{"id":134160,"date":"2026-11-11T08:19:17","date_gmt":"2026-11-11T14:19:17","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=134160"},"modified":"2026-11-11T08:19:17","modified_gmt":"2026-11-11T14:19:17","slug":"opinion-derechos-en-riesgo-lo-que-la-onu-pregunto-a-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/opinion-derechos-en-riesgo-lo-que-la-onu-pregunto-a-mexico\/","title":{"rendered":"Opini\u00f3n | Derechos en riesgo: lo que la ONU pregunt\u00f3 a M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por Luis Armando Soriano Peregrina<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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@luissorianoVC<\/a><\/p>\n\n\n\n

La violencia no se queda en las cifras de homicidios ni en los reportes de seguridad. Tambi\u00e9n puede cerrar una cl\u00ednica, interrumpir la vacunaci\u00f3n, obligar a una familia a abandonar su casa o hacer que ni\u00f1as y ni\u00f1os dejen la escuela. Ese v\u00ednculo entre violencia y derechos sociales estuvo presente en la revisi\u00f3n que el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas hizo a M\u00e9xico del 2 al 5 de noviembre de 2026.<\/p>\n\n\n\n

Conviene distinguir este examen del Examen Peri\u00f3dico Universal, conocido como EPU. El EPU revisa la situaci\u00f3n general de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU, bajo el Consejo de Derechos Humanos. La revisi\u00f3n a inicios del mes de noviembre 2027, estuvo a cargo de un comit\u00e9 especializado y se centr\u00f3 en las obligaciones que M\u00e9xico asumi\u00f3 al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales. Son mecanismos diferentes, pero ambos permiten contrastar los compromisos de un Estado con la realidad que viven las personas.<\/p>\n\n\n\n

Las preguntas del Comit\u00e9 mostraron que la violencia puede afectar derechos que, a primera vista, parecen alejados de la seguridad. Las personas expertas preguntaron por regiones donde el personal m\u00e9dico teme acudir a trabajar y donde eso puede repercutir en la vacunaci\u00f3n. Tambi\u00e9n preguntaron por familias que han tenido que huir de sus hogares debido a la actividad de grupos criminales. Y pusieron sobre la mesa la situaci\u00f3n de familiares de personas desaparecidas: algunas pierden sus medios de vida y su salud se deteriora; sus hijas e hijos pueden abandonar la escuela, si que exista instancia p\u00fablica que vea por est\u00e1s personas.<\/p>\n\n\n\n

Estas preguntas obligan a mirar la violencia en toda su dimensi\u00f3n. Cuando una persona deja de recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica porque la cl\u00ednica no puede operar con normalidad, el problema no es exclusivamente de seguridad. Cuando una familia abandona su vivienda, tambi\u00e9n quedan en riesgo su estabilidad, su acceso a servicios y sus posibilidades de sostenerse. Y cuando la b\u00fasqueda de una persona desaparecida absorbe el tiempo y los recursos de sus familiares, el impacto puede alcanzar el trabajo, la salud y la educaci\u00f3n de toda la familia.<\/p>\n\n\n\n

Por eso, hablar de derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales no significa hablar de asuntos secundarios. La salud, la educaci\u00f3n, la vivienda y el trabajo son condiciones para llevar una vida digna. Si la violencia impide acceder a ellas, el Estado tiene el deber de responder de manera coordinada y efectiva. No basta con que esos derechos est\u00e9n reconocidos en las leyes: deben poder ejercerse tambi\u00e9n en las comunidades m\u00e1s expuestas.<\/p>\n\n\n\n

El Comit\u00e9 expres\u00f3 preocupaci\u00f3n por los asesinatos, las desapariciones y los ataques contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, as\u00ed como contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Durante el di\u00e1logo, la delegaci\u00f3n mexicana inform\u00f3 que alrededor de 2 mil 300 personas defensoras hab\u00edan recibido beneficios de programas de protecci\u00f3n, incluidas 400 defensoras ambientales. Esa cifra corresponde a lo expuesto por el Gobierno. Por s\u00ed sola, no permite saber si las medidas llegan a tiempo, si responden al nivel de riesgo ni si ofrecen seguridad duradera. La pregunta relevante es qu\u00e9 protecci\u00f3n reciben las personas en peligro y qu\u00e9 ocurre despu\u00e9s de que se activa una medida.<\/p>\n\n\n\n

El examen tambi\u00e9n registr\u00f3 avances que el Comit\u00e9 reconoci\u00f3, entre ellos la reducci\u00f3n de la pobreza y el aumento del salario m\u00ednimo. Reconocer esos avances es necesario; tambi\u00e9n lo es examinar las brechas que persisten. Al cierre del di\u00e1logo, el experto que encabez\u00f3 la revisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que M\u00e9xico cuenta con un marco institucional y normativo amplio, pero necesita reducir la distancia entre las normas y la realidad. El Comit\u00e9 preparar\u00eda sus observaciones finales, con tres recomendaciones prioritarias para los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Esa distancia entre las obligaciones y la vida cotidiana debe orientar el seguimiento. Propongo mirar la respuesta p\u00fablica en cuatro momentos que se complementan: prevenci\u00f3n, reacci\u00f3n inmediata, acompa\u00f1amiento y reincorporaci\u00f3n a la vida cotidiana, social y productiva.<\/p>\n\n\n\n

Prevenir requiere identificar d\u00f3nde coinciden la violencia y las barreras para recibir servicios: cl\u00ednicas sin personal suficiente, escuelas con asistencia interrumpida, comunidades aisladas o familias desplazadas. Esa informaci\u00f3n debe servir para preparar alternativas de atenci\u00f3n y continuidad educativa, con participaci\u00f3n de las personas que conocen las condiciones del territorio.<\/p>\n\n\n\n

La reacci\u00f3n inmediata significa actuar cuando una cl\u00ednica deja de operar, una comunidad queda aislada o una familia debe abandonar su hogar. Las autoridades deben coordinarse para proteger a las personas y mantener, hasta donde sea posible, los servicios esenciales. No puede recaer en cada familia la tarea de resolver por s\u00ed sola una emergencia que compromete sus derechos.<\/p>\n\n\n\n

El acompa\u00f1amiento implica brindar informaci\u00f3n clara, orientaci\u00f3n, atenci\u00f3n psicosocial y continuidad en los servicios a las familias de personas desaparecidas, a las personas defensoras y a las comunidades desplazadas. Tambi\u00e9n supone escucharlas e incluirlas en las decisiones que afectan sus vidas. Una respuesta que no toma en cuenta su experiencia puede dejar intactas las causas del da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la reincorporaci\u00f3n debe ayudar a reconstruir proyectos de vida. Si una familia perdi\u00f3 su vivienda, su trabajo o la continuidad escolar de sus hijas e hijos, una ayuda aislada puede ser insuficiente. La respuesta debe considerar qu\u00e9 hace falta para recuperar la estabilidad, respetando las necesidades y decisiones de cada persona.<\/p>\n\n\n\n

La revisi\u00f3n del Comit\u00e9 no fue una sentencia ni una sanci\u00f3n. Fue un di\u00e1logo de supervisi\u00f3n internacional, y ahora corresponde leer sus observaciones finales y dar seguimiento a sus recomendaciones. Habr\u00e1 que preguntar qu\u00e9 autoridades deben actuar, qu\u00e9 recursos se destinan y qu\u00e9 cambios concretos se alcanzan.<\/p>\n\n\n\n

La pregunta de fondo permanece: \u00bfc\u00f3mo garantizar los derechos cuando la violencia impide llegar a una cl\u00ednica, asistir a la escuela o permanecer en el propio hogar? La respuesta exige prevenir, actuar a tiempo, acompa\u00f1ar a quienes enfrentan el da\u00f1o y apoyar la reconstrucci\u00f3n de sus vidas. Los compromisos internacionales adquieren sentido cuando se convierten en protecci\u00f3n efectiva y servicios accesibles para las personas y comunidades.<\/p>\n\n\n\n

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+ OPINI\u00d3N: Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor<\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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