En las últimas décadas se han dado diferentes cambios en el ámbito político que han permitido una mayor pluralidad en nuestro país; con la iniciativa del actual Presidente se busca un nuevo rumbo
ANDRÉS BECERRIL / EXCELSIOR
CIUDAD DE MÉXICO. La historia de las instituciones electorales en México —que ayer empezó a escribirse un nuevo capítulo con la iniciativa presidencial en materia electoral— se remonta al último tramo del mandato del presidente Manuel Ávila Camacho. El 7 de enero de 1946 se publicó el decreto de la Ley Federal Electoral.
Esta ley puesta en marcha en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, como un nuevo episodio del quehacer político en el mundo, marcó el inicio de la federalización de los procesos electorales. A partir de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, las elecciones de diputados, senadores y del Ejecutivo federal empezaron a ser vigiladas.
Ese organismo estuvo integrado por el secretario de Gobernación, como su presidente, y por otros integrantes del gabinete presidencial; con dos miembros del Legislativo, un senador y un diputado, y dos comisionados de los partidos nacionales.
En ese primer instrumento electoral se mantuvo el sistema de escrutinio de mayoría relativa en distritos uninominales vigente desde 1912, pero estableció la exclusividad en la participación electoral a los partidos políticos nacionales y centralizó la organización y vigilancia de los comicios en órganos colegiados federales dominados por el gobierno.
La iniciativa gubernamental era que hubiera organizaciones más estructuradas y menos coyunturales; la idea era poder controlar el surgimiento de organizaciones políticas con características y potencial desconocido.
Con la Ley de 1946, la federalización del empadronamiento quedó a cargo del Consejo del Padrón Electoral, tarea que entonces hacían las autoridades estatales y municipales. También se crearon las Comisiones Locales Electorales, los Comités Distritales, la Junta Computadora y las
Mesas de Casilla. La Suprema Corte de Justicia tuvo la facultad de intervenir para solucionar los conflictos surgidos de la votación (es decir los cimientos del TEPJF actual).
En 1949, la ley electoral tuvo modificaciones en el aspecto de organización y vigilancia de los procesos electivos. La Suprema Corte salió de la jugada. En la modificación, la Procuraduría General de Justicia asumió las funciones que tuvo la Corte en la ley de 1946.
A partir del 4 de diciembre de 1951 hubo una nueva ley electoral. Los cambios fueron que los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión Federal Electoral pasaran de dos a uno y que los delegados de los partidos políticos de dos a tres. El Consejo del Padrón Electoral se transformó en Registro Nacional de Electores, como garantía gubernamental de apertura con los partidos políticos.
Una nueva modificación en la ley electoral se registró en 1954. El propósito fue aumentar el número de afiliados a un determinado partido político para que éste alcanzara su registro ante la autoridad electoral.
El 22 de julio de 1963, el presidente Adolfo López Mateos hizo público el decreto de reformas y adiciones al artículo 54 constitucional, con él se crearon los diputados de partido.
En la exposición de motivos de la iniciativa de re- forma se lee: “Es evidente el hecho de que no han podido encontrar acceso al Congreso de la Unión los diversos partidos políticos o las varias corrientes de opinión que actúan en la República; de ahí que, con frecuencia, se haya criticado al sistema mexicano por la falta de flexibilidad para dar oportunidad a las minorías políticas, que se duelen de que un solo partido mayoritario obtenga la casi totalidad de los puestos de representación popular.
Para consolidar la estabilidad política orgánica de que México disfruta, será un factor importante la mejor canalización, por cauces legales, de las fuerzas cívicas, en particular las minoritarias y, muy principalmente, las que, estando agrupadas en partidos políticos nacionales, actúan orgánicamente y no en forma dispersa, cuando no anárquica.”
Con esas bases se realiza la reforma, por la que se institucionaliza la representación minoritaria a través de la creación de los diputados de partido.
La debilidad de los partidos de oposición al PRI se hacía cada vez más evidente; sobre todo, en la integración de la Cámara de Diputados.
En el periodo que va de 1955 a 1964, en el cual se eligieron tres legislaturas, la oposición en conjunto obtuvo apenas 20 curules de las 483 disputadas en ese lapso. Hacia principios de los años sesenta era notorio que el sistema de mayoría simple que imperaba para todas las elecciones, amenazaba la permanencia de los partidos de oposición al PRI.
EN LOS 70
El 14 de abril de 1977, el entonces presidente de México, José López Portillo, envió una comunicación al secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, Jesús Reyes Heroles, para que este organismo, si así lo acordaba, invitara a las asociaciones políticas, instituciones académicas y ciudadanos en general, a presentar sus ideas en un marco de absoluta libertad, para que se revisaran y se estudiaran los diferentes aspectos de la reforma política que el propio Reyes Heroles había confeccionado bajo la premisa “vigorizar las instituciones políticas del país”.
El 6 de diciembre de 1977, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificó 17 artículos de la Constitución con alteraciones, que en su conjunto se denominó Reforma Política.
Esa Reforma permitió, entre otras cosas, que Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y quien presentó ayer la iniciativa presidencial de modificación a la actual ley electoral, fuera beneficiario. Fue uno de los 17 primeros legisladores pluri- nominales del país.
Después de las elecciones de 1985, que incluyeron impugnaciones de los partidos de oposición al PRI, el presidente Miguel De la Madrid abrió el debate sobre la ley electoral.
Entre las propuestas que se dieron fue modificar la estructura de la Cámara de Senadores. Lo más novedoso fue la vuelta a la elección de la mitad de los senadores cada tres años.
A través de audiencias públicas en las que se presentaron diversas propuestas; el Presi- dente envió a la LIII Legislatura una iniciativa de reforma constitucional en la materia electoral, y un nuevo Código Federal Electora, que sustituyó a la LFOPPE de 1978, mismas que fueron aprobadas en diciembre de 1986.
El nuevo Código Federal Electoral introdujo algunos cambios en relación con su antecesor LFOPPE: se suprimió el registro condicionado, permitió las coaliciones y los frentes electorales —lo que después favoreció la formación del Frente Democrático Nacional, que tuvo una gran votación en 1988—, incrementó el número de diputados plurinominales de 100 a 200, conservando en 300 el número de los diputados uninominales.
Con el beneficio del Código Federal Electoral recién aprobado se formó una coalición con los partidos PPS, PARM, PST (que en octubre de 1987 se había convertido en PF-CRN) con el nombre de Frente
Democrático Nacional y postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial.
Las elecciones del 6 de julio de 1988 fueron polémicas por el llamado fraude en favor de Salinas de Gortari. La Cámara de Diputados de la LIV Legislatura quedó integrada por 262 priistas; 101 del PAN; del PMS (que en mayo de 1989 se convirtió en PRD), 22; el PPS, 49; PARM, 30 y PFCRN, 36.
Después de las elecciones de 1988, donde las fuerzas de oposición al PRI, encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas, denunciaron un fraude a favor de Carlos Salinas de Gortari.
El 11 de octubre de 1990 en la magistratura del presidente Salinas de Gortari se creó el IFE, como órgano autónomo, aunque dependiente del gobierno; el titular de Gobernación seguía siendo quien manejaba las elecciones.
EL ZAPATISMO
En el contexto del levantamiento armado en Chiapas del 1 de enero 1994, el 16 de marzo se llegó a un acuerdo de reformas al Cofipe. Esta nueva reforma constituyó un avance en la democratización de los procesos electorales: subrayó el carácter autónomo e independiente de los organismos electorales, modificó la estructura del IFE; tipificó como delitos electorales 38 prácticas ilícitas. La propuesta más importante de estos acuerdos fue la ciudadanización del máximo órgano electoral.
El presidente Ernesto Zedillo realizó una reforma político-electoral en 1996. Hubo reformas a la Constitución, al Cofipe, a la Ley reglamentaria del artículo 105 Constitucional, a la Ley orgánica del Poder Judicial y al Código Penal.
El 4 de abril de 2014 dejó de existir el IFE y se dio vida al Instituto Nacional Electoral, INE, que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere sustituir, entre otras cosas, por el Instituto Nacional Electoral y Consultas (INEC).
cva
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Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/76-anos-de-avances-democraticos-la-vigilancia-electoral-inicio-en-1946/1512421