El presunto testaferro del presidente de Venezuela será una ficha clave en un eventual proceso de transición. La oposición venezolana pide investigarlo en México, donde “movió más de 300 millones de dólares”, pero las pesquisas se detuvieron con la 4T.
Rafael Croda / Proceso
BOGOTÁ (Proceso).– El empresario Alex Saab, principal operador financiero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro –quien buscará en los comicios de este domingo su reelección–, conoce bien México desde los noventa, cuando ese país se convirtió en el principal mercado en el exterior de los textiles que producía una fábrica de su familia en Barranquilla.
Los contactos mexicanos que hizo Saab en ese entonces habían de resultar clave para los negocios que desarrollaría años después para Maduro, quien logró la libertad de su empresario favorito y presunto testaferro tras un acuerdo negociado en secreto con el gobierno de Estados Unidos.
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Ahora que según todas las encuestas de firmas de larga trayectoria anticipan una derrota electoral de Maduro frente al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, Saab se perfila como una ficha esencial en un eventual proceso de transición que implique la salida del chavismo del poder.
La maestra en estudios latinoamericanos, María Fernanda Zuluaga, dice a Proceso que el empresario colombio-venezolano ha sido el principal operador de Maduro para intentar eludir las sanciones económicas estadunidenses.
“Por la cantidad de dinero que manejó, es posible que tenga todavía muchas cuentas bancarias bajo su control porque sólo él tiene las claves, números y accesos biométrico”, asegura.
Y afirma que “por eso es que es tan valioso para Maduro, porque es su llave a recursos que pueden sumar cientos de millones de dólares.
Saab se convirtió en una pieza estratégica del régimen cuando su conocimiento de los mercados globales y su dominio de varias lenguas (inglés, alemán y árabe) lo llevó a crear una red internacional de cuentas bancarias, proveedores de alimentos, medicinas y combustibles.
También, empresas fantasma y socios que le servían de fachada en países como México, Panamá, Turquía, Rusia, Irán, China y Emiratos Árabes Unidos.
Para el exdiputado opositor Macario González, Saab representa “dinero fresco” para un régimen con las finanzas públicas quebradas y para un presidente que puede perder el poder y que enfrenta acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos.
“Por dinero fresco –dice González– estoy hablando de muchos millones de dólares”.
Para González, este dinero es fundamental para Maduro de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio, cuando estará en juego la permanencia del chavismo en el poder.
Sondeos de firmas como Delphos, Datanálisis y Consultores 21 indican que el opositor González Urrutia aventaja por entre 20 y 25 puntos porcentuales a Maduro, quien luego de una prolonga crisis económica y social enfrenta el rechazo de la mayoría de venezolanos.
Hombre valioso
Alex Saab, nacido en Barranquilla, Colombia, hace 52 años, fue liberado sorpresivamente por la justicia estadunidense en diciembre pasado pese a estar acusado de lavar varios millones de dólares para Maduro.
A cambio de su estratega financiero, Maduro excarceló y repatrió a 10 estadunidenses procesados en Venezuela –algunos de ellos por haber participado en una fallida invasión armada a ese país en 2020– y liberó a una treintena de presos políticos.
También se comprometió a controlar la masiva migración de venezolanos y a permitir que la dirigente opositora, María Corina Machado, se registre como candidata presidencial para los comicios de julio próximo, lo cual incumplió porque la justicia la inhabilitó y ella respaldó la candidatura de González Urrutia.
Una investigación de la anterior legislatura de la Asamblea Nacional (AN) determinó que Saab “lavó cientos de millones de dólares procedentes de las arcas públicas de Venezuela y de la economía negra (minería ilegal, narcotráfico) en varias cuentas bancarias alrededor del mundo que él controlaba directamente o a través de prestanombres y empresas fachada”.
En México, señala la investigación conocida por Proceso, el empresario “movió más de 300 millones de dólares” antes de que fuera detenido en junio de 2020 en Cabo Verde por una solicitud de extradición de Estados Unidos que se concretó un año y cuatro meses después.
Un juzgado federal en Miami acusó a Saab de conspiración para blanquear dinero y de ser el arquitecto del esquema de financiero paralelo que montó el gobierno venezolano para, presuntamente, mover cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción, de la economía ilegal, de la explotación minera en la Franja del Orinoco y del narcotráfico.
Todo este entramado se montó, además, para eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Venezuela por violaciones a los derechos humanos y supuestos fraudes electorales.
De acuerdo con los cargos, Saab desvió unos 350 millones de dólares de Venezuela a través del sistema financiero estadunidense.
Los millones que pasaron por México
El exdiputado opositor venezolano Macario González dice que “las actividades ilícitas de Saab van mucho más allá de Estados Unidos porque él construyó una red financiera clandestina en varios países”, uno de los cuales es México.
Hace dos años, cuando era presidente de la Comisión de Contraloría de la unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, González investigó las transacciones internacionales de Saab y concluyó que México es un país clave en el esquema de negocios ilegales que construyó Saab.
El excongresista del partido Voluntad Popular señala que, según la investigación, “sólo en México” el empresario “hizo negocios por más de 300 millones de dólares” antes de que fuera detenido en Cabo Verde.
De acuerdo con González, ese dinero “es producto del saqueo a las arcas públicas de Venezuela” y, por tanto, “debe ser investigado a fondo por las autoridades mexicanas porque es dinero ilegal”.
De hecho, ya existen cinco denuncias contra Saab en la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales fueron presentadas en octubre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirigía entonces Santiago Nieto.
El exdiputado González señala que la investigación de la UIF no avanzó “porque al gobierno del presidente (Andrés Manuel) López Obrador no le ha interesado ir más allá, lo que nos hace sospechar que hay complicidades o una intención de proteger a Maduro”.
Las bolsas CLAP mexicanas
Carlos Paparoni, dirigente del opositor partido Primero Justicia, es uno de los políticos venezolanos que ha investigado el papel que juega Saab en los “negocios turbios del régimen” y le cuesta trabajo entender por qué Estados Unidos lo dejó en libertad.
De acuerdo con Paparoni, Saab “es el responsable y la cabeza maestra de los robos más grandes en nuestra nación”, es “un testaferro de la dictadura y el cerebro de toda la operación logística y financiera” para vender oro venezolano en el mercado negro internacional y para lavar millones de dólares a través de constructoras de viviendas y de la importación de medicinas, productos agrícolas y alimentos.
Según la investigación de la anterior Asamblea Nacional (AN), que estaba dominada por la oposición y a la que Maduro desconoció, con el aval del TSJ, entre 2016 y 2018, Saab adquirió en México 12 millones de despensas conocidas como cajas CLAP, acrónimo de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, un programa de Maduro que otorga alimentos gratuitos a la población.
Mediante la filial mexicana de su empresa Group Grand Limited y de otras compañías, Saab y sus socios compraban cada despensa CLAP en 12 dólares (contenían productos como harina de maíz, aceite, arroz, azúcar, leche en polvo, atún y pasta) y la facturaban al gobierno venezolano en 42 dólares, es decir, con un sobreprecio de 30 dólares cada una, indica el reporte de la AN.
Este monto, multiplicado por los 12 millones de despensas que compró la red del empresario colombo-venezolano a conocidas compañías mexicanas, arroja, en sobreprecios, 360 millones de dólares.
Otros dirigentes de la oposición venezolana que conocen el caso calculan en 18 millones las despensas adquiridas por Saab en México, lo que sumaría 540 millones de dólares en sobreprecios.
En 2018 la entonces Procuraduría General de la República de México impuso una sanción de tres millones de dólares a 36 empresas mexicanas que vendieron alimentos a Saab, gran cantidad de ellos en mal estado o de baja calidad.
Para la anterior AN venezolana, Alex Saab se instaló en México “y actuó a sus anchas, fuera de todo tipo de investigación, y son pocos los datos que el Estado mexicano ha aportado para contribuir a esclarecer este caso”.
Ninguna de las empresas mexicanas que vendieron a Saab las cajas CLAP con sobreprecios fue investigada por lavado de dinero por la PGR, que en 2018 dio carpetazo al asunto con un “acuerdo reparatorio” que, además del pago de tres millones de dólares que se destinaron a la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, incluyó el compromiso de “los imputados” de no volver a comerciar con Venezuela.
Según un reporte del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, entre las grandes compañías mexicanas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro a través de la red de Saab figuran Gruma, El Sardinero, Minsa, La Moderna, Grupo Pando y Soriana, las cuales son catalogadas por esa ONG como “empresas cómplices del gobierno venezolano”.
El exdiputado Macario González señala que Saab “tuvo en México su centro de operaciones en el arranque de esta trama de lavado de dinero y corrupción que construyó alrededor del mundo”.
Su socio mexicano, el joven empresario Joaquín Leal, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2021 y fue incluido en la Lista Clinton (que prohíbe hacer negocios con empresas estadunidenses) por estar involucrado “en una red secreta para evadir las sanciones” económicas que impuso ese país a Venezuela en 2019.
Un empresario chavista
Aunque algunos medios han presentado a Alex Saab como un empresario colombiano de poca monta que se enriqueció de manera desmesurada cuando logró ingresar al círculo íntimo del chavismo, la realidad es otra. Él es parte de una familia barranquillera de origen libanés y palestino que tenía una exitosa fábrica de textiles.
Saab, quien tiene un pasaporte diplomático venezolano, fue educado en el Colegio Alemán de Barranquilla, se graduó como administrador de empresas en Stuttgart, Alemania, y desde muy joven se encargó de las ventas internacionales de la empresa familiar, que en una época tuvo a México como su principal mercado.
El colombiano era propietario de una constructora en Barranquilla que obtuvo en 2011 algunos contratos del programa Gran Misión Vivienda, lanzado por Chávez durante su gobierno en Venezuela.
El diciembre último, el presidente venezolano recibió a Saab como un héroe en el Palacio de Miraflores de Caracas y dijo que desde su captura en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020, hasta su excarcelación en Estados Unidos, el 20 de diciembre pasado, vivió “el secuestro, la tortura, la persecución, la infamia” y “una campaña brutal en su contra”.
Maduro incluso lo presentó en un podcast que transmite en YouTube. Saab, quien estaba con su bella e inteligente esposa italiana de 29 años Camilla Fabri, líder del movimiento “Free (libre) Alex Saab”, instrumentado desde Caracas durante los últimos tres años, narró brutales sesiones de tortura en Cabo Verde para que aceptara su extradición voluntaria a Estados Unidos y declarara contra el régimen chavista.
Relató que él sólo es un empresario que, a raíz del comienzo de las sanciones económicas a Venezuela, aceptó “el llamado” del presidente para hacer frente a esa situación y “decidimos quedarnos a luchar” y “empezamos a usar toda nuestra infraestructura para hacer llegar los alimentos, las medicinas y cualquier otra cosa que se necesitara a Venezuela”.
Saab habla con la retórica pseudorevolucionaria del chavismo –llama a la esposa de Maduro, Cilia Flores, “primera combatiente”–, culpa de todo lo que ocurre en Venezuela “al bloqueo” estadunidense y dice estar feliz de tener la oportunidad, tras recobrar la libertad, “de seguir ayudando al país”.
Semanas después, Maduro nombra a Saab presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, institución que se presenta en su página de internet como la responsable “de la captación y promoción de inversión nacional e internacional, con el objetivo de dinamizar el aparato productivo para el desarrollo económico y social del país”.