Yadira Llaven Anzures / La Jornada de Oriente
El Gobierno del Estado de Puebla está enfrentando un legado de corrupción en el transporte público, que el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, calificó como un “Cártel de concesiones” heredado de administraciones anteriores, que costaría, en el caso de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), más de 22 mil millones de pesos por la rescisión del contrato por cuatro líneas.
En conferencia de prensa, García Parra señaló que los gobiernos de derecha, desde 2013, implementaron un sistema de saqueo legalizado que comprometió las finanzas públicas del estado.
El funcionario destacó que el sistema de transporte RUTA o Metrobús es uno de los ejemplos más claros de estos acuerdos onerosos y problemáticos.
Expuso que el título de concesión del Sistema RUTA, que se concretó en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, aún tiene 29 años pendientes de pagos para su conclusión.
Señaló que estos acuerdos fueron diseñados bajo la figura de “deuda disfrazada de obligaciones financieras” y modelos de inversión como los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y las Asociaciones Público Privadas (APP).
El coordinador de Gabinete reveló que, debido a lo “amarrado jurídicamente” de este modelo financiero de negocios particulares, al gobierno estatal le costaría la abrumadora suma de 22 mil millones de pesos terminar unilateralmente las concesiones de las cuatro líneas del Metrobús.
Saqueo legalizado y críticas a legisladores
El Coordinador de Gabinete fue enfático al describir cómo los gobiernos anteriores lograron establecer este esquema.
“Desarrollaron todo un sistema corrupto de saqueo, torcieron la ley con la mayoría en el Congreso, para legalizar el saqueo con estos modelos de inversión, comprometiendo el recurso de los poblanos en PPS y APP”, señaló.
García Parra criticó que las voces que hoy se indignan por el ordenamiento del transporte son las mismas que permitieron estos actos desde el Congreso en el pasado.
De paso, puso como ejemplo la concesión del servicio de agua potable a particulares desde 2013, donde se le quitó al Congreso la facultad de revisar y establecer las tarifas, dejando a los ciudadanos en manos de empresas privadas.