{"id":133905,"date":"2026-11-07T11:07:27","date_gmt":"2026-11-07T17:07:27","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=133905"},"modified":"2026-11-07T11:07:28","modified_gmt":"2026-11-07T17:07:28","slug":"opinion-el-dinero-municipal-tambien-es-cuestion-de-derechos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/opinion-el-dinero-municipal-tambien-es-cuestion-de-derechos\/","title":{"rendered":"Opini\u00f3n | El dinero municipal tambi\u00e9n es cuesti\u00f3n de derechos"},"content":{"rendered":"\n
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Por Luis Soriano Peregrina \/ Voz Ciudadana<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

@LuisSorianoVC<\/a> <\/p>\n\n\n\n

En la conversaci\u00f3n p\u00fablica sobre corrupci\u00f3n, las cifras suelen imponerse a las personas. Se habla de millones observados, contratos, facturas y expedientes. Sin embargo, cada peso p\u00fablico tiene un destino que debe poder explicarse y, en \u00faltima instancia, relacionarse con una necesidad colectiva. Por eso la fiscalizaci\u00f3n municipal no es solo un ejercicio contable: tambi\u00e9n es una condici\u00f3n para proteger derechos y servicios.<\/p>\n\n\n\n

El 30 de octubre de 2026, la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n present\u00f3 la segunda entrega de resultados sobre la Cuenta P\u00fablica 2025. Su portal oficial registra 374 informes individuales en esta entrega. La cobertura incluye 42 auditor\u00edas municipales y alcald\u00edas. En la presentaci\u00f3n del auditor, reportada por La Jornada, se inform\u00f3 que lo que se refiere a los estados de la Rep\u00fablica, dijo, \u201cse registraron m\u00e1s de mil 200 mdp pendientes de aclarar, principalmente en los sectores educativo y de salud\u201d. En ese marco, resalt\u00f3 que \u201cantes de la conclusi\u00f3n de nuestras revisiones, las entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos, principalmente Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de M\u00e9xico, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California\u201d y que m\u00e1s de 5 mil 200 millones de pesos quedaron pendientes de aclaraci\u00f3n en esas revisiones municipales; el total de recursos por aclarar en la entrega super\u00f3 los 9 mil millones. Aqu\u00ed la nota https:\/\/www.jornada.com.mx\/noticia\/2026\/10\/30\/politica\/asf-encontro-mas-de-9-mil-mdp-por-aclarar-en-la-cuenta-publica-2025.<\/a><\/p>\n\n\n\n

La precisi\u00f3n importa. \u201cPendiente de aclaraci\u00f3n\u201d no significa, autom\u00e1ticamente, que el dinero se rob\u00f3. Puede haber documentaci\u00f3n incompleta, registros que deben conciliarse, recursos por reintegrar u otras situaciones que deben resolverse mediante el procedimiento de fiscalizaci\u00f3n. Afirmar un delito antes de que exista una determinaci\u00f3n ser\u00eda injusto y jur\u00eddicamente irresponsable. Pero tampoco debemos minimizar la se\u00f1al: si una autoridad no puede mostrar con claridad el destino de fondos p\u00fablicos, la ciudadan\u00eda tiene motivos para exigir explicaci\u00f3n, seguimiento y resultados.<\/p>\n\n\n\n

La relevancia municipal nace de la proximidad. El gobierno local es, para muchas personas, la cara m\u00e1s inmediata del Estado. Una calle sin reparar, una red de drenaje inconclusa, la falta de alumbrado o la recolecci\u00f3n irregular de residuos forman parte de la experiencia diaria de seguridad, salud, movilidad y dignidad. La fiscalizaci\u00f3n no demuestra por s\u00ed misma que una falla de servicio se haya producido por corrupci\u00f3n; s\u00ed permite preguntar si el gasto cumpli\u00f3 su prop\u00f3sito y si existe una ruta para corregir lo que no funcion\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El contexto comparado refuerza la necesidad de atender el problema sin exagerar lo que miden los indicadores. En el \u00cdndice de Percepci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n 2025, M\u00e9xico obtuvo 27 puntos sobre 100, frente a un promedio de 42 para las Am\u00e9ricas. Colombia obtuvo 37 y Brasil, 35. El \u00edndice re\u00fane percepciones sobre corrupci\u00f3n del sector p\u00fablico con base en distintas fuentes; no contabiliza p\u00e9rdidas presupuestales ni prueba casos individuales. Su valor est\u00e1 en ofrecer una comparaci\u00f3n sobre el entorno de integridad y rendici\u00f3n de cuentas. La distancia respecto del promedio regional invita a fortalecer instituciones confiables y verificables.<\/p>\n\n\n\n

La confianza p\u00fablica tambi\u00e9n depende de los servicios. La encuesta de la OCDE sobre instituciones en Am\u00e9rica Latina y el Caribe report\u00f3 que 40 por ciento de las personas consultadas estaba satisfecha con los servicios de salud y 50 por ciento con la educaci\u00f3n; solo 31 por ciento consideraba probable que las personas servidoras p\u00fablicas rechazaran un soborno. Son promedios regionales, no cifras nacionales mexicanas. Aun as\u00ed, revelan un v\u00ednculo importante: la integridad p\u00fablica y la experiencia concreta de recibir servicios est\u00e1n conectadas en la percepci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n\n\n\n

La primera respuesta debe ser preventiva. Publicar contratos, modificaciones, proveedores, avances f\u00edsicos y pagos en formatos que se puedan comparar reduce espacios de opacidad. La vigilancia no debe depender \u00fanicamente de auditor\u00edas posteriores: cada proyecto necesita evidencia desde su inicio, responsables identificables, criterios de calidad y mecanismos para detectar retrasos o cambios de costo. En municipios con recursos t\u00e9cnicos limitados, la federaci\u00f3n y los estados pueden ofrecer plataformas comunes, capacitaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento; exigir controles sin brindar herramientas solo produce tr\u00e1mites de papel.<\/p>\n\n\n\n

La segunda respuesta es reaccionar a tiempo. Ante una observaci\u00f3n, las autoridades deben conservar documentos, inspeccionar obras y servicios, pedir aclaraciones dentro de plazos p\u00fablicos y remitir indicios a las instancias competentes. La investigaci\u00f3n debe ser independiente y respetar el debido proceso. La ciudadan\u00eda necesita conocer el estatus: qu\u00e9 se observ\u00f3, qu\u00e9 respondi\u00f3 el ente fiscalizador y qu\u00e9 resoluci\u00f3n se tom\u00f3. La rendici\u00f3n de cuentas no sirve si el hallazgo queda suspendido en un lenguaje t\u00e9cnico que nadie puede consultar.<\/p>\n\n\n\n

La tercera es acompa\u00f1ar a las comunidades. Las personas usuarias de un servicio pueden aportar informaci\u00f3n que no aparece en una factura: una obra que no opera, un equipo que nunca lleg\u00f3, una calle que se reporta como terminada, pero sigue intransitable. Deben existir canales accesibles y seguros para comunicarlo, con protecci\u00f3n frente a represalias y respuesta institucional verificable. La participaci\u00f3n ciudadana no reemplaza la auditor\u00eda profesional; la complementa con conocimiento del territorio.<\/p>\n\n\n\n

La cuarta respuesta es reparar y reincorporar. Si una irregularidad comprobada dej\u00f3 a una comunidad sin infraestructura o servicio, resolver el expediente no basta. Hay que restablecer la prestaci\u00f3n, terminar o corregir la obra, recuperar los recursos que legalmente correspondan y atender el impacto sobre la vida cotidiana y productiva. Para medir el \u00e9xito hacen falta dos tableros: uno financiero \u2014aclaraciones, reintegros, responsabilidades y tiempos\u2014 y otro social \u2014servicios restablecidos, proyectos concluidos y afectaciones atendidas\u2014.<\/p>\n\n\n\n

La continuidad administrativa es igualmente urgente. Cada cambio de gobierno debe asegurar la entrega de contratos, bit\u00e1coras, comprobantes, inventarios y bases de datos en sistemas respaldados. Los archivos no son propiedad de una administraci\u00f3n: son parte de la memoria p\u00fablica y de la capacidad de saber qu\u00e9 se hizo con el presupuesto. Un expediente completo protege el patrimonio colectivo y tambi\u00e9n a las personas servidoras p\u00fablicas que actuaron correctamente.<\/p>\n\n\n\n

Los 5 mil 200 millones pendientes de aclaraci\u00f3n son una se\u00f1al que merece seguimiento y precisi\u00f3n, no un veredicto anticipado. El debate debe evitar dos errores: llamar culpable a quien a\u00fan debe responder y aceptar que las dudas permanezcan sin respuesta. Fiscalizar es abrir la puerta a la verdad administrativa; sancionar requiere pruebas y debido proceso; reparar exige mirar a las personas afectadas. La integridad municipal alcanza su prop\u00f3sito cuando el dinero p\u00fablico puede seguirse hasta convertirse en servicios dignos, y cuando la poblaci\u00f3n puede exigir que se corrija lo que no lleg\u00f3 a destino.<\/p>\n\n\n\n

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+ OPINI\u00d3N: Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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