El artículo en este espacio sobre el narcopacto electoral entre el Cartel de Sinaloa y MORENA levanto ámpula en Palacio Nacional y fue motivo de preocupación en Sinaloa. Pero no solo en México hay narcoacuerdos.
ANABEL HERNÁNDEZ / Contracorriente / DW
“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él”, afirmó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos de miembros del partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos, que lo acusaron de proteger al narcotráfico.
Las afirmaciones de los congresistas se dieron luego de que AMLO se rehusara a asistir a la Cumbre de las Américas en protesta porque no fueron invitados los mandatarios Daniel Ortega, de Nicaragua; Nicolás Maduro, de Venezuela, y Cuba. Los dos primeros son señalados por el gobierno de Estados Unidos de violaciones graves a derechos humanos y vínculos con el narcotráfico.
Y se dieron tras la publicación de mi artículo en este espacio la semana pasada: “El narcopacto electoral entre hijos y hermanos de El Chapo con MORENA”, el cual causó profunda ámpula en Palacio Nacional y fue motivo de preocupación en Sinaloa, donde se fraguaron dichos acuerdos.
Se supone que, en estricto sentido, en materia ideológica entre AMLO y Calderón, hay un abismo. Uno dice encabezar un movimiento de izquierda que llama Cuarta Transformación, el segundo fue militante por décadas del Partido Acción Nacional de derecha, y fue candidato de ese partido en las elecciones presidenciales de 2006. AMLO acusó a Calderón de robarse la elección y desde entonces se supone que son enemigos declarados.
Pero en realidad en otros aspectos emblemáticos y profundos ambos mandatarios se asemejan y tienen comportamientos e intereses en común similares, más de lo que se piensa. Es posible que ahí esté la respuesta de por qué AMLO hasta ahora no ha denunciado penalmente a Calderón ante las instancias correspondientes como lo obliga el Código Federal de Procedimientos Penales que a la letra dice: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere…Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
Pero AMLO no ha denunciado penalmente a Calderón de narcotráfico, aunque lo acusa de ello. ¿Por qué?
En el presente artículo mencionaré 4 similitudes entre Calderón y AMLO. Quienes a su vez tienen similitudes con los gobiernos emanados del PRI. Todos crecieron y se alimentaron del mismo sistema de abuso de poder y corrupción.
AMLO dice que no es Calderón, pero cómo se parecen. No vaya siendo que termine de la misma forma.
Antecedentes
Sobre el ex Presidente Calderón penden serias acusaciones de miembros del crimen organizado de haber hecho acuerdos con el narcotráfico durante su mandato. El primero en hacer una acusación puntual y explícita fue el narcotraficante Edgar Valdéz Villarreal a través de una misiva que me envió desde en noviembre de 2012 y la cual fue publicada por el periódico Reforma en su portada.
En el juicio llevado a cabo contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, hubo señalamientos de testigos de la Fiscalía de que Calderón había recibido financiamiento de La Federación en su campaña presidencial del 2006.
Hoy su ex Secretario Federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y corrupción.
1. Militarización
Cuando inició su mandato, Calderón hizo una supuesta declaratoria de guerra contra el narco. Para ello dio al Ejercito Mexicano la tarea de patrullajes y seguridad pública.
La salida de los cuarteles provocó violaciones graves a derechos humanos de los ciudadanos y también facilitó el acceso de los carteles de la droga a los mandos militares. Si bien la complicidad entre narcotraficantes y ejército es histórica, ésta se multiplicó en el sexenio.
Al inicio de su gobierno fue exonerado el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien tenía severas acusaciones de nexos con el narcotráfico. En 2008 lo condecoró y después usó sus contactos con los carteles de la droga.
Cuando AMLO estaba en campaña, en 2017 y 2018, dijo que iba a regresar al ejército a sus cuarteles. No lo hizo. Al contrario, la militarización se extendió en Aduanas y en las obras públicas más importantes del gobierno federal, aumentando de manera desproporcional el poder del Ejército.
Al inicio de su gobierno, en Estados Unidos fue detenido el ex Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico. La administración de AMLO, en un pacto con la administración de Donald Trump, consiguió que lo repatriaran a México a cambio de hacer una seria investigación en su contra.
Una semana de pobres pesquisas de la Fiscalía General de la República sirvieron para exonerarlo instantáneamente. Cienfuegos, al igual que Acosta Chaparro en su momento, ha sido legitimado por el gobierno de AMLO. El polémico militar cuya administración está implicada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido invitado a eventos oficiales como la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2. Protección al Cartel de Sinaloa
La llamada guerra contra el narco de Calderón era falsa. Su gobierno, a través de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal y su equipo más cercano, daba protección a La Federación, integrada por el Cartel de Sinaloa, Cartel de Juárez y Cartel de los Beltrán Leyva, entre otros, según expedientes de la FGR (antes PGR) y la acusación criminal que hay en su contra en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Los blancos prioritarios del gobierno de Calderón, según los documentos internos a los que tuve acceso en su sexenio, eran los enemigos de La Federación. Las mayores detenciones se concentraron en ese grupo, y aunque hubo algunas detenciones de gente del Cartel de Sinaloa, gracias al diario escrito por Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Zambada del cual tengo copia, se puede saber que eran personas traicionadas por el propio Cartel.
Al inicio de su mandato, AMLO dio a conocer su política pública hacia el crimen organizado: “abrazos no balazos”. En 2019 AMLO ordenó la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, quien había sido eficazmente arrestado en Sinaloa por orden de extradición a USA. Su liberación de hecho protege y auspicia las actividades criminales del cartel porque Ovidio es una parte operativa junto con sus hermanos “Los Chapitos”.
Meses después, en 2020 el Presidente detuvo su gira presidencial en el Triangulo Dorado, zona bajo control del Cartel de Sinaloa, y se encontró con Consuelo Loera a quien le dio un cordial saludo. Es madre de “El Chapo” y de otros tres narcotraficantes, uno de ellos Aureliano Guzmán Loera narco activo y prófugo de la justicia, mejor conocido como “El Guano”, con quien Morena en Sinaloa hizo un narcopacto electoral en 2021.
En las elecciones del 2021, en las que MORENA resultó el partido ganador en un corredor de estados dominado mayoritariamente por el Cartel de Sinaloa, pese a las acciones de violencia e intimidación contra candidatos opositores, AMLO felicitó públicamente a los criminales y dijo que “se portaron muy bien”.
3. Búsqueda de la Pax mafiosa
En el gobierno de Calderón la violencia se multiplicó. Aumentaron en todo el país el número de personas desaparecidas, homicidios, secuestros y extrosiones entre otros delitos.
La protección inicial del gobierno de Calderón a La Federación, provocó que los carteles de la droga contrarios, principalmente el Cartel del Golfo y su grupo armado Los Zetas, explotaran contra La Federación y contra el gobierno que la protegía.
La Federación se fragmentó en 2008. Rompió el Cartel de Sinaloa con Los Beltrán Leyva y Juárez y aumentó la violencia. Calderón encargó a Mouriño enviar a Acosta Chaparro a negociar la pax mafiosa con los carteles en conflicto. El general iba como emisario de la Presidencia según se confirma en el diario de Zambada Niebla.
De acuerdo a informantes del gobierno federal, el gobierno de AMLO envió al ex subsecretario de gobernación Ricardo Peralta, a reunirse con carteles de la droga, incluso antagónicos para hacer la pax mafiosa. El objetivo principal era que disminuyeran los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno local y federal se hiciera de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes.
Un aliado de Peralta en esa operación es el abogado Sergio Ramírez, quien ha sido representante legal y amigo personal de integrantes del grupo criminal La Unión de Tepito. Ramírez es muy cercano a Morena, presume sus fotografías con el ex líder nacional de ese partido y ahora Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, brazo derecho de Claudia Sheinbaum, y sus fotos con la ex Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero cuando era jefa de Peralta.
Su socio Juan Pablo Penilla ha sido abogado de integrantes del cartel del Golfo y Los Zetas. Un reportaje del semanario Proceso de 2015 transcribe expedientes judiciales en que se acusa a Penilla de haber sido cómplice del testigo protegido de la PGR “Karen” para que no declarara contra Miguen Angel Treviño Morales alias “Z40”, líder de Los Zetas.
4. Ataques a la libertad de expresión y al periodismo de investigación
Desde 2001 a la fecha, como periodista, ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión y en base a la información documental y testimonial recabada en mis investigaciones, he cuestionado el poder presidencial y he puesto luz sobre los pactos entre miembros del gobierno de diferentes partidos políticos: PRI, PAN, PRD, MORENA, Partido Sinaloense, etc., con el crimen organizado.
Otra semejanza entre el régimen de AMLO y el de Calderón es el uso de esbirros para crear desinformación en la sociedad y a tacar a los periodistas independientes.
Durante el gobierno de Calderón , en los cuatro años que publiqué reportajes sobre actos como homicidios, corrupción, vinculación con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad en los que estaban involucrados Genaro García Luna (GGL) y sus allegados, personeros del gobierno e incluso comunicadores y periodistas lanzaron una campaña para proteger a GGL y su grupo, me atacaron y desinformaron sobre mis investigaciones.
Tras la publicación de mi libro Los Señores del Narco, fui notificada de un plan para asesinarme orquestado por García Luna y Luis Cárdenas Palomino, uno de sus colaboradores más cercanos. Hubieron intentos de censura y ataques de armados y de intimidación específicos a mi persona.
En la administración de AMLO, la funcionaria de la Presidencia Ana Elizabeth García Vilchis en Palacio Nacional, el 8 de junio pasado, inventó contenidos de mis artículos, desviando así el contenido real. La servidora pública dijo: “En víspera de las elecciones, la periodista Anabel Hernández publicó, otra vez sin ningún documento de prueba, que Morena habría pactado en 2018 con el cártel Sinaloa para ganar las elecciones en las que resultó vencedor el presidente López Obrador”. Eso no fue publicado en mi artículo.
El Presidente estaba al flanco de la funcionaria como aval, mientras ella mentía y me atacaba. García Vilchis es el nuevo “cuadrazo”, como a AMLO le gusta llamar a las colaboradoras dóciles y obedientes que hacen lo que él diga aunque sea ilegal o inmoral.
Lejos quedó el tiempo en que AMLO alababa mi trabajo. El 11 de diciembre de 2019 afirmó sobre mi persona y trabajo, en el contexto de la detención de García Luna en Estados Unidos: “En ese sentido es muy bueno esto para que los que se sentían intocables y pensaban que, con el dinero, con las influencias lo podían todo, pues que se den cuenta de que no es así, no es así.
“Y también nos ayuda, en el caso de los medios de comunicación, para darle atención a las buenas investigaciones periodísticas. Esta periodista, Anabel Hernández, ha hecho trabajos muy buenos de investigación arriesgando su vida y ha sido ninguneada, hasta mal vista, porque ese periodismo no se hacía o se hacía y se veía como algo marginal. Ahora es como para reconocerle que ella ha estado tratando el tema, y así otras periodistas…”
El 5 de mayo de 2020, el mismo AMLO aseguró: “Esta periodista Anabel Hernández ha hecho trabajos de investigación de primer orden, es una mujer profesional del periodismo y valiente. Es una mujer excepcional…”
En ese momento yo agradecí en lo personal las palabras de Andrés Manuel como individuo, como un ciudadano más, y advertí que como funcionario público, él, al igual que sus antecesores, debe rendir cuentas y anticipé: “Yo siempre seré una crítica al poder cuando esto corresponda”.
Hubiera sido ‘cómodo’ agazaparme a los pies del patriarca, como los hacen muchos periodistas y comunicadores de poco profesionalismo y memoria, dóciles bajo la palma del amo. Me causa cierta curiosidad morbosa cómo lo hacen, qué botones dentro de sí les impulsa a ser domesticados.
Los periodistas, los comunicadores, cualquiera que tenga una plataforma pequeña o grande de comunicación, tienen como función cuestionar al poder y servir a la sociedad comunicando la verdad. Esa es mi convicción profunda y nunca he declinado a ella.
En una campaña bien coordinada, a la par que se me atacaba desde Palacio Nacional a través de redes sociales y comunicadores al servicio del poder, se ha intensificado la campaña de desinformación sobre mi trabajo. Se sacan de contexto mis afirmaciones porque sacarlas completas no funciona para sus fines de propaganda. E incluso se creó una cuenta falsa en Twitter usurpando mi identidad e imagen.
Usando dicha cuenta se engañó a la sociedad y se dijo que yo denuncié una amenaza de muerte a raíz de la columna publicada aquí la semana pasada. Era falso el mensaje, pero muy grave y peligroso. La publicación de amenazas falsas contra periodistas es perversa y tiene como finalidad restar credibilidad a las amenazas verdaderas vulnerando aún más la vida y trabajo de los periodistas.
Si no fueron las loas de AMLO a mi trabajo lo que me detuvo a investigar sobre los narcopactos electorales entre MORENA y el Cartel de Sinaloa, mucho menos serán las agresiones desde Palacio Nacional o los fantasmas de las redes sociales los que puedan detener mis indagatorias.
Ante un funcionario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es decir ante el propio gobierno de AMLO, hice el 8 de junio una denuncia por la falsa cuenta de Twitter y los ataques desde Palacio Nacional.
Por desgracia, los narcopactos electorales no han existido y existen solo en México, sino también en otras latitudes del planeta. El crimen organizado extiende sus tentáculos para controlar Palermo, la capital de Sicilia, a través de políticos del partido Fuerza Italia de Silvio Berlusconi, de acuerdo a documentos judiciales que tengo en mi poder.
¿Qué tienen en común el narcopacto electoral en Sicilia y en Sinaloa? De eso hablará mi próxima columna.
Fuente: https://www.dw.com/es/no-soy-felipe-calder%C3%B3n-dice-amlo-pero-c%C3%B3mo-se-parece/a-62113191