que los dictámenes para realizar peritajes psicológicos por delitos de violencia de género tardan entre cuatro y seis meses, lo que puede derivar en que las víctimas desistan de continuar con la denuncia o en que los resultados carezcan de precisión.
Este retraso, subrayó, es uno de los principales obstáculos en la integración de las carpetas de investigación, pues un alto porcentaje de denuncias por violencia familiar o agresiones sexuales que no reciben atención debida puede derivar posteriormente en feminicidios.
Finalmente, datos de la propia institución indican que, a través de la Casa Libre Carmen Serdán, se ha brindado atención a 14 mil personas víctimas de delitos relacionados con violencia de género. De ese total, se iniciaron 5 mil carpetas de investigación, lo que representa apenas 28.57 por ciento de las mujeres atendidas. Además, la dependencia informó que 80 por ciento de estas 5 mil investigaciones derivó en la emisión de una medida de protección.