El gobierno del presidente Daniel Ortega revocó la personalidad jurídica de cientos de grupos religiosos como parte de su ofensiva contra las instituciones que no se someten a su autoridad.
Frances Robles / The New York Times
El gobierno de Nicaragua canceló el lunes la personalidad jurídica de 1500 organizaciones sin fines de lucro —muchas de ellas grupos religiosos evangélicos— en un esfuerzo continuado del gobierno autoritario por reprimir a las personas e instituciones que no están aliadas con las autoridades.
Más de 5000 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas grupos eclesiásticos, han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018. La medida del lunes, que abarca 1500 grupos cívicos y religiosos fue, con mucho, la más numerosa que se haya registrado en un solo día.
La medida se produjo pocos días después de que el gobierno expulsó del país a dos sacerdotes católicos que habían sido detenidos a principios de este mes.
La decisión del lunes destacó porque el gobierno del presidente Daniel Ortega hasta ahora había enfocado su enojo en la Iglesia católica, especialmente en regiones donde obispos y sacerdotes de alto perfil habían alzado la voz en contra de los abusos de los derechos humanos.
Los pastores evangélicos se habían mantenido en gran medida al margen del debate político. Pero la eliminación de cientos de sus iglesias el lunes muestra que el gobierno de Ortega está ampliando su esfuerzo por silenciar a los líderes religiosos y cerrar cualquier espacio independiente no afiliado al gobierno, dijo Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que monitorea los ataques contra las iglesias y el clero.
“Les van a confiscar todas sus propiedades”, dijo Molina, quien huyó de Nicaragua en 2021 y ahora vive en Texas. “Este es un ataque contra la libertad religiosa”.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han encabezado un régimen cada vez más autocrático que los ha visto tomar el control de prácticamente todas las instituciones gubernamentales, entre ellas la asamblea legislativa, los tribunales y las elecciones.
En 2018, cientos de miles de personas protestaron en todo el país contra los recortes a la seguridad social y la erosión de la democracia en un intento de derrocar al gobierno, pero la pareja respondió con una represión. Cientos de personas fueron asesinadas, encarceladas u obligadas a abandonar el país.
Murillo, quien actúa como vocera del gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios.
Desde aquel levantamiento, casi 250 sacerdotes, monjas, obispos y otros miembros de la Iglesia católica se han visto obligados a abandonar el país, según un informe que Molina hizo público el viernes. Algunos de ellos huyeron, pero tres obispos y 136 sacerdotes fueron expulsados.
La región de Matagalpa tenía tradicionalmente alrededor de 71 sacerdotes, pero ahora solo quedan 13, dijo.
El año pasado se cerró una universidad jesuita, que pasó a manos del gobierno, y en junio de este año se impusieron multas exorbitantes a 20 iglesias protestantes.
El Ministerio del Interior nicaragüense cerró las organizaciones esta semana, alegando que no habían cumplido con sus obligaciones legales de informar sobre sus finanzas, según un aviso publicado en la gaceta oficial del gobierno.
En la notificación se enumeraban las 1500 organizaciones, entre las que había cientos de pequeños grupos religiosos, muchos de ellos afiliados a iglesias pentecostales y bautistas.
El gobierno utiliza un marco jurídico represivo para perseguir a las comunidades católica y protestante mediante detenciones, encarcelamientos y confiscación de bienes, según un informe de junio de la Comisión de EE. UU. para la Libertad Religiosa Internacional, comisión gubernamental que supervisa el derecho universal a la libertad de religión o creencia en el extranjero. Según el informe, las leyes supuestamente destinadas a combatir el terrorismo y el lavado de dinero se utilizan, en cambio, para anular arbitrariamente la personalidad jurídica y confiscar los bienes de estos grupos.
El poder legislativo, controlado por el gobierno, aprobó varias leyes que establecían requisitos onerosos de información financiera para las organizaciones sin ánimo de lucro, lo que ha dificultado su cumplimiento. Incluso las organizaciones caritativas católicas se han enfrentado a acusaciones de lavado de dinero.
El informe de junio de la comisión de EE. UU. decía que el gobierno de Nicaragua ha emprendido acciones cada vez más represivas contra las comunidades protestantes. Miembros de las iglesias evangélicas y de la Iglesia Morava fueron amenazados, y sus servicios fueron prohibidos o visiblemente vigilados, señalaba el informe.
“Creo que la iglesia en Nicaragua siempre ha estado del lado de la verdad”, dijo Félix Navarrete, un abogado nicaragüense y activista de la Iglesia católica que huyó poco después del levantamiento de 2018 y ahora es el coordinador del ministerio hispano de la Arquidiócesis de Indianápolis.
“Uno de los mayores temores del gobierno es que a través de los líderes religiosos, el pueblo de Nicaragua pueda tener un cambio”, dijo. “Están tratando de evitar eso a toda costa”.
Frances Robles es periodista de investigación que cubre Estados Unidos y América Latina. Ha sido periodista durante más de 30 años.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2024/08/19/espanol/nicaragua-ong-ortega.html