El presidente López Obrador había prometido la pacificación del país. Sin embargo, su sexenio concluyó con altos índices de violencia.
Melissa Galván / La-Lista
“Vamos a pacificar a México” fue una de las expresiones más recurrentes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en campaña y desde que asumió la presidencia. El mandatario federal estableció plazos a la promesa, pero los mismos terminaron por recorrerse: primero, al inicio de administración, dijo que en 100 días habría avances en materia de seguridad. Después, en abril de 2019, afirmó que los resultados se verían en seis meses. Pero hoy, a seis años de distancia, los datos y los fenómenos de la violencia muestran una realidad distinta a la que se prometió.
En el gobierno de López Obrador se cometieron 198 mil 796 homicidios dolosos y 5 mil 287 feminicidios, de acuerdo con el reporte la “Guerra en Números” de T-Research, que se actualiza y alimenta de la información de fiscalías estatales y federales.
Además, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 52 mil 093 personas desaparecieron en México durante el sexenio de López Obrador, lo que representa la cifra más alta si se compara con las 32 mil 601 víctimas reportadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto y las 16 mil 812 registradas en el de Felipe Calderón.
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En la recta final de su gobierno, el presidente López Obrador presumió haber reducido en 22% la incidencia de homicidios comparada contra 2018, año en que asumió el poder; no obstante, en términos absolutos su sexenio fue el más letal de la época moderna y en él cada 15 minutos una persona fue víctima de asesinato.
“El ejercicio de intentar manipular las cifras le resultó muy exitoso al gobierno. Todos los meses estuvimos escuchando al presidente hablar de disminuciones de prácticamente todos los delitos, como si el problema de inseguridad estuviera de verdad reducido, y casi nos acostumbraron a ese discurso, pero la realidad es muchísimo más compleja, y difícilmente se va a acomodar a los números que no quieren reconocer”, señala Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización civil Causa en Común.
La cara de lo “atroz”
El balance sexenal puede leerse en números y compararse con la incidencia de otros sexenios; sin embargo, la organización Causa en Común ha destacado la necesidad de poner foco en lo que define como atrocidades, que serían aquellos eventos de violencia extrema en México, que retratan la tendencia de prácticas deshumanizantes.
Con base en reportes de los medios de comunicación, la organización realiza un registro de delitos de alto impacto, como masacres, fosas clandestinas, destrucción de cadáveres y asesinatos de mujeres con crueldad extrema, entre otros. “Hay un número mayor de víctimas que de noticias, y por eso lo que se busca es sensibilizar más allá de los datos”, resalta Fernando Escobar.
En su informe más reciente, Causa en Común reportó que solo de enero a junio de 2024 se contabilizaron 2 mil 185 atrocidades, que tuvieron como resultado 4 mil 959 víctimas. Y aunque no es posible evaluar todo el sexenio de López Obrador mediante el registro de atrocidades, sí queda expuesta la forma en que los eventos de violencia extrema fueron en aumento al menos desde 2020, fecha en que arrancó el ejercicio:
- 2020: 5 mil 382 atrocidades.
- 2021: 5 mil 333.
- 2022: 6 mil 217.
- 2023: 6 mil 378.
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Fernando Escobar puntualiza que, del total registrado de 2020 a agosto de 2024, el hallazgo de cadáveres con signos de tortura representa la mayor atrocidad para el país, con 6 mil 369 casos, seguido de 3 mil 427 casos de mutilación de cadáveres.
También, están los asesinatos de mujeres con crueldad extrema, con un estimado de 2 mil 753 casos, siendo esta atrocidad la que más aumentó en los últimos cuatro años (104%). El hallazgo de fosas clandestinas (2 mil 647) y las masacres (2 mil 410) son los otros tipos de violencia extrema que más se registran en México.
“Los números que se ofrecen en las cifras de incidencia delictiva que se reportan cada mes parece que pierden el impacto. Al hablar de masacres, de descuartizamientos y de violencia extrema contribuimos a dar otra dimensión de la violencia en México. No solo es cuánto se mata, si no cómo se mata”, dice el investigador.
‘Lo que no se nombra, no se ve’
Isabel Gil, especialista en antropología forense, afirma que el hallazgo de cadáveres con tortura es una realidad que en México se ha intentado negar y alerta que no reconocer este fenómeno de la violencia extrema facilita que se perpetúe, impide que se prevenga y obstaculiza su sanción.
“Mientras no se mencione el grado de violencia al que son sometidas las víctimas, pues difícilmente se va a poder dimensionar qué tan grande es la la problemática y cómo va cambiando en el tiempo. Si a eso se suma el fenómeno de la impunidad, puede ir extralimitándose cada vez más”, aclara la experta.
A diferencia de lo asegurado por Causa en Común, Beltrán Gil acota que es difícil asociar el hallazgo de restos óseos o humanos a un sexenio determinado, porque eso dependerá de la antigüedad de los mismos; sin embargo, afirma que independientemente del gobierno en turno, la prioridad debería ser identificar la recurrencia de estos fenómenos y atenderlos integralmente.
“El verdadero problema de la violencia extrema es que indistintamente de quién termine en el poder, sigue estando allí. Es una una cosa muy perpetuada, muy anquilosada. El problema es que ya forma parte de la dinámica estructural del país y la dificultad consiste en eliminarla”, plantea.
La integrante del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) evalúa que la tortura, la desaparición, la mutilación de cadáveres y otros fenómenos de la violencia extrema deben entenderse integralmente como un problema para atenderse desde los distintos frentes al mismo tiempo, “porque identificar masivamente a las personas podría entregar a las víctimas un poco de justicia, pero sin verdad y entonces habría un nuevo problema”.
En este sentido, Beltrán Gil afirma que las cifras de homicidio no van a mostrar estas aristas de la problemática de violencia en el país y urge a que gobierno y sociedad trabajen en el análisis contextual de los hallazgos para atender el derecho de las familias a conocer qué pasó y en qué condiciones.
La doctora en antropología cultural anticipa que cada uno de estos fenómenos forma parte de lo que algunos definen como “pedagogía del terror” y advierte que los grupos criminales acostumbran enviar mensajes a través del cuerpo las víctimas “no solo para atemorizar a la población en general o a otros grupos delictivos, sino a a la autoridad gubernamental”.
De esta forma, Isabel Beltrán pone sobre la mesa la necesidad de explorar las formas más extremas de la violencia y nombrarlas, a fin de que no se vuelven rutinarias o pasen desapercibidas sexenio tras sexenio.
Debanhi: la herida abierta del feminicidio
La fotografía de una joven parada sobre un camellón en una carretera de Nuevo León, en medio de la madrugada, estremeció a México en 2022. Se trataba de Debanhi Escobar, de 18 años de edad, y esa fue la última imagen que se tuvo de ella antes de su desaparición y posterior hallazgo sin vida.
Debanhi salió de su casa a las 10:00 de la noche del 8 de abril de 2022. Avisó a sus padres que iría a una fiesta con sus amigas, pero para el 9 de abril no se tenía información sobre la joven. Así, iniciaron 13 días de búsqueda intensiva para su familia. Su caso es emblema de este sexenio y forma parte de los más de 5 mil feminicidios que se cometieron entre 2018 y 2024.
Mario Escobar, papá de Debanhi, recuerda que en esos 13 días de búsqueda se inspeccionó en cinco ocasiones el Motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, a unos pasos de donde fue tomada la última fotografía de la joven y cuyas cámaras de seguridad la captaron aún con vida.
“Y el 21 de abril (de 2022) es cuando la Fiscalía de Nuevo León y su equipo la siembran, porque en las inspecciones que se habían hecho en el motel no encontraron indicios de Debanhi, y hasta ese día nos informan que, después de tanta búsqueda, ahí estaba mi hija, nos dieron a entender que siempre estuvo ahí, en una cisterna”, comenta Mario Escobar.
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Él, su esposa Dolores Bazaldúa, elementos de la Policía Civil, de la Fiscalía de Nuevo León, de la Agencia Estatal de Investigaciones, de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión de Búsqueda y hasta de Protección Civil estuvieron presentes todas las veces que se inspeccionó el Motel Nueva Castilla, “¿cómo nadie se iba a dar cuenta de que ahí estaba?”, cuestiona.
La versión oficial de la Fiscalía de Nuevo León fue que Debanhi había caminado por la parte trasera del motel y que, sin darse cuenta por la oscuridad del lugar, cayó a una cisterna que estaba abierta. Así, se determinó que la causa de muerte había sido asfixia por sumersión, es decir, que se había ahogado.
Ante las dudas que originó esta versión, los padres de Debanhi solicitaron su exhumación. En total, a la joven le han sido practicadas tres necropsias, cuyos resultados descartan que se haya ahogado en la cisterna y, por el contrario, revelan que Debanhi murió por asfixia por sofocación debido a la obstrucción de orificios respiratorios. Además, hay indicios de que estuvo viva de tres a cinco días posteriores a su desaparición, “nunca estuvo en la cisterna ni murió por accidente”, sostiene Mario Escobar.
Hasta la fecha no hay ninguna persona detenida por lo ocurrido a Debanhi. Al inicio de la indagatoria, solo dos empleadas del motel fueron requeridas por las autoridades y en la actualidad están acusadas por obstrucción de la investigación, proceso que llevan en libertad.
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La investigación por la muerte de Debanhi no tuvo avances en la Fiscalía de Nuevo León, por lo que sus padres decidieron llevar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) en septiembre de 2023, donde tampoco ven esperanzas para que sea resuelto.
Mario Escobar señala que el caso de Debanhi sigue clasificado como un accidente, pese a que hay evidencia que apunta a que fue una muerte violenta en razón de género, por lo que, enfatiza, ya debería ser investigado como un feminicidio.
“No hemos tenido avances. Sabemos que fue un feminicidio y que hay responsables. Pero hasta que el caso de mi hija no se ratifique como un feminicidio, sigue estando en total impunidad”, expresa el papá de Debanhi.
País de fosas
De 2018 a abril de 2023 (última fecha de actualización), el gobierno federal reportó el hallazgo de 2 mil 863 fosas clandestinas, cuyo número de víctimas se desconoce, así como sus identidades.
María Isabel Cruz Bernal es testigo de lo que se encuentran en las fosas clandestinas en México. Lleva siete años recorriendo el país, escarbando en terrenos, en busca de su hijo Reyes Yosimar García, desaparecido en 2017 en Culiacán, Sinaloa.
“Dentro de una fosa está el hijo de alguien, y cuando lo encuentras te topas con un montón de sentimientos, tanto buenos como malos. Al destapar una fosa sale la alegría, el coraje, la desesperación, la esperanza, y todo tiene que ver con que quieres que el que esté ahí sea tu hijo, pero a la vez no, porque se nos acabaría la esperanza de encontrarlos con vida”, expresa.
María Isabel habla de su hijo en presente, porque, dice, hasta ahora no sabe “qué tiempo se usa para hablar una persona desaparecida”. Yosimar es policía municipal y al momento de su desaparición, el 26 de enero de 2017, tenía 28 años de edad y estaba próximo a contraer matrimonio.
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En septiembre de 2016, Yosimar fue uno de los policías que auxilió a un grupo de militares que fueron emboscados por presuntos delincuentes cuando se estaba llevando a cabo el traslado de un supuesto líder criminal. En los tres meses posteriores a ese suceso, dos compañeros del joven fueron desaparecidos y otros nueve asesinados. Hasta que el 26 de enero de 2017 María Isabel dejó de saber de su hijo.
Aunque su hijo desapareció en el sexenio pasado, en siete años de búsqueda, María Isabel se ha topado con la indiferencia de las autoridades, que le cierran las puertas cuando busca recursos y apoyo para encontrar a su hijo. Eso, la obligó a buscar por su propia cuenta. En este periodo ha entendido que el sistema deja desamparadas a las madres y hace oídos sordos de sus necesidades.
“Es bastante pesado participar y organizar las búsquedas porque necesitas hacer una logística desde qué es lo que vas a llevar hasta qué quieres encontrar. Tienes que conocer el terreno donde vas a ir a buscar. Y tienes que buscar entre hierbas y tierra dura, pero lo más importante es usar nuestro instinto para poder encontrar algo a pesar de las dificultades”, detalla.
En este sentido, señala que el gobierno de López Obrador resultó ser “la peor decepción”, pues existía la promesa de encontrar a sus hijos y frenar la crisis de desaparecidos, lo cual, señala, no ocurrió. Además, manifiesta que tampoco hay confianza en que las cosas se hagan distinto en el siguiente sexenio.
“Es frustrante este gobierno era la esperanza de encontrarlos, o al menos de saber dónde están. Y al final nos llevamos la decepción de que ni siquiera buscaron a nuestros hijos. Hoy, predomina el temor de que se dé el perdón y olvido que tanto pregona este gobierno, y el siguiente pinta para ser igual. Mientras, nosotros tenemos que buscarlos hasta que se nos acabe la vida”, indica.
María Isabel agrega que si las autoridades correspondientes no les interesa agarrar una pala y un pico para buscar a los desaparecidos en las fosas es porque “no son sus hijos ni les interesa que sean encontrados”.
Asimismo, refiere que la crisis no solo está en las fosas clandestinas, sino también en los cementerios públicos y morgues del país, donde, acusa, hay más de 72 mil personas desaparecidas sin identificar, tal como reveló una investigación de Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
“El panorama es alarmante porque nos habla de un país al que no le importa buscar a sus desaparecidos ni identificar a los que ya han sido encontrados. Las autoridades necesitan ponerse a trabajar y dejarse de simulaciones”, sentencia María Isabel.
Con información de Aura García