Titulo Noticias
2020.03.25
Debe Barbosa justificar ante la SCJN por qué quiere el control de la seguridad de Puebla capital
El máximo tribunal negó al Ayuntamiento de Puebla la suspensión provisional para impedir al Estado tomar el control de la policía municipal/ OEM
Debe Barbosa justificar ante la SCJN por qué quiere el control de la seguridad de Puebla capital
Autor: Gobierno de Puebla/ Ayuntamiento de Puebla.
Barbosa y Rivera, la controversia por la seguridad pública.

ALBA ESPEJEL

EL SOL DE PUEBLA

 

 

 

 

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al Gobierno de la Ciudad de Puebla la suspensión provisional que impide al Gobierno del Estado tomar el control de la policía municipal. No obstante, también pidió a la administración encabezada por el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, argumentar por qué quiere asumir el control de la seguridad.

Este 24 de marzo, el pleno publicó su lista de notificaciones y de acciones de inconstitucionalidad, en donde respondieron al municipio de Puebla lo siguiente: “Se habilitan los días que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído. Se niega la suspensión solicitada por el municipio de Puebla, Puebla”.

 
 

Aunque el tribunal de última instancia negó la suspención provisional, dio a entender que seguirá el juicio, ya que pidió a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Puebla, un expediente para dar contestación a la demanda que interpuso la capital poblana. Dicha contestación debe presentarse en un plazo de 30 días.

“Se requiere a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de Puebla, respectivamente, para que, al dar contestación a la demanda, envíen a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada que comprende lo relativo a la iniciativa”, se puede leer.

Fue el 22 de marzo que la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, anunció que llevaría ante la SCJN una demanda de controversia constitucional, con el objetivo de que el máximo tribunal del país definiera si el Gobierno del Estado tenía facultades para remover y nombrar a la titular de la policia muncipal. Un día despúes, el organismo registró la solicitud con el número 46/2020 a petición de la Sindicatura Municipal de Puebla.

En el documento solicitaron a la Suprema Corte declarar inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia y también pidieron la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la policía municipal.

Lo anterior se originó luego de que Luis Miguel Barbosa Huerta, quisiera destituir a Lourdes Rosales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en su lugar designar a Carla Morales Aguilar.

Fuente: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/pide-scjn-a-gobierno-de-barbosa-justificar-la-toma-de-la-seguridad-en-puebla-capital-lourdes-rosales-martinez-claudia-rivera-vivanco-ayuntamiento-de-puebla-inseguridad-5013355.html

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

SCJN acepta controversia constitucional
e inicia revisión de las facultades del gobernador
en materia de seguridad
 
Ante la demanda de controversia constitucional –con base en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- presentada por el Ayuntamiento de Puebla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se informa que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no se pronunció por remover a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así mismo, tampoco ordenó a la administración local nombrar como secretaria de Seguridad Ciudadana a la persona designada por el gobernador del estado de Puebla. 
 
Aun cuando la Corte decidió no suspender el acuerdo en donde se faculta al gobernador para designar a una nueva delegada de la seguridad del municipio poblano en sustitución de su actual titular, el cauce legal de dicho recurso constitucional sigue en análisis y no es determinante, como ya lo han manejado algunas versiones periodísticas
 
Así, el Poder Ejecutivo y el Legislativo darán contestación en un plazo no mayor a 30 días sobre dicha controversia.
 
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