Por Fernando Manzanilla Prieto
Hace unos días nos enteramos de la preocupante deserción escolar en todo el país y que, en Puebla, al menos 100 mil alumnos abandonaron la escuela por no contar con las condiciones necesarias para tomar clases a distancia, específicamente, una televisión digital o una computadora.
Bueno, pues ahora nos enteramos que, al inicio de la pandemia, el gobierno del estado de Puebla decidió gastar 560 millones de pesos en la compra de uniformes escolares que nadie iba a necesitar este año ya que, como en el resto del planeta, la pandemia obligó a todos a impartir las clases ¡a distancia!
Se supone que la responsabilidad de la autoridad es garantizar el acceso pleno a la educación. Y si ésta se va a realizar bajo la modalidad a distancia, es su obligación destinar los pocos recursos con los que cuenta a generar las condiciones necesarias para que nadie se quede sin acceso a clases remotas. Esos 560 millones que se gastaron en uniformes bien hubieran alcanzado para adquirir o rentar 100 mil computadoras con conexión a internet o para 100 mil televisores digitales; y tal vez ahora no estaríamos hablando de 100 mil niñas y niños poblanos que tuvieron que abandonar la escuela.
Se podrá argumentar que no se pierde nada si este año no se usan los uniformes adquiridos y que, seguramente, más adelante le quedarán a alguien más y los podrán usar en el siguiente ciclo escolar. El tema es que mientras son peras o son manzanas miles de madres y padres de familia viven momentos de angustia porque sus hijas e hijos no tienen los medios para recibir la educación básica que necesitan para salir adelante.
Como ya lo he dicho en otros espacios, era previsible que se presentara una alta deserción escolar. Pero también desde que se anunció el programa Aprende en Casa, advertí que, como sociedad, no podíamos permitir que una niña o niño se quedara sin educación por no tener televisión digital.
Si no queremos que esta crisis se profundice y se traduzca en mayor pobreza y desigualdad, es responsabilidad de la autoridad educativa reparar el error y hacer valer el derecho constitucional de que la educación impartida por el Estado, además de obligatoria, laica y gratuita, sea verdaderamente universal e inclusiva.
Cuando en todo el mundo las autoridades sanitarias tomaban la decisión de no permitir clases presenciales, aquí en Puebla se decidía comprar uniformes a pesar de la inminente emergencia sanitaria y la alta probabilidad de que se decidiera no impartir clases en las aulas, como de hecho ocurrió. Haber destinado 560 millones de pesos a un rubro que no era necesario, en medio de una pandemia, fue una muestra más de incompetencia y falta de visión de parte del equipo de gobierno.
Creo que las madres y padres de familia de los 100 mil alumnos que tuvieron que abandonar la escuela se merecen una explicación. Al igual que con el tema de las patrullas, muchos cuestionamos desde el principio esta decisión de política pública, a todas luces errónea e insensible. Estamos hablando de la educación y, por tanto, del futuro de 100 mil niñas y niños poblanos. Y cuando se trata de la formación y desarrollo de las nuevas generaciones, un año sin educación puede tener efectos devastadores.