Por Omar Lázaro García / The New York Times
Fotografías por Manuel Bayo Gisbert
García es activista y miembro del pueblo totonaca de México. Gisbert, fotógrafo radicado en Ciudad de México, tomó estas fotografías en los estados de Veracruz y Puebla durante los últimos cuatro años.
Cuando era niño, mi madre me llevaba a bañarme a un manantial cerca de mi pueblo. Junto al agua había palmeras, y en ellas papanes, pájaros que viven los frondosos bosques de la costa del golfo en el estado mexicano de Veracruz, donde vivo. Se ponían a cantar cuando nos acercábamos al manantial y otros animales huían.
Mi pueblo, Escolín, es una comunidad indígena que se encuentra entre Papantla, una ciudad turística llamada así por los pájaros, y Poza Rica, una ciudad petrolera. Muchos de los pozos que suministran petróleo a Poza Rica están cerca de Escolín. Cuando se pone el sol, las llamaradas de gas cercanas pintan la noche de rojo.
Nací bajo estos cielos teñidos de sangre; siempre me parecieron naturales. Pero me he preguntado qué debieron haber pensado mis antepasados la primera vez que el cielo nocturno se tiñó de rojo, cuando empezó la extracción comercial de petróleo en la zona hace más de un siglo. Quizá que el infierno salía de la tierra.
En 1928, la empresa El Águila, propiedad de Shell, encontró petróleo al oeste de Poza Rica, el primer gran descubrimiento de petróleo en la región indígena del Totonacapan, que abarca los estados de Veracruz y Puebla. Así comenzó, para mi pueblo, la explotación del hombre blanco del ixchalatiyat, totonaco para “el aceite extraído del corazón de la tierra”.
En las décadas siguientes, la región fue invadida. Los campesinos habían obtenido derechos de uso de la tierra como miembros de ejidos, un tipo de terrenos agrícolas comunales, tras la Revolución mexicana de 1910 a 1920. Pero en medio del interés cada vez mayor por los yacimientos petrolíferos de la zona, Pemex, la empresa estatal de petróleo y gas, se adueñó de gran parte del territorio al expropiar áreas de selva en virtud de la legislación federal.
La gente de fuera también hizo otras cosas para extinguir nuestra relación con nuestra tierra. Las escuelas públicas estigmatizaron la lengua totonaca y nos incitaron a hablar español. Los misioneros cristianos anularon nuestras creencias tradicionales y sugerían que la tierra era un recurso que había que explotar. Todo lo que quedó de nuestra cosmogonía fueron historias: cuentos contados para asustar a los niños, pero despojados de las creencias profundas que daban sentido a nuestros vínculos con la tierra.
Mientras tanto, la maquinaria pesada se abría paso por las montañas, arrasando plantas de vainilla y naranjos. Pemex empezó a enviar cada vez más trabajadores para explotar nuevos pozos. Por la noche, las llamas palpitaban entre los árboles.
Para la década de 2010, la destrucción ecológica era la norma.
El suelo sangraba alrededor del pueblo; los habitantes salían de sus hogares y encontraban petróleo que salía de grietas en la tierra.
El petróleo empapaba el suelo y envenenaba nuestra agua, nuestros árboles frutales, la tierra en la que plantábamos maíz.
Los animales desaparecieron, huyendo del ruido y la contaminación.
Dejamos de sorprendernos. El mensaje del gobierno parecía ser: este es el mundo moderno, acostúmbrate.
En 2017 explotó un oleoducto a las afueras de Escolín. Nos despertamos con el ruido y nos levantamos con el resplandor de la selva en llamas. Cuando volvió a ocurrir en 2022, al parecer el personal de Pemex les dijo a los habitantes que abandonaran el pueblo. “Es posible que haya más explosiones”, declararon, según el Congreso Nacional Indígena, “y no nos hacemos responsables de ninguna vida de los pobladores” que decidieran quedarse.
La tierra no solo rezumaba fuego, gas y petróleo; también derramaba veneno. La exposición prolongada a los hidrocarburos se ha relacionado con problemas respiratorios, defectos congénitos y mayores tasas de cáncer. En la localidad de Emiliano Zapata, una de las comunidades más contaminadas del Totonacapan, donde dos de los arroyos de la zona están negros de lodo tóxico y las calles apestan a petróleo y gas, los residentes temen por su salud.
Los indígenas del Totonacapan no solo hemos sufrido la destrucción de nuestra tierra; ante la escalada de violencia de los cárteles, también hemos sido acosados y detenidos, perseguidos, maltratados y, con cada vez mayor frecuencia, asesinados.
Empecé a organizar a mi comunidad en 2013, después de que una reestructuración energética abriera la industria petrolera a la inversión privada, lo que aceleró la entrada de empresas extranjeras en la región. Trabajando con otros activistas, me involucré en la lucha por la soberanía indígena, una lucha multifacética contra la destrucción medioambiental, la marginación económica y el crimen organizado.
Vi cómo, en las zonas donde Pemex tenía mayor presencia, aparecían células de cárteles y se asesinaba y desaparecía a gente casi indiscriminadamente. La violencia se había apoderado del Totonacapan años antes, cuando el Estado entró en una guerra contra los cárteles y los cárteles entraron en guerra entre sí, lo que dejó a los civiles inocentes en el fuego cruzado. Pero esto era diferente.
Los cárteles han obtenido enormes ganancias del robo de combustible en todo México. En zonas como Papantla, densamente pobladas de pozos petrolíferos y refinerías, los cárteles han perforado los oleoductos propiedad de Pemex y revenden el combustible en el mercado negro, una práctica tan habitual que tiene su propio término coloquial: huachicol. En mi pueblo, sentimos la diferencia a medida que el crimen organizado avanzaba para obtener ganancias del combustible de contrabando.
En las montañas aparecieron casas seguras de los cárteles, centros de operaciones con antenas de telecomunicaciones e infraestructura avanzada. Hombres armados vestidos de civil patrullaban los caminos que conducían a los pozos de petróleo. Los negocios cerraron.
Empezaron a aparecer más cuerpos sin vida cerca de la carretera que une Papantla y Poza Rica, sobre todo en el tramo conocido como la Curva del Diablo, a menos de un kilómetro de Escolín. En otoño de 2016, las autoridades encontraron los cadáveres de dos sacerdotes a quienes habían sacado de una iglesia a punta de pistola el día anterior. La violencia no discrimina.
Los agricultores encontraban cadáveres en sus campos.
Había toques de queda; la gente dejó de salir después de que oscurecía.
Muchos habitantes locales fueron sacados a la fuerza de sus tierras, o simplemente eligieron irse cuando un miembro de sus familias desaparecía.
Y más y más personas se esfumaron.
A finales de la década de 2010, un colectivo de familiares de desaparecidos se puso en contacto con residentes en Escolín. Los familiares querían buscar a sus seres queridos bajo la tierra de nuestro pueblo. Empecé a acompañarlos, a este grupo de más de 200 madres y padres que buscaban a sus hijos perdidos.
Me hice muy amigo de un hombre llamado Magdaleno Pérez Santes, cuya hija, Diana Paloma, desapareció no muy lejos de mi casa en 2019. Entonces, un domingo de primavera, Maleno, como lo conocíamos, fue detenido por la policía municipal antes de un esfuerzo programado para localizarla. Al ser liberado un día después, mostraba signos de haber sido brutalmente golpeado. Murió a causa de sus heridas poco después.
El colectivo de búsqueda ha localizado numerosos sitios de exterminio en el Totonacapan, lugares utilizados por los cárteles para incinerar los restos de sus víctimas. Un día llevé a un ritualista indígena a uno de estos lugares. Se trataba de un rancho en medio de la selva conocido como La Gallera, donde se había encontrado un gran montón de cenizas de restos humanos y restos óseos dentro de un horno de pan.
Cuando llegó, habló de cómo las madres de los desaparecidos habían maldecido la selva porque la veían como el lugar al que llevaban a sus hijos para torturarlos, quemarlos y borrarlos del mundo. Mientras realizaba un ritual para purificar el espacio, señaló que la tierra era a la vez víctima y sobreviviente de esta violencia.
Hoy, en todo el Totonacapan, el petróleo se ha convertido en sinónimo de destrucción ecológica, violencia de los cárteles y privación de derechos políticos. El gobierno promociona a la población indígena de México con fines turísticos o de relaciones públicas, pero no ha hecho lo suficiente para ayudar a aquellos de nosotros cuyos pueblos están inundados de petróleo o asediados por el crimen organizado. En un intento por revitalizar Pemex, que está profundamente endeudada, la presidenta Claudia Sheinbaum pretende ampliar el uso de la fracturación hidráulica, o fracking, una práctica sumamente destructiva que consiste en fracturar el lecho rocoso en las profundidades de la tierra, en zonas como la mía.
Contra todo pronóstico, la gente de mi pueblo y de otras comunidades indígenas de todo México sigue avanzando, recorriendo los caminos de resistencia que nuestros antepasados abrieron con esfuerzo. Aún encuentro motivos para la esperanza cuando veo a las mujeres juntas, organizándose; a las comunidades defendiendo su territorio, a los padres buscando a sus hijos. No nos queda más remedio que luchar, porque es una lucha por nuestra supervivencia. Pero no es fácil.
Con el tiempo, el manantial donde solía bañarme se secó. Se habían instalado pequeñas tuberías alrededor de la ciudad, que nos drenaban el agua.
Aquellos manantiales habían sido nuestras fuentes de agua por generaciones, y algunas personas de Escolín aprovecharon las tuberías para robar de vuelta lo que había sido suyo. El agua que salía era diferente: estaba teñida de amarillo y olía a gas. Algunos contrataron un camión para que les llevara agua limpia, por miedo a la contaminación. Muchos de nosotros, sin embargo, no tuvimos elección. Bebimos el líquido sucio de todos modos.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2025/09/23/espanol/opinion/mexico-huachicol-petroleo.html