MUNDO NUESTRO

Francisco Vélez Pliego, quien en días recientes anunció su ánimo por participar en la contienda electoral por la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha hecho hoy una severa crítica al proceso que vive la universidad pública poblana hacia la elección del próximo 20 de septiembre.

El proceso, dicho el ex-director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, “se ha visto empañado por la promoción de acciones ilegales por parte del rectorado, como lo es la posposición de la renovación del Consejo Universitario y la convocatoria a la elección de rector en condiciones que no ofrecen certeza jurídica y transparencia en sus resultados; la secrecía del voto está comprometida de origen; no ofrece la participación libre, informada y democrática de los sectores; la equitativa y libre deliberación de los planes de trabajo que los aspirantes puedan someter a consideración de las comunidades académicas.”

Y ha anunciado  que promoverá “algunas acciones jurídicas para intentar que se regrese a la legalidad”. De lo contrario, afirma el académico, no participará “en actos o acciones que convaliden el camino de la ilegalidad y la simulación que el rectorado ha promovido.”

Aquí el texto en el que ha daddo a conocer este martes 24 de agosto su postura:

Texto del Doctor Francisco Vélez Pliego en el cierre del foro “Los retos de la educacin superior hacia una agenda de transformaciòn. Bases para una Plataforma Programática para la BUAP”.

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN OCASIÓN DE  LA RENOVACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y DEL RECTORADO EN LA BUAP 2021

En el mes de marzo del presente año,  la comunidad  universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla debió elegir a los integrantes de su Consejo Universitario para un nuevo período de funciones, elección a la cual el actual Rector debió convocar de conformidad con el Estatuto Orgánico; este órgano, máxima autoridad de nuestra institución, es quién de acuerdo con el Estatuto Orgánico en su artículo 43, debe estar avocado a conducir la elección del rectorado para el periodo 2021-2025.

Nuestra universidad ha vivido desde la aprobación de la Ley de 1990, un período de estabilidad política que en buena medida se debe al asfuerzo que toda la comunidad universitaria hemos hecho por, en ejercicio de nuestra autonomía, configurar un marco jurídico interno que permita cada vez más la conducción de los asuntos académicos, financieros y administrativos, de manera colegiada y apegada a las normas y criterios con los cuales se emitió este ultimo ordenamiento jurídico que substituyó a la Ley Orgánica emitida por el Congreso del Estado en 1963.

Este propósito de mantener la estabilidad de nuestra institución lo valoro enormemente. La historia de la BUAP nos ha mostrado como las rupturas al marco jurídico institucional  y que dieron origen a distintos intentos por regular la vida interna de la institución han sido entre otras razones motivo de inestabilidad; las legislaciones de 1956, 1961, 1962, 1963; los proyectos de actualización de esta legislación de 1962, 1969 y de 1980,  mantuvieron tensiones y conflictos de distinta naturaleza y magnitud.

A pesar de estas turbulencias la BUAP desde la conquista de la Autonomía inició la construcción de una plataforma académica, ampliada y profundizada por la introducción de las actividades de investigación desde la década de los 70 que le ha permitido hasta la fecha enfocarse de manera importante en el desarrollo institucional y en proyectar iniciativas que han fortalecido sus capacidades académicas, su infraestructura, su presencia científica, social y cutural.

No obstante lo anterior la BUAP presenta en la actualidad problemas sustanciales que pueden comprometer su propio desarrollo institucional. Estos problemas se han venido profundizando, como lo constatamos a lo largo de 16 meses de diálogo intenso con actores internos y externos en el FORO que hoy concluye su segunda etapa,

Los modelos académico y de gestión están hoy en crísis en algunos de sus componentes principales como lo muestran las relatorías y los resúmenes ejecutivos que se han presentado como conclusiones de la primera y segunda etapa de este ejercicio de diálogo plural, incluyente y respetuoso de nuestra diversidad.

En el ámbito de la gestión el desarrollo de la visión gerencial configuró una estructura vertical de decisiones en desmedro de los órganos colectivos de conducción por lo que el Consejo Universitario disminuyó substancialmente su función analítica, deliberativa y de toma de decisiones suficientemente informada. Esta estructura vertical se reprodujo, en mayor o menor medida, en las distintas unidades académicas y los Consejos de Unidad; los Comités Académicos y Academias no han adquirido la relevancia necesaria en el diseño y conducción de los proyectos, programas y acciones de carácter académico.

Paulatinamente desapareció el pluralismo en la elección de las autoridades universitarias en sus distintos niveles. Ha surgido un sistema de gestión alejado de las tendencias de desarrollo académico, alineado básicamente a las reglas de operación concebidas y diseñadas por entidades externas a las comunidades académicas, hecho que compromete el ejercicio de la Autonomía Universitaria.

Han crecido la demanda por ampliar a todos los temas la transparencia en el manejo del patrimonio universitario; la gestión académica de sus recursos; el manejo de sus bienes culturales entre otros.

La precariedad laboral ha sustituido a la carrera académica y en gran medida la contratación y transformaciones de plazas, fueron entre 1990 y hasta el 2013, premios a lealtades políticas situación que comprometió seriamente el capital académico acumulado en los años anteriores así como el relevo generacional necesario para mantener los principales programas de investigación y de docencia en el corto y mediano plazo; las medidas remediales adoptadas a partir de esta fecha no han logrado revertir el daño causado por las políticas precedentes.

Es ocasión entonces de compartir un conjunto de reflexiones y propuestas para nuestra universidad, a efecto de que la misma aproveche los avances que se han logrado, enmiende las deficiencias que se observan y con todo ello tome un rumbo preciso que permita a nuestra casa de estudios lograr llegar a un estadio superior en su conducción y vida académica.

Permítanme en este contexto, por razones de tiempo centrar mi intervención en un conjunto de ejes relacionados con los desafíos que representa repensar a la Universidad frente a una  realidad económica, política y social que requiere para alcanzar sus metas de bienestar para la población, de una visión y acciones transversales que permitan construir una sinergia solo posible en un ambiente de colaboración y respeto entre actores culturales, económicos, sociales y políticos en su relación con la institución.

1.- En este contexto el primer gran desafío que enfrenta la universidad es coadyuvar a construir una cultura de paz; de respeto a la diversidad cultural, religiosa, étnica, social, sexual, al medio ambiente; es decir contribuir a la construcción de una agenda cultural que reafirme estos valores tanto entre los integrantes de la comunidad como en su vinculación con los diversos actores que configuran su entorno inmediato y sus relaciones institucionales locales, nacionales e internacionales.

2.- En segundo lugar, la Universidad debe ser capaz de construir las condiciones institucionales para su reforma académica y de gestión permanente frente a la dinámica de las transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y políticas que ocurren. Su principal fortaleza en este sentido son sus comunidades académicas, de estudiantes y profesores. La universidad es el espacio de la imaginación, de la innovación, del pensamiento sistémico y complejo, de la experimentación y de la resolución de problemas. Uno de los principales objetivos de su reforma permanente es construir las condiciones para extender estas capacidades a los diversos grupos sociales mediante un diálogo y vinculación permanente y estable.

3.- Los objetivos y metas de la Agenda de transformación de la institución, requieren acelerar el paso en el ámbito de la investigación básica y aplicada; en el fortalecimiento institucional de la investigación científica, tecnológica y humanística. Las asimetrías existentes por lo que se refiere a la investigación, entre países, entre instituciones educativas y entre disciplinas y campos del conocimiento, requieren del desarrollo de nuevos modelos complejos de gestión y organización académica para el aprovechamiento integral de las infraestructuras y de las capacidades de las comunidades académicas que constituyen nuestra universidad.

4.- La flexibilización de los modelos curriculares; la articulación de redes de colaboración; el desarrollo de nuevos modelos de evaluación y reconocimiento a las actividades docentes y de investigación; la construcción de agendas de investigación para la resolución de los problemas en las formas locales en que se presentan las desigualdades sociales, económicas, ambientales y de capacidades; el diálogo de saberes disciplinarios y los emanados  de las prácticas profesionales y sociales en la determinación de prioridades, son parte de los desafíos que enmarcan este reto.

5.- Educación para todas y todos. La universalización de la educación universitaria como un instrumento esencial del combate a las desigualdades exige a la sociedad, sus gobiernos y a las propias instituciones construir y desarrollar nuevos modelos de atención a la demanda educativa para los jóvenes pero también el diseño de nuevos programas educativos pensados en torno a las habilidades y destrezas que se requieren para resolución de los problemas que la propia Agenda plantea en el ámbito del Desarrollo Económico, de Atención a la Salud, de la Interculturalidad, del Desarrollo Sustentable, de carácter regional, nacional y global, entre otros temas prioritarios.

6.- El uso más eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación es una ventana de oportunidad sin lugar a dudas, pero no es suficiente, la pandemia ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que en materia de acceso a las tecnologías disponibles padecen nuestras comunidades acumulando nuevos rezagos e inequidades a las lacerantes asimetrías sociales, económicas y culturales de nuestras comunidades.

7.- El regreso a actividades presenciales es por ello urgente para todo el sistema educativo, trabajar y promover su posibilidad en condiciones de seguridad para las comunidades académicas es una prioridad; junto con ello requerimos pensar y diseñar nuevos programas educativos en una perspectiva multidisciplinar y colaborativa; desarrollando estrategias epistemológicas y metodológicas complejas no solo desde el punto de vista pedagógico sino de contenidos modulares que auspicien abordajes sistémicos, holísticos y adaptados a las nuevas circunstancias que la pandemia ha impuesto.

Sin lugar a dudas que los desafíos que las tendencias internacionales y las nuevas circunstancias del país imponen a la sociedad y a las propias instituciones de educación superior requieren que estos espacios se desarrollen con un profundo respeto a la diversidad disciplinaria, social, cultural e idelógica que representan sus comunidades académicas; un amplio y sistemático debate y conducción que privilegie un ambiente democrático y un diálogo permanente entre los integrantes de las comunidades que garantice la libertad de cátedra y de investigación, por ello es fundamental construir el futuro de la universidad apegado a los siguientes principios y acciones:

  1. Revalorar el predominio en todo tiempo de la autonomía universitaria  a efecto de que las preferencias políticas del rector en turno no determinen la conducción de la universidad. La universidad somos las comunidades académicas en su conjunto y no de facciones o grupos de interés.
  2. Como he sostenido en diversos espacios dentro y fuera de la institución, la Universidad Pública es un patrimonio de la sociedad, a través de ella se construyen las herramientas culturales, científicas y tecnológicas que permiten acrecentar los medios de que disponemos para mejorar nuestra calidad de vida y el disfrute pleno de nuestros derechos individuales y colectivos. Reafirmar el carácter PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA al reconocer que esta función forma parte de las responsabilidades del Estado y es uno de los instrumentos de promoción del desarrollo económico, social, científico y cultural de las sociedades, es el principio a partir del cual los universitarios asumimos la importancia de nuestras actividades orientando nuestro compromiso, vocación y misión social.
  1. Una relación respetuosa y de colaboración con los gobiernos Municipales, del Estado y Federal, sustentada en el carácter autónomo de nuestra institución. Esto implica que las autoridades universitarias deben emanar de procesos transparentes, legal y legítimamente desarrollados; con amplia libertad de participación de entre quienes reúnan los requisitos académicos para aspirar y contender; sin exclusión y sin uso de recursos institucionales para imponer candidaturas y resultados.
  1. El respeto a la legalidad universitaria, a las libertades académicas; el principio de colegialidad en la toma de decisiones y el ejercicio autonomía universitaria por parte de la comunidad universitaria toda, son la mejor garantía de estabilidad. El Consejo Universitario y demás órganos colegiados de análisis, deliberación y decisión que tiene la BUAP, deben reunirse en sesiones ordinarias que permitan la libre exposición de temáticas y problemas que por su relevancia merezcan ser considerados y resueltos por los órganos colegiados de gobierno y de conducción académica de conformidad con las facultades que el marco jurídico les otorga.
  1. Es urgente la reforma integral a la legislación universitaria a efecto de contar con un sistema que de certeza jurídica a los derechos y obligaciones de los funcionarios, docentes, trabajadores no académicos y estudiantes; que permita la conducción colegiada de carácter académico de la institución desarrollando las reglamentaciones y protocoles necesarios para garantizar la debida atención a los temas de equidad de género, interculturalidad, discapacidad, manejo de bienes culturales y patrimonio, entre otros prioritarios.
  1. Reforma del actual Reglamento de funcionamiento del Consejo Universitario que permite normar temas de consulta directa y obligatoria; por ejemplo, el mandato de las comunidades a sus Directores en temas sensibles; los cargos unipersonales no deben ser la base de sistemas clientelares de estructuras de poder ajenas a los intereses de las comunidades que representan.
  1. Competencia plural y equitativa para elegir a los directores de las unidades académicas, para evitar las llamadas “candidaturas de unidad”, apelativo que no es, sino un eufemismo para encubrir la imposición y la exclusión de la diversidad.
  1. Administración universitaria honesta, calificada y eficiente. Transparencia en el manejo de los recursos de la universidad y apego a la necesidad del rendimiento de cuentas. Promoción, regulación y transparencia de los ingresos financieros alternos y de los beneficios de las empresas universitarias, etiquetando su uso y aprovechamiento mediante programas acordados por el Consejo Universitario.
  1. Reestructuración de dependencias universitarias a través de las cuales se promueve el clientelismo de los sectores estudiantiles y académicos, restando facultades a instancias establecidas en el Estatuto Universitario y acrecentando la concentración de decisiones con un sentido de discrecionalidad de sus titulares.
  1. Cambios estructurales de financiamiento presupuestal para fomentar prioritariamente la investigación científica básica y aplicada en todas las disciplinas redefiniendo los criterios para la asignación de partidas presupuestales.
  1. Continuar fortaleciendo a las academias y cuerpos académicos en el proceso de selección del nuevo personal a través de dictámenes que evalúen perfiles y méritos académicos, en exámenes por oposición públicos, iniciado a partir de 2013; revisión de las funciones del CIGA y adecuación reglamentaria correspondiente. Fortalecimiento de contrataciones de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de tal manera que no se privilegie como hasta ahora la contratación de profesores hora/clase con fines electorales y de legitimación.
  1. Otorgamiento de definitividades sin cortapisas a todos los trabajadores académicos y administrativos que cumplen funciones institucionales y lo merecen en términos de ley. Eliminación de prácticas arbitrarias de sometimiento político existentes en el reclutamiento del profesorado y de los trabajadores.
  1. Diseño de una nueva política de ingreso a la universidad que garantice cobertura y gratuidad de los servicios educativos. Los exámenes de admisión deben servir para elevar la calidad académica de la universidad y no subterfugio para legitimar la reducción de la matrícula y del subsidio a la universidad pública.
  1. Rediseño institucional de la gestión, estableciendo las bases para una redefinición de áreas, dependencias y puestos directivos necesarios para un apoyo administrativo y de servicios eficiente para la institución.
  1. Es necesaria complementar las regulaciones en el funcionamiento de los órganos de gestión a fin de delimitar desde el punto de vista normativo la toma de decisiones de los procesos académicos y de gestión para evitar la subordinación de criterios académicos ante lineamientos burocráticos administrativos en detrimento del funcionamiento de la universidad.

Estimadas compañeros y compañeras, como nos comprometimos al inicio de este ejercicio, entregamos en este evento los resultados de un esfuerzo de deliberación que dio muestra de que los universitarios somos capaces de analizar libremente, de manera rigurosa y repetuosa los desafíos, internos y externos a los que nos enfrentamos.

El final de esta segunda jornada se ha visto empañado por la promoción de acciones ilegales por parte del rectorado, como lo es la posposición de la renovación del Consejo Universitario y la convocatoria a la elección de rector en condiciones que no ofrecen certeza jurídica y transparencia en sus resultados; la secrecía del voto está comprometida de origen; no ofrece la participación libre, informada y democrática de los sectores; la equitativa y libre deliberación de los planes de trabajo que los aspirantes puedan someter a consideración de las comunidades académicas.

Frente a estas circunstancia en las próximas horas promoveré algunas acciones jurídicas para intentar que se regrese a la legalidad; honrar la palabra empeñada es el mejor legado que puedo heredar a quienes me han apoyado a lo largo de mi vida universitaria y a mi familia, por ello reitero que de no prosperar las acciones jurídicas que emprenderé no participaré en actos o acciones que convaliden el camino de la ilegalidad y la simulación que el rectorado ha promovido.

Agradezco a todos y a todas las universitarias, las muestras de afecto y apoyo que he recibido, desde aquí les mando un abrazo solidario y los conmino a que sigamos luchando por construir un futuro promisorios para nuestra sociedad y nuestra querida institución.

Viva la universidad Autónoma de Puebla  

Heroica Puebla de Zaragoza, verano de 2021.

Fuente:https://mundonuestro.mx/content/2021-08-24/en-la-buap-el-proceso-electoral-2021-debe-regresar-a-la-legalidad-francisco-velez

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