{"id":117055,"date":"2026-02-20T10:49:10","date_gmt":"2026-02-20T16:49:10","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=117055"},"modified":"2026-02-20T10:49:12","modified_gmt":"2026-02-20T16:49:12","slug":"opinion-el-embudo-de-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/opinion-el-embudo-de-la-justicia\/","title":{"rendered":"Opini\u00f3n | El embudo de la justicia"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Por Javier Cobos Fern\u00e1ndez<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

@jcobosfernandez<\/p>\n\n\n\n

La historia institucional de M\u00e9xico<\/strong> confirma una idea simple: cuando el sistema de justicia<\/strong> deja de ser predecible, el costo se traslada a toda la econom\u00eda. En febrero de 2026, el pa\u00eds enfrenta un problema que ya no es solo de \u201cpercepci\u00f3n\u201d<\/strong> sobre el Poder Judicial<\/strong>, sino de capacidad operativa, tiempos de respuesta y estabilidad de las medidas cautelares que sostienen la tutela judicial efectiva.<\/p>\n\n\n\n

Productividad judicial: se\u00f1ales tempranas de una contracci\u00f3n operativa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La discusi\u00f3n p\u00fablica<\/strong> sobre la reforma judicial<\/strong> suele concentrarse en su arquitectura pol\u00edtica; sin embargo, la variable decisiva para el Estado de derecho es la productividad jurisdiccional<\/strong>: cu\u00e1ntos asuntos ingresan, cu\u00e1ntos se resuelven y en qu\u00e9 plazos. En ese plano, existen se\u00f1ales tempranas de contracci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Una serie reportada en prensa econ\u00f3mica \u2014atribuida a datos de la Direcci\u00f3n General de Estad\u00edstica Judicial<\/strong>\u2014 describe que, en un periodo de seis meses, el volumen de asuntos resueltos habr\u00eda disminuido de 190,201 en octubre a 126,415 en noviembre; 110,031 en diciembre; y 94,563 en enero de 2026.<\/p>\n\n\n\n

En paralelo, se compara con 202,258 asuntos resueltos<\/strong> en diciembre de 2024 y 183,563 en enero de 2025, concluyendo una reducci\u00f3n aproximada de 53% en seis meses (El Economista, 2026-02-17). Esta cifra debe manejarse con cautela \u2014por su car\u00e1cter period\u00edstico y opinativo<\/strong>\u2014, pero es \u00fatil para ilustrar el riesgo central: una transici\u00f3n institucional que coincide con un descenso material en la capacidad de egreso de asuntos.<\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos de rezago, una nota previa report\u00f3 que, hacia junio de 2025, los juzgados y tribunales colegiados federales<\/strong> acumulaban \u201cm\u00e1s de un mill\u00f3n\u201d de asuntos pendientes, adem\u00e1s de 1,248 asuntos en Pleno y Salas de la Suprema Corte, y m\u00e1s de 150,000 asuntos contenciosos en juzgados laborales (El Economista, 2025-06-14). Si ese nivel de inventario se <\/strong>mantiene \u2014o crece\u2014, una ca\u00edda en el \u201cthroughput<\/strong>\u201d (asuntos resueltos por periodo) incrementa inevitablemente el tiempo promedio de resoluci\u00f3n, aun sin que aumente la entrada de nuevos casos.<\/p>\n\n\n\n

Para dimensionar la escala institucional<\/strong> de la impartici\u00f3n de justicia<\/strong>, conviene sumar una fuente estad\u00edstica oficial: el Censo Nacional de Impartici\u00f3n de Justicia Federal y Estatal (CNIJF-E) 2025 del INEGI reporta que, en 2024, el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n<\/strong> se integr\u00f3 por 1,512 \u00f3rganos, y que el conjunto de poderes judiciales estatales cont\u00f3 con 5,470 \u00f3rganos, con predominio de \u00f3rganos jurisdiccionales (INEGI, 2025). La lectura es clara: el sistema es grande<\/strong>, pero tambi\u00e9n altamente demandado; por ello, cualquier disfunci\u00f3n en su operaci\u00f3n se traduce r\u00e1pidamente en \u201cembudos\u201d procesales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Reforma al juicio de amparo y la suspensi\u00f3n: de instrumento de tutela a medida m\u00e1s restrictiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El juicio de amparo es, en la pr\u00e1ctica, el dispositivo <\/strong>m\u00e1s sensible de contenci\u00f3n del poder p\u00fablico y de protecci\u00f3n patrimonial frente a actos de autoridad. Por ello, no basta afirmar que \u201cya no hay suspensiones\u201d; lo jur\u00eddicamente correcto es precisar qu\u00e9 cambi\u00f3 y c\u00f3mo afecta la predictibilidad de la tutela cautelar.<\/p>\n\n\n\n

El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 16 de octubre de 2025 reform\u00f3 y adicion\u00f3 disposiciones de la Ley de Amparo<\/strong> (C\u00e1mara de Diputados, 2025). Entre los cambios relevantes para el an\u00e1lisis de certidumbre jur\u00eddica est\u00e1 el refuerzo del est\u00e1ndar de decisi\u00f3n cautelar.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 128 incorpora la exigencia de un \u201can\u00e1lisis ponderado\u201d<\/strong> y expl\u00edcito de los elementos que sostienen la medida, cuando la naturaleza del acto lo permita, con motivaci\u00f3n expresa y justificada (Ley de Amparo, art. 128, reforma DOF 16-10-2025). En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, esto desplaza la suspensi\u00f3n desde una l\u00f3gica m\u00e1s \u201cpresuntiva\u201d hacia una l\u00f3gica m\u00e1s intensa de motivaci\u00f3n y ponderaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A la par, la propia ley mantiene restricciones estructurales<\/strong>: por ejemplo, en juicios de amparo contra normas generales, \u201cen ning\u00fan caso la suspensi\u00f3n podr\u00e1 concederse con efectos generales\u201d (Ley de Amparo, art. 148). Esto significa que, aun concedida, la medida t\u00edpicamente no produce una paralizaci\u00f3n general del orden normativo, sino una tutela esencialmente individual o acotada a quienes acrediten inter\u00e9s y afectaci\u00f3n. En un entorno de alta litigiosidad regulatoria<\/strong>, este dise\u00f1o ampl\u00eda la dispersi\u00f3n de riesgos: la empresa o el particular que no promueve o no logra acreditar requisitos puede quedar expuesto a la ejecuci\u00f3n del acto o la norma<\/strong>, mientras otros litigantes obtienen una tutela limitada a su caso.<\/p>\n\n\n\n

Por tanto, el efecto real de las reformas no es \u201cimposibilitar\u201d suspensiones<\/strong>, sino volverlas m\u00e1s exigentes, m\u00e1s costosas (en t\u00e9rminos de prueba y argumentaci\u00f3n t\u00e9cnica) y, sobre todo, menos homog\u00e9neas. La consecuencia macro <\/strong>es previsible: mayor incertidumbre sobre el *timing* y la probabilidad de tutela cautelar; y, con ello, m\u00e1s incentivos para evitar litigios largos cuando hay alternativas.<\/p>\n\n\n\n

Certidumbre jur\u00eddica y desarrollo econ\u00f3mico: el canal de transmisi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La certidumbre jur\u00eddica<\/strong> no es un concepto ret\u00f3rico; es un insumo econ\u00f3mico medible en la conducta de inversi\u00f3n. Cuando las empresas anticipan que un conflicto tardar\u00e1 demasiado o que una medida cautelar es impredecible, ajustan su estrategia<\/strong>: elevan primas de riesgo, posponen CAPEX, o migran controversias hacia mecanismos privados.<\/p>\n\n\n\n

Esa conducta ya se observa en la conversaci\u00f3n p\u00fablica reciente<\/strong>. Medios financieros han reportado que empresas han comenzado a evitar acudir a tribunales en M\u00e9xico y a preferir arbitraje o mediaci\u00f3n ante la incertidumbre posterior a la reforma judicial, citando incluso a actores relevantes del propio sistema (El Financiero, 2026-02-12).<\/p>\n\n\n\n

En la misma l\u00ednea, el diario Reforma<\/em> public\u00f3 que empresas evitan recurrir a tribunales y optan por arbitraje\/mediaci\u00f3n<\/strong> tras la reforma (Reforma, 2026-02-13\/2026-02-??, acceso con suscripci\u00f3n). Aunque una nota period\u00edstica no sustituye una medici\u00f3n econom\u00e9trica<\/strong>, s\u00ed es evidencia verificable de un cambio de expectativas que, en econom\u00eda institucional, es el primer paso hacia una reasignaci\u00f3n real de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed opera un canal cl\u00e1sico<\/strong>: (i) ca\u00edda o estancamiento de productividad judicial \u2192 (ii) incremento de plazos esperados y costos de litigio \u2192 (iii) menor efectividad y predictibilidad de medidas cautelares \u2192 (iv) aumento del riesgo jur\u00eddico percibido \u2192 (v) sustituci\u00f3n de litigio por ADR (o desistimiento) y ajuste de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Salida institucional: redise\u00f1ar la gesti\u00f3n del conflicto, no esperar la sentencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En un contexto de embudo, la salida no puede depender solo del \u201ctiempo\u201d para que el sistema absorba rezagos<\/strong>; requiere ingenier\u00eda legal preventiva y mecanismos de soluci\u00f3n anticipada. En ese terreno, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Soluci\u00f3n de Controversias (DOF 26-01-2024) ofrece un marco habilitante para mediaci\u00f3n, conciliaci\u00f3n<\/strong> y otras formas de gesti\u00f3n del conflicto<\/strong> en el \u00e1mbito p\u00fablico y privado (C\u00e1mara de Diputados, 2024). La propia ley prev\u00e9 infraestructura, requerimientos tecnol\u00f3gicos y registros de personas facilitadoras, con \u00e9nfasis en accesibilidad y operaci\u00f3n presencial o en l\u00ednea (LGMASC, arts. 23\u201326).<\/p>\n\n\n\n

Para empresas y titulares de activos<\/strong>, esto implica un cambio de paradigma: la certidumbre ya no se busca \u00fanicamente en la sentencia futura, sino en la arquitectura contractual y procesal que minimiza la litigiosidad y, cuando \u00e9sta aparece, la canaliza a rutas m\u00e1s r\u00e1pidas y ejecutables: cl\u00e1usulas arbitrales, escalonamiento de controversias (negociaci\u00f3n\/mediaci\u00f3n\/arbitraje), compliance <\/em>probatorio (trazabilidad documental) y, en el sector p\u00fablico, estrategias de gesti\u00f3n regulatoria<\/strong> con evidencia robusta para sostener, desde el inicio, los requisitos cautelares reforzados del art\u00edculo 128 de la Ley de Amparo.<\/p>\n\n\n\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La reforma judicial<\/strong> y las modificaciones al juicio de amparo <\/strong>no deben evaluarse solo por su narrativa pol\u00edtica, sino por su impacto en productividad<\/strong> y tutela cautelar.<\/strong> Las se\u00f1ales verificables disponibles hoy (rezagos reportados superiores al mill\u00f3n de asuntos en 2025; y reportes period\u00edsticos de ca\u00edda relevante en asuntos resueltos hacia enero de 2026) justifican un diagn\u00f3stico de riesgo: menor capacidad de egreso y mayor incertidumbre en tiempos. En paralelo, la reforma a la suspensi\u00f3n<\/strong> en amparo exige una litigaci\u00f3n m\u00e1s t\u00e9cnica, intensiva en prueba y motivaci\u00f3n, lo que reduce la previsibilidad para agentes econ\u00f3micos. El efecto agregado es una p\u00e9rdida de certidumbre<\/strong> que, sin necesidad de hip\u00f3tesis, ya se refleja en reportes verificables sobre empresas que migran a arbitraje y mediaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En un M\u00e9xico con embudos jurisdiccionales<\/strong>, la mejor defensa no es \u201cesperar\u201d la justicia: es dise\u00f1arla preventivamente \u2014en contratos, cumplimiento, gesti\u00f3n del riesgo y mecanismos alternativos\u2014 para sostener inversi\u00f3n<\/strong>, continuidad operativa<\/strong> y estabilidad patrimonial<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Referencias<\/strong>
C\u00e1mara de Diputados del H. Congreso de la Uni\u00f3n. (2024, 26 de enero). Ley General de Mecanismos Alternativos de Soluci\u00f3n de Controversias<\/a>.
C\u00e1mara de Diputados del H. Congreso de la Uni\u00f3n. (2025, 16 de octubre). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo… (Edici\u00f3n Vespertina<\/a>, DOF 16-10-2025).
El Economista. (2025, 14 de junio). Advierten que habr\u00e1 rezago en el Poder Judicial, acompa\u00f1ado de una enorme espiral de impunidad.<\/a> 
El Economista. (2026, 17 de febrero). El Poder Judicial, cada vez m\u00e1s lejos del pueblo<\/a> (Opini\u00f3n).
El Financiero. (2026, 12 de febrero). Empresas reh\u00fayen a jueces tras la reforma judicial; los empresarios est\u00e1n preocupados<\/a>, dice Laynez.
Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda (INEGI). (2025). Censo Nacional de Impartici\u00f3n de Justicia Federal y Estatal (CNIJF-E) 2025: Resultados. https:\/\/www.inegi.org.mx\/contenidos\/programas\/cnijf\/2025\/doc\/cnijf_2025_resultados.pdf<\/a>
Reforma. (2026, febrero). Evitan empresas demandas en M\u00e9xico tras reforma judicial.<\/a>
Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN). (2025, octubre; comp. 2025-11). Ley de Amparo, Reglamentaria de los art\u00edculos 103 y 107 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 16-10-2025<\/a>, versi\u00f3n compilada) <\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

+ OPINI\u00d3N : Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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