Se impulsa la reforma al artículo 27 constitucional para blindar el campo.
Patricia Gutiérrez Rodríguez / La Jornada de Oriente
En Puebla, la delincuencia organizada ha impuesto un cobro que alcanza hasta 10 por ciento del valor de las cosechas a campesinos y productores agrícolas, fenómeno que se extiende también a otras regiones del país y ha detonado la exigencia de una reforma urgente al artículo 27 constitucional.
José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) e integrante de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS), denunció en entrevista con La Jornada de Oriente que la situación es crítica en municipios como San Martín, Tecamachalco y parte de Teziutlán, donde “la maña” exige a los lugareños entregarle dinero.
En el marco del foro para impulsar la reforma al artículo 27 constitucional, que se realizó el sábado en la Escuela Libre de Psicología, el dirigente detalló que la extorsión por parte del crimen organizado afecta a productores de diferentes escalas y se agrava por la debilidad y abandono de las estructuras agrarias.
Añadió que las reformas previas al citado artículo restaron facultades a las asambleas ejidales, los comisariados y los consejos de vigilancia, permitiendo que estos grupos criminales, en algunos casos, designen autoridades, tomen control de los módulos de riego y dominen los procesos productivos y de comercialización.
Femat subrayó que esta dinámica impacta directamente el ingreso familiar, pues los campesinos no solo enfrentan precios bajos por sus productos sino también la obligación de entregar una parte sustancial de su trabajo a la delincuencia. El miedo a represalias mantiene a las víctimas en el silencio, lo cual dificulta dimensionar la magnitud del fenómeno. En algunos casos, los grupos delictivos llegan incluso a controlar la venta de insumos y organizar actividades económicas y sociales, como ferias o peleas de gallos, perpetuando el temor y la dependencia comunitaria.
El problema no es exclusivo de Puebla, advierte Femat. De acuerdo con lo señalado en la entrevista, estados productores como Guerrero, Chihuahua, Durango, Michoacán y Zacatecas presentan una situación similar: se cobra cuota a campesinos, se sustituye a las autoridades ejidales por imposición y se controla el acopio y la venta de productos, sin que exista la intervención eficaz de instancias federales como Profepa o Semarnat.
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La precariedad institucional y la fragmentación del tejido social han hecho que, en muchos casos, los cambios en los ejidos ya no se hagan por asamblea sino porque “alguien los designa”, evidenciando el desplazamiento de la legalidad agraria por prácticas de facto.
A pregunta expresa, Femat advirtió que la problemática, aunque más visible e intensa en ciertas regiones, ya es una constante en múltiples estados del país, afectando a la mayoría de las 32 entidades federativas, con mayor o menor gravedad.
En respuesta, la propuesta de reforma al artículo 27 constitucional –entregada por Cocyp y organizaciones aliadas a la Cámara de Diputados– busca devolver capacidades plenas a las autoridades ejidales y comunales, reconociéndolas como sujetos activos en la protección del patrimonio rural y la seguridad nacional.
Femat subrayó que sólo la autonomía de las asambleas y la actualización de figuras como las “guardias rurales” permitirán frenar el avance criminal, restaurar la legalidad y proteger la soberanía alimentaria. “No puede depender todo de la Guardia Nacional o el Ejército. Es vital empoderar a las comunidades para preservar la seguridad”.
El líder campesino destacó que fortalecer los órganos decisorios comunitarios es clave para cortar el circuito de extorsión y evitar que se consoliden redes delictivas que impactan la producción, el comercio y la vida social del medio rural. Subrayó que la crisis del campo es también el resultado de la ausencia de atención y políticas públicas del gobierno federal y estatal. Sin instancias funcionales donde presentar denuncias, los campesinos están en la indefensión.
La urgencia de la reforma constitucional, enfatizó, no solo radica en proteger a los productores y sus familias, sino en restaurar la soberanía alimentaria nacional y el equilibrio productivo. “En las condiciones actuales, la delincuencia impone precios, maneja rutas de comercialización y ha comenzado a infiltrar la vida social y política de los pueblos campesinos”, sostuvo Femat.
Cocyp se opone a la renegociación del T-MEC
Durante el foro, José Jacobo Femat afirmó que la Cocyp rechaza cualquier intento de renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Señaló que plantear más concesiones a los socios comerciales sólo haría más vulnerable al campo mexicano, debilitando la defensa de los derechos agrarios frente a grandes consorcios extranjeros y el capital especulativo.
Explicó que el T-MEC ha colocado en desventaja a los productores nacionales, permitiendo el ingreso de mercancía barata y debilitando la economía campesina.
Una renegociación que implique flexibilizar aún más los estándares productivos y regulaciones nacionales equivaldría a entregar el campo a grandes agentes económicos y facilitaría la explotación por parte de multinacionales y, por extensión, fortalecería el margen de acción de redes criminales que ya explotan a los productores locales.
Por ello, la Cocyp enfatiza que la defensa del artículo 27 constitucional debe ser el eje de la política agraria y económica para blindar los derechos y la producción nacional, fortalecer la soberanía y evitar la sujeción a intereses externos.